La Generalitat inicia la disolución de ATLL y los túneles

Los departamentos de Economia i Finances y Territori i Sostenibilitat ya trabajan para liquidar las sociedades públicas que gestionan Aigües Ter Llobregat (ATLL) y los túneles de Vallvidrera (Tabasa) y el del Cadí. Las dos grandes privatizaciones de la primera legislatura de Artur Mas (CiU) con las que quiere restar 1.430 millones de euros del capítulo de deuda ordinaria del presupuesto de 2012. Y por ello, ya cuenta con la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Un paso más en la tramitación de una concesión administrativa, aunque estas tengan una gran particularidad: ni siquiera se ha fijado la fecha final para firmar la concesión, según confirmó ayer el conseller Lluís Recoder a Economía Digital.

Visto bueno final

La operación que presenta menos complicaciones es la cesión de los túneles al consorcio creado entre Abertis y el banco de inversión brasileño BTG Pactual, los únicos que mostraron su interés en ambas infraestructuras, por 430 millones de euros. En el acuerdo publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), el Govern blinda que la operación compute en el presupuesto de 2012 a pesar de que se firme más tarde. Aunque fuentes de Economía aseguran que se cerrará antes de terminar el año.

El caso de ATLL es distinto. Crece la incertidumbre sobre si el consorcio liderado por Acciona (en el que también se encuentra BTG Pactual) firmará el contrato de cesión antes del 31 de diciembre. Primero, porque la operación aún no ha recibido la autorización de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Y sin la luz verde del regulador no pueden rubricar la concesión administrativa. La Generalitat dejaría de descontar 995,8 millones de deuda ordinaria y de disponer de 298,6 millones en efectivo. El resto de la transacción se pagará a lo largo de los 50 años que dure el contrato.

Además, fuentes financieras insisten a este medio que la multinacional presidida por José Manuel Entrecanales no ha llegado a un acuerdo económico para sufragar la operación, un extremo que niegan los portavoces oficiales de la compañía. El último obstáculo de la operación es la batalla legal que ya ha iniciado el rival de Acciona en la puja por ATLL, Aguas de Barcelona (Agbar). Ha anunciado que quiere impugnar la adjudicación, pero incluso antes de presentar el recurso ya ha tenido que recorrer en tres ocasiones al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El máximo órgano judicial catalán ha emitido tres interlocutorias en las que obliga a Recoder a enseñar el expediente de adjudicación de la empresa pública para que la gestora de aguas en manos de Suez y La Caixa pueda argumentar la base legal de la impugnación. Hasta la fecha, el departamento de Territori i Sostenibilitat se ha negado a mostrarle la polémica licitación.