La fiscalía investigará el saqueo de la CCC

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El ministerio público abre diligencias de investigación por supuestas irregularidades con los fondos de formación

Xavier Alegret

Miquel Àngel Fraile, ex secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya, y Maria Rosa Eritja, presidenta de la organización, con Carles Puigdemont
Miquel Àngel Fraile, ex secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya, y Maria Rosa Eritja, presidenta de la organización, con Carles Puigdemont

Barcelona, 21 de enero de 2017 (06:00 CET)

Se cumplen seis meses desde que la cúpula de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) decidió su disolución y los responsables de su caída siguen mirándose el concurso de acreedores desde lejos. No hay denuncias, pero algo empieza a moverse a nivel legal. Eso sí, ha tenido que ser la Fiscalía Provincial de Barcelona la que, a instancias de la Generalitat, dé el primer paso.  

La fiscalía ha incoado diligencias de investigación sobre los posibles delitos cometidos por los gestores de la CCC con la gestión de los fondos para formación. Fuentes del ministerio público explicaron que, tras el estudio del caso, han decidido investigar. Las diligencias durarán seis meses, al final de los cuales el fiscal decidirá si hay indicios de delito e interpone una querella o denuncia o no lo hace. Las investigaciones son reservadas.  

Como explicó Economía Digital, el pasado 15 de diciembre la consejería de Trabajo de la Generalitat trasladó a la fiscalía que había tenido conocimiento de unas supuestas malas prácticas con el dinero para formación. En concreto, se trataba de los depósitos de garantía que el ex secretario general de la patronal de comerciantes, Miquel Àngel Fraile, exigía a los centros que cursaban la formación.  

Los fondos desaparecidos  

A priori, estos fondos, que variaban entre el 5% y el 25% del precio del curso, debían servir para cubrir imprevistos en el proceso de auditoría de los cursos y tenían que ser devueltos tras la aprobación total de las formaciones. No obstante, la CCC dejó a deber 1,3 millones a los centros por este concepto, con cursos desde 2004. Al presentar el concurso, los afectados han visto como este dinero ha desaparecido.  

A raíz de la crisis de la Confederació de Comerç, y especialmente tras constatar que el dinero había desaparecido, los centros de formación se movilizaron y denunciaron su situación ante las administraciones. En este proceso, se reunieron con el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta, quien, tras analizar los hechos, decidió ponerlos en conocimiento de la fiscalía.  

Un fraude piramidal

Los centros de formación son el colectivo más afectado por la quiebra de la CCC. Además de los 1,33 millones de los fondos de garantía, les debe unos 250.000 euros en cursos hechos y no pagados. En total, casi 1,6 millones de euros. Fraile controlaba estos recursos junto con su mujer, Rosa Serrano, que era la directora de formación de la extinta patronal de los comerciantes catalanes.  

El uso del dinero para formación es el principal foco de atención en el concurso de acreedores de la CCC. Tras analizar los libros de la patronal, el administrador concursal señaló en su informe que había indicios de delito con dichos fondos.  

El liquidador cree que la organización funcionaba como una estructura piramidal: el dinero captado con los fondos para formación que entraban servía para devolver fondos antiguos. La patronal funcionó de esta manera hasta que la caída de las subvenciones hizo insostenible este modelo.

Sin denuncias  

El informe concursal recoge la versión de la última junta de la Confederació, presidida por Maria Rosa Eritja, que culpa de la quiebra de la patronal a Fraile. No sólo por el uso de dichos fondos, sino también por engañar a la junta con las cuentas de la CCC. Como informó este medio, en varios ejercicios presentó resultados que no se correspondían con la realidad.

A pesar de culpabilizarle, ni Eritja ni la junta han presentado, al menos por ahora, denuncia alguna contra el ex secretario general. Según explicaron fuentes cercanas a la organización, temen que la judicialización del fin de la Confederació se les vuelva en contra y tengan que responder personalmente del agujero de la patronal, de unos 6 millones de euros.

Tampoco han movido ficha los bancos acreedores –el Santander, Caixabank, el Sabadell, el ICF y el BBVA– ni la Confederación Española de Comercio (CEC), a la que la CCC estaba adherida y debe 12.000 euros. Foment del Treball, a la que también estaba adherida y a la que debe casi 100.000 euros por el alquiler de la sede, no sólo no ha acudido a los tribunales sino que ha reunido a los ex socios de Fraile para formar Fepime Comerç.
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