La morosidad provoca una de cada tres quiebras en España

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Sólo el 12% de las empresas que sufren impagos exigen a sus morosos los intereses devengados de la demora

Antoni Cañete, presidente de PMcM, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

20 de octubre de 2014 (19:20 CET)

La peor enfermedad a la que se han enfrentado las empresas en los últimos seis años ha sido la morosidad.

La demora en el cobro de las facturas ha originado un nuevo escenario en el que se han modificado ámbitos e incluso, se han superado algunos límites legales y ha abocado a la quiebra a una de cada tres empresas. Dicho de otra forma, desde 2008, la morosidad ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas en España.

Superar el límite legal

La cifra la recoge el informe sobre la morosidad del crédito en España elaborado por la EAE Business School y la plataforma multisectorial contra la morosidad (PMCM). El estudio, además, subraya que ha generado “una menor competitividad de muchas compañías o, incluso, las obliga a despedir a sus empleados ante la demora en el cobro de sus facturas”.

Pero hay más consecuencias. El estudio sostiene que el 68% las empresas se ha visto forzado a aceptar acuerdos que les obligan a cobrar más allá de los 60 días naturales que fija la ley. De hecho, el periodo medio de pago del sector privado durante 2013 fue de 85 días, ocho menos que un año antes. Aunque el drama de la morosidad no queda ahí.

Legislación antimorosidad

De los empresarios que aceptan este tipo de retraso, sólo el 12% exige los intereses que se devengan durante la demora, mientras que el resto no lo hace. Además, el informe constata que sólo el 43% de los pagos a las empresas se hacen según las condiciones pactadas con sus proveedores.

Para el director del centro de morosología de EAE y director de estudios de PMCM, Pere Brachfield, la solución está clara: un marco legal apropiado.

“Para combatir la morosidad, es necesaria la promulgación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la legislación antomorosidad. Sin penalizaciones administrativas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la ley”, concluye.
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