El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, en la inauguración del matadero de Incarlopsa.
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El sindicato insta el “cese fulminante” del director manchego de salud pública de tras la sentencia que culpa al gobierno de encubrir irregularidades

Madrid, 20 de marzo de 2018 (04:55 CET)

El sindicato Comisiones Obreras ha pedido este lunes al gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) el cese fulminante del director de Salud Pública de Castilla La Mancha, Manuel Tordera.

La petición se produce tras la sentencia judicial, desvelada en exclusiva por Economía Digital, que acredita que el gobierno manchego cometió “arbitrariedades manifiestas” por perseguir y sancionar a los inspectores que denunciaron maltrato animal en el matadero de Incarlopsa, uno de los mayores proveedores de Mercadona.

El sindicato acusa al director de Salud Pública de Castilla La Mancha de obedecer al proveedor de Mercadona, que exigió el despido de los inspectores que habían denunciado que el matadero sacrificaba a los cerdos sin sedarlos por completo, tal como exige la ley. Las prisas por una producción rápida produjeron sufrimiento innecesario a los cerdos que eran sacrificados con consciencia, tal como acredita la sentencia.

Cómplices del maltrato

En lugar de sancionar a la empresa Incarlopsa por las irregularidades, el gobierno manchego decidió apartar y sancionar a los inspectores que las denunciaban. La sentencia acredita que el ejecutivo regional trabajó “al dictado” de la empresa que inspeccionaba.

El proveedor de Mercadona mantiene una estrecha relación con el gobierno de Castilla La Mancha. Incarlopsa donó 400.000 euros entre 2016 y 2017 al ejecutivo autonómico a través de la fundación Impulsa y García-Page ha puesto como ejemplo a los fundadores de Incarlopsa como ejemplo de empresarios modélicos. 

El gobierno de Castilla La Mancha no se ha querido pronunciar acerca de la sentencia judicial que acredita complicidad de la administración con la empresa que incurrió en maltrato animal entre 2012 y 2017. 

Incarlopsa se negó a reducir la producción para garantizar el bienestar tal como habían exigido los inspectores en reiteradas ocasiones. La empresa, que se declaró en rebeldía contra las actas de los veterinarios oficiales, nunca fue sancionada.

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