Los interesados en Aigües Ter Llobregat presionan a Mas para bajar precios

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PRIVATIZACIÓN

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, con el presidente de la Generalitat, Artur Mas

19 de junio de 2012 (19:42 CET)

La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) va por el camino de correr la misma suerte que el proceso de concesión administrativa del Canal Isabel II de Madrid: que la adjudicación quede desierta. Las tres compañías que han manifestado su intención de quedarse con la gestora de agua en alta, el tratamiento en masa que se hace desde el pantano hasta el depósito de cabecera de los municipios, tachan de excesivos los requisitos económicos impuestos por la Generalitat, según explican fuentes conocedoras de la operación a Economía Digital.

El presidente, Artur Mas, pide 1.000 millones de euros para ceder las riendas de la compañía. Al firmar la concesión, el nuevo gestor tendría que desembolsar 400 millones de euros. Los 600 restantes se abonarían a lo largo de los 50 años en los que el contrato estaría vigente. Aunque las cuotas anuales aún se tienen que definir, lo único que ha dejado claro el Ejecutivo catalán es que no serán uniformes.

Precio más bajo

Los implicados en el proceso tachan de “excesivas” estas condiciones. De hecho, ya han comunicado su rechazo a la Generalitat. El mensaje ha sido claro: nadie está dispuesto a pagar mil millones por gestionar durante medio siglo la ATLL.

Las presiones a Mas han existido desde que se empezó a diseñar la operación. De hecho, en el documento que se ha sometido a información pública ya existe una primera rebaja por parte del Ejecutivo catalán. Esperaba hacer 500 millones de caja con la compañía y renunció a 100 millones para “adecuarse a la situación real del mercado”. Una pretensión que no se ha conseguido, según los privados.

El objetivo del Govern es pagar deuda ordinaria de la Generalitat con la privatización de servicio, así se establece en las leyes Omnibus. Un extremo muy criticado por parte de los sindicatos y entidades sociales. La nueva norma deja de considerar el agua en alta un bien básico de la ciudadanía y ni tan siquiera sirve para liquidar parte de la deuda de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que llega a los 1.250 millones de euros según su presidente, Lleonard Carcolé. El mismo directivo que encabeza la ATLL.

Empresas

Han reconocido su interés por quedarse con la gestión de la entidad tres sociedades: Agbar, Comsa Emte y Aqualia (FCC). Los portavoces oficiales de las compañías reconocen que ninguna tiene la liquidez suficiente para desembolsar 400 millones de euros, por lo que estudian alianzas con fondos de inversión internacionales.

Asimismo, aseguran que es pronto para decidir si finalmente presentarán una oferta. Exigen a Mas que dé los detalles de la concesión administrativa, un documento que se espera en las próximas semanas. Por ahora se tiene que cerrar el primer proceso de información pública en el que los interesados pueden hacer llegar las alegaciones que crean pertinentes al Govern.

La Generalitat quiere adjudicar la gestión de ATLL en diciembre y que el nuevo dueño tome las riendas de la compañía el 1 de enero.
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