La administración concursal de Urbas concluye que el grupo ya estaba en situación de insolvencia en 2021

Urbas fue declarada en concurso el pasado mes de enero y recientemente ha presentado una propuesta de convenio a los acreedores.

Sede de Urbas

Sede de Urbas

La administración concursal designada por el juez en Urbas concluye que la inmobiliaria y constructora con sede en Madrid, declarada en concurso de acreedores el pasado mes de enero, ya se encontraba en situación de insolvencia en el año 2021.

Los despachos Auren y Kepler Karst, designados como administración concursal de Urbas por el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, ha presentado su informe sobre la situación del grupo presidido por Juan Antonio Acedo, en el que lamenta la falta de colaboración mostrada por la empresa y en el que descarta que la situación de insolvencia se deba a la ejecución de garantías realizada por el fondo Roundshield Partners (RS Lender).

Además, la administración concursal asegura haber constatado «múltiples irregularidades» en la ampliación de capital aporbada por Junta General de Accionistas de Urbas en agosto de 2021.

En el informe, la administración concursal advierte que al cierre de 2021 Urbas afrontaba un volumen vencido de obligaciones cercano a los 56 millones de euros, deuda comercial impagada y falta de recursos para atender las obligaciones exigibles.

El grupo Urbas, compuesto por 114 sociedades, está enfrentado con la administración concursal y con su auditor

La administración concursal nombrada por el juez Andrés Sánchez Magro en Urbas advierte que la declaración de concurso, el pasado mes de enero, no responde a un repentino problema financiero y de liquidez, sino que ya había antecedentes en 2021 sobre la verdadera situación del grupo.

Además llama la atención sobre las irregularidades, dice, detectadas en la ampliación de capital para compensación de créditos llevada a cabo por Urbas en agosto de 2021, apuntando a acciones que debían haber sido suscritas por acreedores fueron en realidad asignadas a una sociedad vinculada con la propia compañía.

El grupo inmobiliario y de construcción, considera la administración concursal, pudo prolongar la actividad mediante sucesivas operaciones de refinanciación y reestructuración, a pesar de que los riesgos vinculados a la solvencia y liquidez permanecerion presentes durante los siguientes ejercicios.

Urbas, RS Lender

El grupo Urbas ha atribuido la sitación concursal en la que se encuentra al conflicto que mantiene con el fondo RS Lender, con el que acordó financiación en el año 2020.

La compañía no pudo afrontar el vencimiento de los préstamos concedidos, el fondo ejecutó garantías y el grupo solicitó declaración de concurso.

La compañía presidida por Juan Antonio Acedo denunció que el fondo habría atribuido un valor de cero euros a determinados activos, apropiados en el marco de ejecución de una prenda sobre participaciones sociales.

Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.
Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.

En diciembre de 2025, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, número 41, Juan Carlos Peinado, admitió querella presentada por Urbas contra el fondo RS Lender, por presunto delito de estafa procesal.

La querella presentada por Urbas contra el fondo RS Lender y la incidencia que ha tenido la misma en el proceso concursal de Urbas ha llegado a propiciar un enfrentamiento entre el juez Peinado y el juez Sánchez Magro.

El fondo llegó a presentar querella contra Peinado, ya jubilado, por presunta prevaricación, no admitida por la Audiencia Provincial de Madrid.

En su informe sobre la situación de Urbas, la administración concursal señala que el grupo español era insolvente y que por eso no pudo pagar a RS Lender su financiación a vencimiento, y así el fondo ejecutó garantías.

La situación de insolvencia de Urbas, incide la administración concursal, no puede atribuirse al conflicto con RS Lender.

Con anterioridad a la ejecución de las garantías, advierte, ya concurrían factores estructurales como la concentración de 480 millones de euros de activo en sociedades vinculadas, o deterioros por importe superior a los 175 millones.

Urbas, falta de colaboración

En su informe presentado ante el Juzgado Mercantil número dos de Madrid la administración concursal lamenta la falta de colaboración que, prácticamente desde el comienzo del proceso, ha mostrado Urbas.

La compañía se comprometió a enviar a la administración concursal toda la documentación solicitada, pero esta comenta que no puede decirse que la empresa haya cumplido con su deber de colaboración.

Parte de los requerimientos de información no han sido atendidos, llegando la compañía a poner en duda la procedencia de algunos de ellos, señala. La administración concursal asegura que ha sido imposible reunirse con los miembros de la comisión de auditoría, y que la falta de colaboración ha sido continuada.

También se refieren a la complejidad de la estructura societaria y financiera de Urbas, grupo compuesto de 114 sociedades, en las que Urbas Grupo Financiero tiene una participación directa en 34 e indirecta en otras 80, y con presencia, además de en España, en Colombia, Marruecos, Portugal, Argelia y Arabia Saudí.

Propuesta de convenio sin cuentas auditadas

Urbas ha presentado recientemente una propuesta de convenio que, asegura, cuenta con el respaldo del suficiente número de acreedores y deuda como para dejar atrás la situación concursal en la que se encuentra.

Sin embargo, el grupo afronta la posición de la administración concursal, que concluye que el grupo ya era insolvente en 2021, y apunta en su informe a numerosas operaciones entre empresas vinculadas, así como la del auditor de sus cuentas, que ha denegado dar una opinión sobre las del ejercicio 2024.

Urbas, que lleva más de un año con la cotización suspendida en Bolsa y que no ha presentado las cuentas de 2025, publicó el miércoles por la tarde en CNMV su informe financiero de 2024.

En el mismo, como ha publicado este diario, la firma auditora asegura que la compañía no ha puesto a su disposición la información requerida para poder firmar las cuentas.

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