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Antoni Abad, presidente de Cecot, se enfrenta a una denuncia por cinco delitos, mientras que Miquel Àngel Fraile está imputado por la quiebra de la CCC

Barcelona, 22 de noviembre de 2017 (17:00 CET)

Antoni Abad es el segundo líder patronal catalán cuya gestión está siendo objeto de investigación por parte de la justicia. Tras recibir dos denuncias, fue imputado por cinco presuntos delitos relacionados con la gestión de su grupo de escuelas. Esta es la principal diferencia con Miquel Àngel Fraile, secretario general de la Confederació de Comerç de Cataluña (CCC), que está siendo investigado por la quiebra de la patronal. Ambos si situaron en la órbita nacionalista.

Abad fue imputado junto con su hermano Josep tras dos denuncias de su ex socio Xavier Chalé. Las denuncias, a las que ha tenido acceso Economía Digital, les atribuyen cinco delitos: falsedad en documento mercantil, administración desleal, delito societario, posible delito contra la hacienda pública y estafa procesal. Todos estos delitos se habrían cometido, presuntamente, con la gestión del grupo Montcau y en relación a un litigio laboral anterior con el propio Chalé.

El litigio arrancó en septiembre de 2016, cuando, tras un desacuerdo sobre la propiedad de algunas empresas del grupo, los Abad despidieron a Chalé. Éste era, y en realidad sigue siendo –según reivindica en la denuncia– socio de Abach Management SL, la empresa a través de la cual controlaban el grupo, con el 33%. Josep Abad tiene otro 33% mientras que el presidente de Cecot ostenta el 34%.

Antoni Abad y Miquel Àngel Fraile tendrán que pisar los juzgados por su gestión empresarial o patronal

Después del despido, empezaron las denuncias. Chalé denunció despido improcedente y ganó, aunque la sentencia está recurrida. Los Abad, por su parte, denunciaron a Chalé, al que reclamaban 530.000 euros por mala gestión. Y finalmente, el ex socio de Antoni y Josep Abad presentó en junio las últimas dos denuncias, que fueron admitidas a trámite en septiembre.

La más importante de las denuncias gira entorno a lo que Chalé considera un “ilícito circuito financiero intragrupo, caracterizado por la emisión de facturas entre empresas para distribuir o repartir falsamente IVA e impuesto de sociedades”. Según la denuncia, Abach Management hacía facturas por “prestaciones de servicios inexistentes” a las empresas propietarias de los colegios. El objetivo de esta trama era doble: pagar menos impuestos y desviar dinero a las empresas de los Abad.

El dinero salía presuntamente del cobro a los padres de los alumnos de las escuelas. Bajo el epígrafe de “prestación de servicios”, se les habría cobrado cantidades sin especificar en qué se gastaban y que, según la ley, solo están permitidas como aportación voluntaria. Según la denuncia, nunca se dijo a los padres que se trataba de un pago voluntario.

Antoni Abad se enfrenta a cinco delitos por la gestión de su grupo de escuelas concertadas

Esta causa fue admitida a trámite pero el juzgado de Terrassa la envió a los juzgados de Barcelona, ya que una de las escuelas afectadas se encuentra en la capital catalana. Ahora está pendiente de que se asigne el nuevo juez de instrucción que siga con la causa,  aunque la fiscalía ya lo está investigando.

El grupo Montcau tiene su origen en Matadepera (Barcelona) y cuenta con varias escuelas de todos los niveles educativos, incluyendo guarderías. Los principales centros son la escuela Montcau-La Mola en Matadepera y los centros Esart, en Sant Cugat del Vallès y Barcelona. Xavier Chalé fue gerente desde 2005 hasta su despido, en 2016, mientras que los Abad eran y son socios y administradores.

El caso Fraile y las similitudes políticas

En el caso de Fraile, fue secretario general de la mayor patronal catalana de comercio durante más de 30 años y, tras ser despedido, se descubrió que había dejado un agujero millonario. La CCC presentó concurso de liquidación, que se cerró con unos seis millones de deuda y que está pendiente de ser declarado culpable.

Además, varios centros de formación denunciaron a Fraile por la desaparición de 1,3 millones que la Confederació les retenía como concepto de garantía. Por ello está imputado por apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil.

Abad siempre ha sido muy cercano a la antigua Convergència, y llegó a ir en sus listas del Congreso de 2004. Además, sonó en más de una ocasión como posible consejero de empresa. Por lo que respecta a Fraile, también era cercano al partido fundado por Jordi Pujol, y tejió la patronal alrededor del dinero público para formación y para el fomento del comercio local, defendiendo siempre el modelo de comercio que predicaba el Govern.

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