Barcelona impondrá su calendario de pago a los proveedores

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El Ayuntamiento rescindirá los contratos de las empresas que no paguen a tiempo a sus subcontratas

08 de noviembre de 2013 (21:24 CET)

Barcelona comenzará a imponer su calendario de pagos a todas las empresas contratadas por el Ayuntamiento. Una delegación del gobierno local aterrizó esta semana en Madrid para reivindicar que es la administración que mejor paga en España.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Recasens, explicó que a partir del primer trimestre de 2014 el gobierno local comenzará a aplicar un régimen para controlar el pago que sus proveedores hacen a las empresas que subcontratan. “Habrá un sistema en el que se podrá ver cuándo un proveedor cobra y una subcontrata podrá denunciar si no recibe el pago en el mismo plazo en que el ayuntamiento lo ha hecho efectivo”, explica Recasens.

De 60 a 27 días

El equipo de gobierno asegura que, cuando asumió el mando de la ciudad hace dos años, el tiempo promedio de pago eran 60 días. Eso sin contar con las “trampas contables” que –según Recasens-- hacía el equipo anterior.

“Los 60 días se contaban desde la aprobación de la factura y no desde que ingresaba a la ventanilla del ayuntamiento como hacemos ahora. Además, se hacía la estadística por cantidades. Entonces se puede rebajar muy fácil el promedio pagando una factura muy grande a tiempo”, comenta la segunda teniente de alcalde.

El Ayuntamiento asegura que ahora el tiempo de pago es de 27 días, por debajo de los 30 días que se ha fijado como tope, un límite que también exige Bruselas.

Rescisión de contrato


El gobierno local comenzará a exigir por escrito a todos sus contratados que deben pagar a sus subcontratas en el mismo tiempo que ellos reciben el pago. Ni un día más. De no cumplir con esta obligación, el equipo que dirige Xavier Trias rescindirá los contratos.

El gobierno local ultima el método de sanción para cada proveedor. No todos tienen las mismas características por lo que el equipo intentará no generar costes ni perjuicios adicionales a la administración.
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