El Govern mantendrá viva la guerra entre patronales

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El conseller Felip Puig recurrirá la resolución del TSJC en la que se reconoce los derechos de representación a Fepime, adscrita a Foment

Josep González, a la derecha, y Joaquim Gay de Montellà, a su lado, con Artur Mas y los líderes sindicales catalanes / EFE

Barcelona, 08 de enero de 2016 (13:46 CET)

El Govern no sabe cómo solucionar la guerra abierta sobre los derechos de representatividad de las patronales catalanas. En un momento en el que ya se encuentra de salida, aunque "hay una febril actividad en el día a día", según el departamento de Empresa i Ocupació, el Ejecutivo catalán ha decidido recurrir la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la que se admite, de nuevo, a Fepime sus derechos de representación.

La solución, sin embargo, va para largo. La sala de lo contencioso administrativo del TSJC ha decidido "suspender cautelarmente la ejecutividad de las resoluciones del conseller de Empresa i Ocupació". Lo que hizo Felip Puig es fimar una resolución en la que se apartó a Fepime, adscrita a Foment del Treball, como patronal con derecho a representación.


Presente en todos los organismos sociales

En el lapso en el que el Govern presente ese recurso, y hasta que exista una sentencia firme, Fepime podrá estar en los diferentes organismos de representación, como el SOC, o el Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC). Así lo entiende Foment. "Fepime recupera sus derechos, lo que demuestra que el Ejecutivo catalán no ha estado muy afortunado en todo este asunto", aseguran fuentes de la patronal, que preside Joaquim Gay de Montellà.

Eso quiere decir que se recupera los porcentajes de representatividad, del 60% para Foment, del 25% para Pimec, y del 15% para Fepime. Para Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa, que preside Josep González, esa división no obedece a la realidad. El Govern propuso elaborar un censo de afiliación patronal, que no sabe cómo abordar.

Las mismas fuentes de Foment sostienen que el modelo correcto es el de Francia, que, tras una negociación entre las patronales, con consenso, se llegó a una acuerdo que posteriormente fue ratificado a través de la correspondiente legislación por parte del Gobierno francés.
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