La empresa 'fantasma' del aeropuerto de Ciudad Real no tiene ni para el aval

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Solo consigna como garantía dos tercios del 5% de la oferta. Deberá aportar los restantes 937.000 euros antes del 15 de agosto y asumir 100.000 euros de gastos mensuales del aeródromo a partir de mayo

Terminal del aeropuerto de Ciudad Real

Madrid, 22 de abril de 2016 (01:00 CET)

Carmelo Ordóñez, titular del juzgado de Primera Instancia 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, ha dictado un auto en el que justifica, como mal menor, su decisión de adjudicar el aeropuerto de Ciudad Real a CR International Airport por 56,2 millones de euros. La empresa, con un capital de 3.000, sin empleados y sin actividad, que tiene como socio único al procurador de un despacho de abogados de Madrid.

Y lo hace con algunas valoraciones un tanto optimistas, como que la venta se ha saldado con éxito o que la situación del concurso es, ahora, mucho mejor que hace unos días, por el aumento de la tesorería generado con esos 1,87 millones consignados en la caja del juzgado por la adjudicataria.

O flexibilidad en el pago o fin a la venta directa

El magistrado argumenta el supuesto éxito de la operación en que, de no haber admitido el pago parcial del aval solicitado, se hubiera puesto fin al proceso de venta directa, "con claro perjuicio para el concurso" al haberse tenido que abrir la venta a través de una empresa especializada, que hubiera aumentado los gastos y, lo que es peor, con "una probabilidad de éxito más bien inexistente a la vista de los antecedentes inmediatos y pretéritos que han rodeado el proceso de venta".

Justificaciones judiciales que, lejos de aclarar el futuro del aeropuerto manchego, lo siembra de mayores incertidumbres. Con una duda que surge de inmediato en relación a la capacidad económica de una empresa que, ni siquiera, ha podido aportar en su totalidad del aval solicitado.

Solo dos tercios del aval

Esos 1,87 millones, consignados en la caja del juzgado por Ciudad Real International Airport, representan dos tercios del 5% que el propio juez había solicitado al inicio de la apertura de esta nueva venta.

Para aportar los 937.000 euros del tercio restante, el magistrado no ha tenido inconveniente alguno en otorgar a la ganadora del aeropuerto un plazo de cuatro meses –hasta el próximo 15 de agosto–, en base a que, según el juez, existe un plan de campanillas que prevé realizar una inversión de casi 600 millones de euros y crear cerca de 8.000 empleos en los próximos diez años.

Gastos mensuales de 100.000 euros

Además de lo que resta del aval, la empresa 'tapadera' ganadora del concurso tendrá que empezar a abonar, a partir de mayo –cuando tome posesión provisional de las instalaciones–, unos costes mensuales de mantenimiento, seguridad, limpieza y personal del aeropuerto de unos 100.000 euros.

No obstante, el magistrado no las tiene todas consigo. Por ello, en el auto advierte a la empresa compradora de que perderá todo lo que hubiera entregado, caso de que no pague alguna de estas mensualidades o, como muy tarde el 15 de agosto, no aporta los 937.000 euros que restan del aval.

Pago del 80% en mayo de 2017

Otro plazo que llama la atención son los doce meses dados por el juez, hasta mayo de 2017, para que CR International Airport complete el pago de hasta el 80% de la oferta comprometida. De manera, que hasta esa fecha la adjudicataria no tendría que pagar los 42,15 millones restantes, hasta cubrir ese porcentaje. Quedarían por abonar los últimos 14 millones, en fecha a determinar por el juez en un auto.

Un calendario laxo de pagos que ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre la empresa adjudicataria. En el sentido de que, o bien actúan como mera 'tapadera' de alguna otra, o su intención quedaría restringida a realizar una mera operación especulativa de cara a vender el aeropuerto a un tercero en los próximos meses.

Posesión provisional el 1 de mayo

A partir del próximo 1 de mayo, cuando el juez haga entrega a CR International Airport de la posesión provisional de las instalaciones aeroportuarias, algunas de las dudas que se mantienen podrían empezar a aclararse.

Sobre todo si, como apunta el magistrado en su auto, se llevan a cabo obras de mejora y se inician los trámites de gestión de cara a rehabilitar la licencia de uso y explotación de la unidad aeroportuaria.

Si finalmente la operación se lleva a término, los acreedores verán defraudadas buena parte de las expectativas de recuperar lo invertido. La concursada CR Aeropuertos dejó colgados a más de 200 con una deuda cercana a los 350 millones de euros.

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