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El juez acepta la moratoria de dos años que pide Iberpotash para que pueda continuar vertiendo residuos salinos en el Cogulló (Barcelona)

Economía Digital

Iberpotash, filial del grupo israelí ICL, explota las minas de Sallent y Súria. En la imagen, el proceso de carga de potasa en las instalaciones de Súria.

Barcelona, 30 de junio de 2017 (17:59 CET)

La sentencia era clara. La compañía minera Iberpotash, del grupo israelí ICL, estaba obligada a clausurar la escombrera salina del Cogulló (Barcelona) este viernes 30 de junio. Sin embargo, el juez les ha concedido una nueva prórroga por un máximo de dos años.

El juez Manuel Taboas, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), convocó este jueves a las partes en conflicto y, un día después, ha autorizado una moratoria para el cierre del vertedero salino. El plazo es por un año, prorrogable por otro año si la empresa minera cumple con los compromisos alcanzados.

En el auto judicial del TSJC se señala que la Comisión de Urbanismo de la Generalitat deberá aprobar ahora las condiciones para amparar la moratoria. Se ha aceptado el aval de 3,9 millones de euros ofrecido por Iberpotash. El importe corresponde a lo que costaría extraer la sal que la empresa calcula que verterá en la escombrera durante esta moratoria.

Recortar una montaña de residuos

La empresa deberá ejecutar un programa de actuaciones en la montaña de residuos que, entre otras medidas, contempla reducir la cota de 538 metros de altura establecida inicialmente a 515 metros.

Hace cuatro años, este mismo tribunal emplazó a la Generalitat y a Iberpotash a fijar una fecha para el cierre del Cogulló. Entonces acordaron que sería este 30 junio. No obstante, la empresa presentó hace unos días un incidente de ejecución de sentencia. Argumentó que necesita dos años más para acabar las infraestructuras mineras de Súria que le permitirán trasladar allá la actividad que ahora realizan en Sallent y, por tanto, cerrar la escombrera.

El parlamento catalán salió en auxilio de Iberpotash. Todos los grupos políticos, con la única excepción de la CUP, se posicionó a favor de la moratoria. El Ayuntamiento de Sallent también defendió esta posición. En cambio, una de sus asociaciones de vecinos ha exigido el cumplimiento de la sentencia hasta el último momento.

 

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