La Generalitat llevará la adjudicación de ATLL al Supremo

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El Govern opta por agotar toda la vía judicial en vez de anular el contrato

30 de julio de 2013 (17:57 CET)

La Generalitat se resiste a dar por perdida la guerra del agua y ya prepara el contraataque. En los próximos días, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para defender la adjudicación de Aigües-Ter Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona.

El Govern se ha visto obligado a recurrir al alto tribunal después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestimara sus recursos contra la decisión del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunta (OARCC) de suspender la adjudicación. Este organismo de la propia Generalitat había tumbado la privatización después de que comprobar que la oferta virtualmente ganadora no cumplía con los requisitos estipulados en los pliegos.

Agbar o nuevo concurso

La Generalitat ya avanzó hace unas semanas que la presentación de un recurso ante el Supremo es una opción que estaba sobre la mesa, y este martes lo ha confirmado, si bien no ha dado más detalles.

Por su parte, Agbar --competencia de Acciona en esta licitación-- anunció que pedirá la ejecución de la resolución OARCC sobre la adjudicación de ATLL. En su resolución, el alto tribunal catalán exponía que el estado actual de las cosas lleva a una primera hipótesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante (Agbar), y "si esta hipótesis no prospera, el servicio deberá ser objeto de nueva licitación".

Anteriores recursos

El Govern había esgrimido como argumento en su anterior recurso al TSJC el daño que podía ocasionar que el tribunal revocase la adjudicación. Esta afirmación, le costó una grave reprimenda por parte de la justicia. “Corresponde al órgano jurisdiccional ponderar los intereses en juego y los daños potenciales que puede generar”, afirmaba el auto. Y añadía: “los argumentos no constituyen en este momento una evidencia suficientemente clara como para ser determinantes en la toma de una decisión cautelar”.

La Generalitat cifró en 444,6 millones de euros los costes derivados del traspaso del servicio y la repercusión de la situación en la consolidación de la deuda de la Generalitat del ejercicio 2012. Un impacto que el conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, y el de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, aseguraron que alcanzaría el 0,51% del PIB catalán.
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