Imagen de archivo de varios centenares de vehículos VTC. EFE/Marta Pérez

Cabify y Uber: cuenta atrás para frenar las últimas leyes anti-VTC

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Distintas normativas que tenían como objetivo limitar la actividad y el negocio de las VTC están pendientes de los tribunales

Madrid, 27 de enero de 2020 (04:55 CET)

País Vasco, Galicia, IbizaAragón y la Comunidad Valencia son algunas de las regiones de España que se han mirado en Cataluña para afrontar el conflicto entre el taxi y la VTC de la misma forma: limitando al segundo para contentar al primero. Pero en el sector de las VTC, las autorizaciones que utilizan los vehículos de Uber y Cabify, tienen marcado en rojo todo el calendario de 2020.

En las compañías y la patronal del sector consideran que para este año esperan que las diferentes medidas judicializadas se vayan resolviendo. La regulación contra los coches de las aplicaciones de movilidad se ha desarrollado en distintos niveles de la administración: primero desde los gobiernos autonómicos, que han desarrollado unas medidas para frenar a los VTC, y más tarde desde los ayuntamientos o entes metropolitanos, que han añadido otras restricciones complementarias.

Lo que esperan en el sector VTC es que se vayan dictando sentencias en la línea de lo sucedido en Cataluña, donde la precontratación de 45 minutos adicionales impuesta por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que se añadía a los 15 minutos ya fijados por la Generalitat, fue paralizada de manera cautelar el pasado verano. También vencieron en el País Vasco, donde se suspendió de forma cautelar la obligación de contratar los servicios de vehículos con conductor con una antelación mínima.

No obstante, el futuro es incierto porque hay sentencias contradictorias. A la sentencia del AMB favorable a las VTC le siguió otra contraria. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCAM) rechazaba la solicitud de la patronal de los vehículos de alquiler con conductor, Unauto, de establecer medidas cautelares a la ordenanza municipal del taxi que ha elaborado el Ayuntamiento de Elche, que establecía una hora de precontratación para los servicios con este tipo de operadores. La decisión está recurrida y pendiente de resolución final.

Barrera temporal contra Uber y Cabify

La barrera temporal ha sido el arma utilizada por otras administraciones de España contra las VTC en favor del taxi. Al igual que el Govern de Cataluña, la Generalitat Valenciana, Galicia y Aragón impusieron 15 minutos de precontratación, mientras que el País Vasco dobló su apuesta hasta los 30 minutos. 

En algunos territorios la medida ha sido correctora y en otras previsora. Este último caso es el de Ibiza, donde las VTC que operan se dedican todavía al negocio tradicional (hoteles, bodas, funerarias...), pero ya se ha impuesto una barrera temporal por si Uber y Cabify quisieran entrar a operar. 

La barrera temporal a las VTC se ha impuesto de manera previsora en algunos territorios, por si Uber y Cabify quieren entrar a operar

Se trata de zonas de España en las que los vehículos de transporte con conductor y el negocio de Uber y Cabify no tienen tanta actividad como otros mercados de ámbito nacional, como Madrid o Andalucía.

A modo de comparación: ni siquiera sumando las VTC habilitadas en Galicia (333), Aragón (179) y País Vasco (172) se consigue una cifra aproximada a la registrada en la capital de España, donde el número de VTC se cifra ya en 8.312, casi la mitad de las que hay en toda la geografía nacional, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Fomento.

Las medidas de las administraciones anti-VTC no han estado enfocadas solo al tiempo de precontratación. También han estado acompañadas de otras iniciativas de la misma intención, como la prohibición de usar la geolocalización. Aunque los legisladores han vestido estas medidas como iniciativas correctoras para la competencia de ambos sectores, para Uber y Cabify han sido negativas para el negocio.

La multinacional californiana, actualmente la más extendida en todo el mundo, ha abandonado la Comunidad Valenciana y Cataluña, mientras que la compañía española, pese a volver a la ciudad de Barcelona y continuar en Valencia, denunció en los juzgados cómo la nueva regulación lastraba sus ingresos y su capacidad para captar clientes, tal como adelantó este medio.

Este año será el turno de los jueces, que deberán decidir qué criterio siguen. No se han pronunciado todavía en muchas regiones. Ni siquiera lo han hecho del todo en Cataluña, donde Cabify también quiere tumbar el resto de puntos del reglamento que impulsó el AMB y que no afectan a la barrera temporal. 

El 'decreto Ábalos' sigue en el punto de mira

Todas las normativas mencionadas beben del real decreto que el Gobierno de España llevó a cabo en 2018, cuando el entonces ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, afrontó la primera crisis del taxi, que se movilizó por todas las ciudades de  España.

¿Qué establecía? Se cedían las competencias para legislar a las comunidades autónomas, como se ha podido comprobar durante los años posteriores, y se establecía una moratoria de cuatro años para la VTC que nunca fue definida. Este punto es todavía más importante para el sector, porque entiende que puede implicar una "expropiación encubierta". 

Ese real decreto siempre fue duramente criticado desde organismos independientes. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) salió al paso a principios del pasado año para señalar los peligros de regular las autorizaciones VTC  bajo el marco normativo que estableció el Gobierno.

Su conclusión era clara: el real decreto que articuló el ministro socialista para calmar los ánimos de los taxistas, que habían bloqueado las principales ciudades de España durante el verano, limitaba a los coches de Uber y Cabify de manera injustificada.

Ese real decreto ley fue aprobado en el Congreso de los Diputados, tras días de duras reuniones con las partes implicadas, y en el sector VTC defienden que puede ser tumbado. 

La dificultad sigue estando en el camino para llegar a ello. Al haberse aprobado la normativa madre a través de la figura del decreto ley, se ha convertido en una norma con rango de ley, lo que se traduce en que la posibilidad de impugnación solo cabe ante el Tribunal Constitucional, donde la puerta de entrada es más difícil de abrir. Algunas de las opciones complicadas de conseguir para solicitar un recurso de amparo: el apoyo de 50 diputados del Congreso o el del Defensor del Pueblo.

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