La justicia busca responsabilidades por el fiasco de Spanair

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Los juzgados de Barcelona acogen este martes la primera vista por la quiebra de la aerolínea

El presidente de Spanair en el momento de la quiebra, Ferran Soriano - Archivo

06 de julio de 2014 (22:41 CET)

¿Fue el consejo de administración de Spanair responsable de la quiebra de la aerolínea? Esa es la principal cuestión que se le plantea al magistrado José Manuel de Castro, titular del juzgado mercantil número 10 de Barcelona, que esta semana dirigirá el juicio por la fallida de la compañía. En la primera sesión, que empezará este martes, De Castro interrogará a la antigua cúpula de la firma, liderada por Ferran Soriano, para conocer mejor los detalles de un quebranto valorado en 640 millones de euros.

El magistrado también debe valorar si la dirección de la compañía, que cesó operaciones en enero de 2012, retrasó la solicitud de suspensión de pagos pese a ser conocedores de que la maltrecha tesorería, tal y como sostiene la Fiscalía. El Ministerio Público considera que Soriano y el resto de su equipo debió declarar el concurso de acreedores casi cinco meses antes. Por esta acusación solicita una responsabilidad económica de 72 millones de euros a la cúpula de la desaparecida aerolínea.

Cese de operaciones

El 27 de enero de 2012 la compañía cesó su actividad, dejando en tierra a miles de pasajeros. Tres días más tarde, presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones y anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus 2.075 trabajadores. El juzgado mercantil número 10 de Barcelona dictó el año pasado el auto de apertura de la fase de liquidación de Spanair tras recibir el informe definitivo de la administración concursal.

El documento indica que el pasivo de Spanair asciende 571,8 millones de euros, a los que se debe sumar 72 millones de créditos, que incluyen los gastos generados durante el procedimiento judicial. Los activos de la firma están valorados en apenas 50 millones de euros.

Resaca en Catalunya

La caída de Spanair, la mayor quiebra de una aerolínea en España, fue sonora. Además del ingente pasivo, se debe tener en cuenta que las administraciones públicas catalanas inyectaron alrededor de 200 millones de euros. El objetivo de tal inversión era promover una aerolínea de bandera que ayudase al aeropuerto de El Prat a constituirse en hub intercontinental.

El fracaso salpicó a todo el consejo. Spanair había reunido en las sillas de dirección a varios empresarios catalanes de relumbrón. Además del actual director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, la lista la conforman el presidente de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart; el director general del RACC, Josep Mateu Negre; el president de Moventia, Miquel Martí; el director general de Fira Barcelona, Agustí Cordón; el socio de Mediapro, Tatxo Benet; el consejero delegado de Serhs, Jordi Bagó. El consejo de administración también contaba con la presencia de dos ejecutivos de la aerolínea escandinava SAS --Michael Balint y Benny Zarkisson-- y a la desaparecida Catalana d'Iniciatives. Todos ellos se enfrentan a penas de inhabilitación de dos años.

El juicio

Las vistas se alargarán hasta el jueves. Además de la declaración de los acusados, también se deberán ratificar las declaraciones de los informes de los peritos y escuchar las conclusiones de la defensa y el fiscal.

En su informe, el Ministerio Público también solicita que Avançsa, sociedad de capital íntegramente público utilizada por la Generalitat de Catalunya para realizar la inversión en Spanair, S.A., también deba responder en resarcir los 72 millones de euros. Considera que dicha sociedad actuaba en la compañía como un administrador de hecho, supervisando y controlando la gestión de la administración de la sociedad.
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