Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la Confederació de Comerç, en una imagen de archivo, con la última presidenta de la CCC, Rosa Eritja, y el exconsejero de Empresa Felip Puig.

La justicia estrecha el cerco sobre Fraile y salva (por ahora) a Eritja

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El juez imputa a Miquel Àngel Fraile por la quiebra de la Confederació de Comerç mientras se preparan más denuncias y se investiga el concurso culpable

Xavier Alegret

Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la Confederació de Comerç, en una imagen de archivo, con la última presidenta de la CCC, Rosa Eritja, y el exconsejero de Empresa Felip Puig.

Barcelona, 29 de junio de 2017 (06:55 CET)

Esto no ha hecho más que empezar. La imputación de Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), es hasta ahora el paso más importante dado para aclarar la grave quiebra de la que fuera la patronal hegemónica del sector en Cataluña, pero es solo el principio. Los posibles responsables de la caída de la CCC tienen más frentes abiertos mientras esperan agazapados que el caso no les salpique, y no son capaces ni de volver a organizarse, dejando un enorme hueco en el mundo patronal del comercio.

Una denuncia, la de siete centros de formación, contra Fraile y la antigua cúpula de la CCC ha terminado con el exsecretario general investigado, después de que el titular del juzgado de instrucción número cuatro de Barcelona decidiera admitirla a trámite. De momento, la decisión estrecha el cerco sobre Fraile y salva a Rosa Eritja, última presidenta de la patronal, y su ejecutiva, aunque en cualquier momento podrían pasar a tener estatus de imputados si durante la investigación hay indicios de que tuvieron responsabilidades en la quiebra, fuera por acción o por omisión.

El tema es complejo. Se investiga a Fraile por tres delitos: apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil. La apropiación indebida es de unos fondos propiedad de los centros de formación, que guardaba en concepto de garantía, y que desaparecieron. Pero tras esta gestión del dinero para formación se esconde un trasfondo de una gestión más que dudosa de la patronal.

En el informe concursal, el administrador habla de una estructura “piramidal” por la que los fondos para formación sostenían las finanzas de la patronal. Cuando, a causa de la crisis, las subvenciones cayeron, la estructura no aguantó. Además, como destapó Economía Digital, Fraile habría falseado las cuentas, presentando cierres de ejercicio que no se correspondían con la realidad y sin auditar para esquivar el control de la junta de la CCC, y habría cobrado sueldos paralelos.

CCC: todo apunta a Fraile, pero la última cúpula de la patronal todavía no puede dormir tranquila

Con estos indicios, el juez no ha dudado en apuntar directamente al exjefe de los comerciantes catalanes. Ni su mujer, Rosa María Serrano, que era la directora de formación de la patronal, ni su última presidenta, Rosa Eritja, ni su última junta directiva, han sido imputados. Y es que, según ha podido saber este medio, además de la denuncia, el caso ya acumula el trabajo de la fiscalía durante tres meses investigando el destino de los fondos para formación, en los que los afectados señalaron a Fraile.

Fiscalía empezó a investigar la quiebra de la CCC después de que la Generalitat pusiera en su conocimiento las quejas recibidas por varios centros de formación. Tras unos tres meses de trabajo, el ministerio público dejó la investigación al tener constancia de una denuncia por los mismos hechos. Era la de los siete centros de formación. No obstante, su trabajo, que generó abundante documentación, no caerá en saco roto sino que se ha unido a la causa.

También podrían unirse nuevas denuncias. Otros centros de formación quieren querellarse contra Fraile y la cúpula de la Confederació y, de admitirse, sus causas se sumarían a la ya abierta. Unas 70 empresas, o autónomos, que se dedican a la formación quedaron atrapados por la CCC, con 1,6 millones en total, por lo que la aparición de nuevas denuncias está asegurado.

El concurso de la CCC, también investigado

Este es un frente, pero hay otro frente importante: el concurso de acreedores. El juez de lo mercantil que lleva el caso ya aprobó la liquidación, con una deuda de más de seis millones, y algunos acreedores han pedido el concurso culpable. El más importante, la Generalitat, a la que la CCC debe más de 900.000 euros.

Como explicó este medio, la consejería de trabajo ha instado el concurso culpable al considerar que existen sospechas fundadas de “una actuación dolosa que puede haber incidido en el estado de insolvencia” de la patronal. Ante las quejas de los centros de formación, la Generalitat ya había informado a fiscalía de posibles irregularidades con los fondos para formación, y parece decidida a llegar hasta el fondo del asunto para aclarar qué pasó con el dinero público.

A raíz de esta solicitud, el juzgado debería investigar los hechos que presuntamente constituyen delitos, investigación que puede durar años. En caso de que se declarase el concurso culpable, los administradores pueden ser inhabilitados entre dos y quince años e incluso, en un caso extremo, pueden tener que responder con su patrimonio.

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Tener que responder por la quiebra de la CCC es lo que más teme su última junta directiva, puesto que el agujero es de seis millones de euros. De hecho, esto es lo que impide a Eritja, a las asociaciones de comerciantes territoriales que formaban la CCC y a Fepime y Foment, a las que la Confederació estaba asociada, aglutinar de nuevo una organización representativa del comercio. Mientras tanto, desde otros ámbitos les comen el terreno.

Foment planteó crear una sectorial de comercio de Fepime, pero el invento no avanza. En él –llegaron a realizar varias reuniones– debían estar las territoriales de la CCC, incluida la de Lleida, que preside Eritja, así como otros gremios y asociaciones exsocias de la patronal quebrada. Pero temían ser tomados por una continuación de la Confederació, con lo que los acreedores podrían ir contra ellos, por lo que el proyecto está en vía muerta. Pimec Comerç o la nueva iniciativa Retailcat, liderada por Comertia y Cecot, están aprovechando este hueco.

Los exsocios de la CCC prefieren esperar y cruzar los dedos para que no les salpique la quiebra. De momento se salvan, pero el caso puede cambiar. El juez ha debido haberlo visto claro contra Fraile, pero en función de la información que vaya teniendo, y de las declaraciones, pueden incrementarse en número de investigados.

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