¿Qué retrasa el juicio del caso Palau?

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La vista contra Fèlix Millet, Jordi Montull, Daniel Osàcar –ex tesorero de Convergència- y otros 13 acusados durará meses

Millet y Montull. EFE

Barcelona, 01 de marzo de 2016 (01:00 CET)

El 23 de julio de 2009, los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la Música y detuvieron a sus gestores. Seis años y un día después, el 24 de julio de 2015, el juez instructor, el cuarto que ha tenido esta causa, dictó auto de apertura de juicio oral.

No obstante, la Audiencia de Barcelona todavía no ha fijado la fecha de inicio de la vista que sentará en el banquillo de los acusados a los anteriores responsables de la institución cultural catalana, encabezados por Fèlix Millet y Jordi Montull, y al ex tesorero de Convergència, Daniel Osàcar.

En medios judiciales se apunta que los múltiples recursos presentados por las defensas y por la acusación popular han retrasado el juicio.

Además, fuentes de la Audiencia provincial indican que será un juicio largo, con sesiones que se prolongarán durante semanas o meses y que, por tanto, será necesario ajustar la agenda judicial.

La necesidad de encontrar un calendario idóneo, especialmente para los miembros del tribunal, puede demorar la fecha de inicio de la vista. Las fuentes consultadas señalan que, habitualmente, en un caso de esta magnitud, los señalamientos se fijan para un plazo superior al año, de manera que la vista probablemente no se iniciará antes de 2017.

Cúmulo de percances

Las defensas y la acusación popular --ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona-- recurrieron el auto por el que el juez instructor cerró por primera vez la investigación a mediados de 2013.

La Audiencia de Barcelona aceptó el recurso de la acusación popular, para que se imputase a nueve empresarios de la construcción que habían realizado obras en el domicilio particular de Millet en la Ametlla del Vallès (Barcelona), pero luego el juez archivó el procedimiento contra estos empresarios. 

También archivó el procedimiento contra el abogado Jaume Camps, exdirigente de Convergència, porque las supuestas acusaciones habrían prescrito. La fiscalía interpuso sus recursos. Finalmente, el juez instructor dictó en julio pasado auto de apertura de juicio oral, que no se podía recurrir, pero, pese a ello, algunas de las defensas no han cejado en el intento para que sus clientes queden fuera de la causa.

En el auto de apertura de juicio se mantienen las medidas cautelares acordadas. Entre estas, el embargo de 15 sedes de Convergència como garantía que el partido devolverá, en caso de ser condenado, los 6,6 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obra pública que supuestamente obtuvo a través del Palau de la Música.
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