La polémica Aigües Ter-Llobregat ganó 20,4 millones en 2014

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'GUERRA DEL AGUA' EN CATALUÑA

Desalinizadora de Aigües Ter-Llobregat

en Barcelona, 12 de julio de 2015 (18:48 CET)

La controvertida empresa ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, con sede en Sant Joan Despí, lleva dos ejercicios y medio en manos de la constructora madrileña Acciona, propiedad de la familia Entrecanales.

La firma, conocida como Aigües Ter-Llobregat, gestiona las plantas potabilizadoras de los ríos citados, así como la desaladora de El Prat de Llobregat. Se encarga del saneamiento y distribución en alta del agua que consumen casi 5 millones de residentes en 140 municipios, ubicados sobre todo en el área metropolitana de Barcelona.

El Gobierno catalán adjudicó ATLL a Acciona en diciembre de 2012, mediante el pago contante y sonante de 298 millones de euros, que el Ejecutivo de Artur Mas dedicó a sufragar la nómina de los funcionarios. Acciona viene obligada a satisfacer otras 50 anualidades hasta el año 2062, que supondrán unos desembolsos adicionales de 696 millones.

ATLL ha cerrado, por tanto, dos ejercicios completos bajo gestión directa de los Entrecanales, mientras sobre la empresa caía un aluvión de pleitos promovidos por Aguas de Barcelona (Agbar) y otras empresas disconformes con el desenlace de la licitación.

En 2014, ATLL movió un volumen de negocio de 144 millones de euros, un 6% más. Tras dotar los fondos de amortización con casi 21 millones, el beneficio neto subió de 14,5 a 20,4 millones. De esta última cantidad, se repartió un dividendo de 18,4 millones, frente a los 12,9 millones del año anterior.

Las grandes magnitudes del balance arrojan un activo de 1.156 millones y unos fondos propios de 172 millones. El endeudamiento bancario asciende a 95 millones, a los que han de sumarse los 696 millones debidos a la Generalitat.

La memoria anual dedica amplios espacios a la nube de pleitos que mantiene con Agbar y otras compañías. Curiosamente, los gestores y los representantes legales de ATLL se muestran confiados en que todas las incidencias administrativas y judiciales se saldarán de forma favorable a sus intereses.

El auditor que ha revisado el balance no lo ve tan claro. Advierte de "una incertidumbre material, que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos".

A las docenas de pleitos que afronta la compañía, se sumó el pasado 16 de febrero otro asunto imponderable: la Agencia Tributaria le notificó la comprobación general del impuesto de sociedades de 2012 y 2013 y del IVA de 2013.

Acciona controla el 39% del capital y el banco brasileño BTG Pactual, otro tanto.
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