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El juez encarga a la UDEF, de la policía, que busque el paradero del dinero de los centros de formación que la CCC retenía

Xavier Alegret

Rosa Eritja y Miquel Àngel Fraile, últimos presidente y secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya. ED/ARCHIVO

Barcelona, 14 de septiembre de 2017 (05:55 CET)

La investigación contra Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), avanza y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía ya se ha puesto manos a la obra. El objetivo, encontrar el dinero de los centros de formación que la patronal quebrada retenía y que desapareció, según explicaron a Economía Digital varias fuentes conocedoras de la investigación.

El juez ha encargado a la UDEF que busque el paradero de 1,3 millones que la patronal, con Fraile al mando, guardaba en una cuenta como garantía. El dinero no era suyo, sino de los centros de formación, pero la CCC lo exigía por si los cursos no cumplían todos los requisitos y la administración que los subvencionaba exigía parte del dinero.

Cuando la Confederació se vio en insolvencia, como adelantó este medio, tenía 1,3 millones de los centros, la mayoría de los cuales ya deberían haber sido devueltos (algunos eran de 2004), lo que les puso en estado de alerta. Unos meses después, en septiembre de 2016, cuando se presentó el concurso, los centros vieron confirmados sus peores temores: los fondos habían desaparecido, no constaban en las cuentas en las que, a priori, Fraile guardaba el dinero.

La CCC volatilizó 1,3 millones que los centros de formación le entregaron como garantía

Tras este varapalo, algunos centros de los más de 70 afectados presentaron denuncias contra Fraile y la última junta de la CCC, que presidía Rosa Eritja. En concreto, pusieron dos denuncias distintas, ambas ya admitidas a trámite. No obstante, como adelantó este medio, la admisión fue solo contra Fraile y por tres delitos: apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil.

Es en esta causa en la que el juez ha ordenado a la UDEF que encuentre el dinero. El objetivo es saber qué pasó con él cuando salió de la cuenta de la CCC, dónde fue a parar, para lo que están buscando justificantes y documentación que delate si fueron a otra cuenta particular y quién es su titular.

El papel de la Generalitat

A la causa de los centros de formación se ha sumado todo el trabajo hecho a principios de año por la fiscalía, que inició investigaciones después de que la Generalitat le informara de que los centros de formación habían perdido sus depósitos. Luego, con las denuncias, la fiscalía paralizó los trabajos. Los centros entienden que no se trata de una deuda más (como sí otros 300.000 euros que les debía de cursos no pagados) que debe ir al concurso, sino que se trata de un dinero usurpado ya que era de su propiedad y la CCC solo actuaba como depositaria.

Por lo que respecta al citado concurso, terminó con los acreedores sin ver ni un euro: se cerró con una deuda de unos seis millones y unos activos de 10.000 euros. Algunos acreedores, como el Consorci de la Formació Contínua, que depende de la consejería de trabajo de la Generalitat, han pedido el concurso culpable.

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