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El concurso de la Confederació de Comerç de Catalunya entra ahora en fase de alegaciones, en la que los acreedores pueden instar el concurso culpable

Xavier Alegret

Rosa Eritja y Miquel Àngel Fraile, últimos presidente y secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya. ED/ARCHIVO

Barcelona, 02 de junio de 2017 (07:55 CET)

El juez del mercantil número 2 de Barcelona ha aprobado la liquidación de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), en concurso desde hace nueve meses. El administrador concursal presentó el plan de liquidación hace unas semanas y el juzgado ya lo ha aprobado, con lo que la mayor quiebra de una patronal en España puede acercarse a su fin. No obstante, los afectados pueden presentar alegaciones y alargar el proceso, que paralelamente también se encuentra a las puertas de otro proceso judicial.

Fuentes cercanas al concurso explicaron a Economía Digital que el juez ya ha dado el visto bueno al plan de liquidación. No había mucho donde rascar. Como adelantó este medio, el concurso de la CCC termina –por ahora– con seis millones de deuda y unos activos de solo 10.000 euros, por lo que los acreedores no esperan recuperar las deudas contraídas por la patronal con ellos.

Hasta ahora, pese a que el informe concursal apuntaba posibles indicios de delito en la gestión que llevó a la CCC a la bancarrota, ni el propio administrador concursal ni el juez han entrado en temas de responsabilidades legales. Tampoco era su cometido, matizaron las mismas fuentes. No obstante, podrán hacerlo ahora si los afectados o la fiscalía se mueven.

Los acreedores de la CCC tienen diez días para instar concurso culpable, que obligaría a investigar

Tras la aprobación de la liquidación por parte del juez, se abre el periodo de alegaciones. Los acreedores de la Confederació de Comerç tienen diez días, a partir de que se les comunique la apertura de dicho periodo, para presentar alegaciones sobre la liquidación y, si lo consideran, instar el concurso culpable.

Si algún acreedor lo solicita, la justicia tendrá que investigar hasta dictaminar si el concurso es culpable o fortuito. Si ninguno lo pide, se declara directamente fortuito, por lo que sus administradores y posibles responsables de su quiebra no tendrían que preocuparse, al menos por esta vía. Algunos acreedores han asegurado a Economía Digital que pedirán que se investigue si el concurso ha sido culpable, pero por ahora no lo han hecho ya que no se les ha comunicado que se encuentra en fase de alegaciones.

Una denuncia contra la CCC ya en curso

Un paso delante de alguno de los acreedores, que es más que probable, podría abrir una nueva vía de agua para Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la CCC, Maria Rosa Eritja, la última presidenta, y su cúpula, que podrían enfrentarse a varias causas. Por ahora tienen una a punto de abrirse: la denuncia de varios centros de formación, que está pendiente de ser admitida a trámite.

Como explicó este medio, siete centros de formación, con los que la CCC tenía una deuda de medio millón de euros, presentaron una denuncia conjunta en la que atribuían seis delitos a Eritja, Fraile, Rosa Serrano, exdirectora de formación –y esposa de Fraile–, y una decena de miembros más de la última ejecutiva de la patronal.

La cúpula de la Confederació de Comerç se enfrenta a una denuncia que le atribuye seis delitos

La denuncia tenía como base los fondos de garantía que la CCC exigía a los centros que hacían la formación. Con la excusa de cubrirse ante posibles reclamaciones de la Generalitat o del Gobierno, Fraile y Serrano pedían un porcentaje del curso, que oscilaba entre el 5% y el 25% del coste de la formación, con el compromiso de devolverlo cuando el curso pasara todas las auditorías.

No obstante, cuando la CCC despidió a Fraile y saltó a la luz que tenía un agujero insalvable en sus cuentas, afloró que los depósitos de garantía ascendían a 1,6 millones de euros e incluían fondos de cursos hechos en 2004 y que, naturalmente, estaban resueltos. Cuando se presentó el concurso, los centros constataron que los depósitos habían desaparecido, por lo que algunos empezaron a movilizarse.

Los centros que presentaron denuncia probablemente pidan el concurso culpable, mientras que otros centros lo estudiarán. La Generalitat, a quien la Confederació de Comerç debe más de 900.000 euros entre fondos para formación y un crédito del ICF, también lo está estudiando. La consejería de trabajo ya puso en conocimiento de la Fiscalía las quejas de los centros de formación y se plantea volver a insistir ahora.

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