Actualizado
Comentarios
El Cádiz CF pone precio a su filial inmobiliaria: 7,6 millones
El consejo convoca una junta para el 20 de noviembre con el fin de traspasar Sport City, que controla el 76,9% de los votos de la cotizada estadounidense Nomadar, a los socios
Proyección del futuro Sportech City, la ciudad deportiva del Cádiz CF. Imagen: Cádiz CF
Comentarios
El consejo de administración del Cádiz Club de Fútbol ha activado la fase definitiva para desligar su negocio inmobiliario y tecnológico del riesgo estrictamente deportivo.
La dirección ha convocado a sus accionistas a una junta general para el próximo 20 de noviembre con el objetivo de aprobar la escisión parcial financiera inversa de su filial inmobiliaria Sport City Cádiz (SCC). Según recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la operación se ha cuantificado en 7,6 millones de euros, importe equivalente al valor contable de la filial en los libros del club a 30 de junio.
La maniobra se ha diseñado sin reducir el capital social de la entidad deportiva, cargando la totalidad de esa cuantía contra las reservas de libre disposición del Cádiz CF. Mediante este mecanismo, el club entregará el 100% de la propiedad de Sport City directamente a sus socios actuales en proporción exacta a su peso accionarial.
Para evitar compensaciones en metálico, ambas empresas han igualado previamente su número de títulos en 8,2 millones, cifra que alcanzará el club tras consolidar la ampliación de capital de 6,6 millones de euros iniciada este verano. Así, el canje será de uno a uno: por cada acción del club, el socio recibirá una participación de la promotora.
Tras esta arquitectura mercantil subyace el verdadero interés empresarial de la nueva cúpula encabezada por el mexicano Karl Christian Septien, quien asumió la presidencia en julio tras la dimisión de Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente Rafael Contreras.
Septien desembarcó en el entorno cadista en marzo, inyectando 4,7 millones de euros directamente en Nomadar, la filial tecnológica y de eventos que cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos y que impulsa el complejo proyectado en los antiguos terrenos de Delphi, en Puerto Real (rebautizado como JP Financial Arena).
Consecuencias para el Cádiz CF
El punto clave de la operación radica en que Sport City Cádiz atesora en su balance las acciones de Clase B de Nomadar, unos títulos privilegiados que concentran el 76,9% de los derechos de voto en el parqué estadounidense. Al sacar a Sport City del perímetro del club y repartirla entre los socios, el Cádiz CF pierde el mando político sobre la cotizada norteamericana y sobre los terrenos, que pasan a manos directas de los accionistas principales.
Además, según denuncian colectivos de minoritarios y las peñas tras analizar el proyecto de escisión, el club se queda como mero acreedor externo de los 8,7 millones de euros que prestó previamente a Sport City (en gran parte procedentes del Plan Impulso de CVC), perdiendo el control del consejo que debe decidir cómo devolver ese dinero y reduciendo su patrimonio neto hasta dejarlo a apenas 77.521 euros de la causa legal de disolución.
Como defendió Contreras en agosto, el objetivo oficial «es un cambio organizativo de la propiedad» concebido «para acudir a los mercados financieros» sin las ataduras del fútbol profesional ni el desgaste de competir en Segunda División.
Otras propuestas
El blindaje de la directiva se completa en otro de los puntos del orden del día. El consejo ha propuesto anular el aumento de capital aprobado el pasado 8 de mayo, de 7,2 millones de euros, y ha solicitado a la junta una delegación para acordar nuevas ampliaciones dinerarias durante 5 años y hasta la mitad del capital social actual.
Esta llave maestra permitirá a los administradores emitir acciones a discreción hasta 2031 sin someterse al bloqueo de futuras asambleas.
Por último, la convocatoria, que también ratificará la entrada por cooptación de Septien y de la propia Nomadar en el consejo cadista, incluye una advertencia contra las filtraciones o impugnaciones judiciales: el club ha fijado una cláusula penal que presume el daño por el uso impropio o perjudicial de la documentación contable previa a la junta, con multas de 500 euros por acción, desde un mínimo de 3.000 euros hasta un tope de 150.000 euros.
