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La Generalitat regulariza un vertedero salino de Iberpotash pese a que un informe de los Mossos d’Esquadra advierte que sigue contaminando las aguas

Iberpotash, filial del grupo israelí ICL, explota las minas de Sallent y Súria. En la imagen, el proceso de carga de potasa en las instalaciones de Súria.

Barcelona, 31 de agosto de 2017 (20:31 CET)

La Comisión Europea (CE) exige al gobierno español que recupere 5,8 millones de euros en ayudas públicas concedidas a Iberpotash. Esta empresa minera, filial del grupo israelí ICL, explota las minas de potasa de Sallent y Súria (Barcelona).

En un informe que se ha hecho público este jueves, la CE considera que Iberpotash se ha beneficiado de “ventajas competitivas indebidas”. Concretamente, la Generalitat corrió con gastos de infraestructuras mineras que correspondían a la empresa y le rebajó el importe de las garantías medioambientales. Pese a que fue el gobierno catalán el que hizo la vista gorda con las ayudas públicas, corresponde el gobierno español reclamar a Iberpotash que las devuelve por tratarse de una resolución de la Comisión Europea.

En declaraciones a Economía Digital, el abogado especializado en derecho de la competencia Stefan Rating precisa que no se trata de una multa, sino de la devolución de unos beneficios que Iberpotash ha recibido de manera indebida. Rating trabajó durante catorce años como alto funcionario la Dirección General de la Competencia y fue portavoz del comisario del ramo Karel Van Miert (1993-1999).

La Generalitat corre con los gastos

La CE ha dado un palo a Iberpotash por dos motivos. El primero, porque la Agencia Catalana del Agua (ACA) sufragó los 7,9 millones de euros del cubrimiento del vertedero salino de Vilafruns, en Súria, sin que la empresa se hiciera cargo como mínimo del 50% del coste de la obra como exige la normativa europea. En segundo lugar, la Generalitat le exigió garantías medioambientales por importes inferiores a lo que correspondía. La CE entiende que Iberpotash ha disfrutado de ventajas competitivas indebidas respecto a otras compañías mineras rivales.

Pese a exigir la devolución de cerca de seis millones de euros, Rating subraya que la CE ha sido benévola con la empresa minera. No le reclama ningún importe por el colector de salmueras ni por las dos plantas desalinizadoras en el río Llobregat que también fueron financiadas por la Generalitat. Fuentes de las entidades vecinales afectadas por la actividad minera indican que el importe a devolver podía haber superado los 45 millones de euros.

La CE ha pronunciado sobre las ayudas públicas concedidas a Iberpotash, pero todavía tiene pendiente otro dictamen sobre las afectaciones medioambientales que provoca su actividad minera. Se espera que lo haga público este otoño.

Los Mossos advierten de la salinidad del agua

En un informe fechado el 14 de junio pasado, agentes del Área Central de Medio Ambiente (ACME) de los Mossos d’Esquadra advierten que el vertedero salino del Cogulló, en Sallent, sigue contaminando las aguas que acaban en el Llobregat.

Los agentes realizaron un trabajo de campo en el que descubrieron altos índices de salinidad en los torrentes y riachuelos del entorno del vertedero del Cogulló cuyas aguas van a parar al Llobregat. Este informe se realizó a instancias del Juzgado Penal número dos de Manresa.

Bruselas exige a España que obligue a Iberpotash a devolver ayudas que le dio la Generalitat

Pese al informe de los Mossos d’Esquadra, la Generalitat acaba de regularizar el vertedero del Cogulló. El Diario Oficial de la Generalitat publicaba este lunes la declaración de impacto ambiental de este vertedero salino desde el año 1988. La fecha es correcta. Los tribunales anularon hace dos años la declaración de impacto ambiental que debía amparar los vertidos realizados en las últimas tres décadas.

Iberpotash estaba obligada a clausurar la escombrera del Cogulló el pasado 30 de junio. Así lo establecía una sentencia judicial. Sin embargo, un juez del TSJC les concedió una nueva prórroga por un máximo de dos años. Una semana antes, todos los grupos políticos del parlamento catalán, con la única excepción de la CUP, se pronunciaron a favor de esta moratoria.

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