Dos de cada 10 empresas, al borde de la quiebra por la morosidad pública

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El ‘plan Montoro’ para poner al día los pagos de las administraciones apenas alivia la situación

Montoro lleva los presupuestos al Congreso

11 de noviembre de 2012 (18:37 CET)

El 19% de las empresas españolas sufre serios problemas de mora con las administraciones. Prácticamente una de cada dos compañías tolera impagos públicos que afectan a más del 10% de la facturación anual, límite que los expertos en morosidad describen como el punto sin retorno hacia la quiebra. “Estos porcentajes se comen los márgenes”, explican desde Crédito y Caución. En términos generales, la morosidad en España ha subido siete puntos respecto a septiembre de 2011, según datos a los que ha tenido acceso Economía Digital, y ya afecta al 34% de las transacciones.

Los últimos registros evidencian para los especialistas el fracaso de dos grandes acciones. Por un lado, la corrección de competividad realizada contra empleo, es decir reducir costos con despidos, y por el otro, el fiasco del plan Montoro para poner al día a las administraciones, particularmente ayuntamientos, con sus proveedores. El ámbito privado ha reaccionado huyendo de cualquier contrato que provenga de la esfera pública, no sólo de las instituciones, sino de las empresas y organismos dependientes. La Federación de Municipios admite que hay ciudades con dificultades para encontrar nuevos concesionarios o proveedores.

La ley contra la morosidad, pincha

El quinto año de crisis de la economía española ha fulminado la resistencia de la mayor parte de las empresas, que ya están sometidas a un desgaste considerable. La evolución entre 2011 y 2012 marcará otro récord en la mora, después de que el año pasado bajara prácticamente el 62%. También es cierto que en 2010 se alcanzó la cúspide de los registros históricos. La evolución desde 2009 marcó un insólito incremento del 172%. La travesía del desierto, que dura ya un lustro, amenaza particularmente a las PYMES, según las patronales CEOE y PYMEC. Además, no se tocará techo hasta 2013, según vaticinan los morosólogos.

Los préstamos facilitados por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, a los ayuntamientos y diputaciones para pagar facturas no han llegado hasta la capa empresarial habitada por autónomos y pequeñas y medianas firmas. La mayoría de los fondos han ido a parar a las grandes concesionarias a las que se les debía hasta 4.000 millones de euros. La ley de morosidad ha mostrado, según estos datos, la incapacidad del sistema para corregir la situación. Curiosamente, desde que entró en vigor, las cotas de impagos no han hecho más que crecer. La situación es tan retorcida, según los afectados, que los principales incumplidores del texto son aquellos que lo promovieron.
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