José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona / REUTERS

Hacienda ya investiga a Acciona por su gestión en ATLL

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La Agencia Tributaria indaga si los contratos de la concesionaria de las aguas catalanas a dos filiales de Acciona son fraudulentos, como denuncia Antifraude

Barcelona, 11 de marzo de 2016 (01:00 CET)

Se multiplican las dudas sobre la gestión de ATLL, la concesionaria de las aguas catalanas, llevada a cabo por Acciona desde su privatización, a finales de 2012. Mientras la justicia decide si mantiene la concesión o la devuelve a la Generalitat de Catalunya, la Fiscalía de Barcelona investiga si los contratos a dos filiales de Acciona son fraudulentos, pero no es la única investigación en marcha. La Agencia Tributaria también examina dichos contratos, según ha adelantado TV3.

La Oficina Antifraude remitió en febrero un informe a Fiscalía en el que denunciaba contratos fraudulentos de ATLL a dos filiales de Acciona: Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua, por un valor total de 7,5 millones de euros. Los contratos podrían ser ilegales ya que, según el informe y el Govern, no obtuvieron la necesaria autorización administrativa, aunque Acciona negó este hecho.

Dudas en el Parlament

Este informe provocó que Fiscalía abriera una investigación contra estos contratos y que el Parlament aprobara una moción para aclarar las actividades de Acciona con la gestión de ATLL, que abastece de agua a 4,5 millones de habitantes de Barcelona y su área metropolitana.

El Govern aseguró que no había actuado porque la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no conocía los contratos. Después de las denuncias del sindicato CGT y de varias preguntas de la CUP en sede parlamentaria, el ejecutivo de Artur Mas encargó una auditoría, que en 2015 destapó los contratos. Fue entonces cuando el Govern lo denunció a la Agencia Tributaria.

Una privatización muy polémica

La privatización de Aigües Ter Llobregat arrancó ya con mal pie. El consorcio que perdió el concurso recurrió al órgano catalán encargado de vigilar los concursos, que observó irregularidades. Desde entonces, dicho consorcio, liderado por Agbar, y el consorcio ganador, liderado por Acciona y BTG Pactual –con el apoyo del Govern–, han mantenido una lucha en los tribunales, en la que se ha evidenciado que el concurso no se realizó correctamente.

Por ello, a mediados del año pasado, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó la nulidad de la adjudicación, que tampoco sería para Agbar: ATLL debía volver a manos públicas. El Govern recurrió al Tribunal Supremo (TS), que tendrá la última palabra y ya no habrá recurso posible.

A pesar de la incertidumbre sobre la gestión de la concesionaria, Acciona redobló su apuesta por ella al comprar la participación de BTG Pactual, quedándose como máximo accionista de ATLL con cerca del 80% de las acciones. La compañía que preside José Manuel Entrecanales aprovechó la necesidad de BTG de vender, acuciado por un caso de corrupción en Brasil, para hacerse con un paquete que el banco brasileño traspasó con unas pérdidas de 33 millones de euros.
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