AIReF contará con una división de gasto y evaluará en 2021 ayudas a empresas y la gestión de residuos urbanos

El Gobierno creará una unidad técnica y fijará un plazo temporal para el cumplimiento de las recomendaciones de la AIReF

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso para ofrecer su análisis de las cuentas de 2021 presentadas por el Ejecutivo./ EFE

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso para ofrecer su análisis de las cuentas de 2021 presentadas por el Ejecutivo./ EFE

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El Gobierno prevé extender hasta 2026 el proceso de revisión del gasto público y crear una división permanente dedicada a esta materia en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a la que encargará en el marco de la tercera fase de revisión del gasto público, conocido como ‘spending review’, revisar las ayudas públicas a empresas y la gestión de residuos urbanos.

Así se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado viernes y publicado íntegramente el miércoles, que detalla las medidas previstas para la mejora de la eficacia del gasto público, recogido en el componente 29 de dicho plan, con una financiación prevista de 6,85 millones, sin cargo al plan.

La Autoridad Fiscal llevaba desde el pasado mes de octubre reclamando al Ministerio de Hacienda que le trasladase las nuevas áreas de gasto a evaluar, una labor que realizan conjuntamente Gobierno y AIReF, ante el retraso de la tercera fase del ‘spending review’, y llevaba también bastante tiempo reclamando la creación de una división permanente dedicada a la revisión del gasto público.

Nueva división permanente de ‘spending reviews’ y encargos hasta 2026

En detalle, el Plan señala que con el objeto de dar continuidad y permanencia a los ejercicios de ‘spending review’ es
importante reforzar las capacidades de la AIReF, para lo que se creará una nueva división permanente de ‘spending reviews’ dentro de la autoridad independiente, a través de la ampliación de su Estatuto Orgánico, y «dotada con todos los recursos necesarios».

Con esta medida, reclamada en reiteradas ocasiones por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, se busca que el organismo lleve a cabo su labor de revisión del gasto de una manera sistemática, lo que «permitirá afrontar con garantías de calidad el reto de las nuevas fases de ‘spending reviews'».

Y es que con la reforma del gasto público se va a extender estos ejercicios de revisión del gasto hasta 2026, lo que sumado
a la creación de la división permanente para este fin en el seno de la AIReF, permitirá instaurar en España «un proceso sistemático, estructural y periódico de evaluación del gasto público», según el Gobierno, quien subraya que ello permite extender esa cultura a otros centros gestores.

El nuevo proceso plurianual de revisión del gasto público una vez finalizadas las tres fases del anterior ‘spending review’, abarcará el periodo 2022-2026 con cinco fases, una por año, ya que la propuesta de fases quinquenales «facilitará la labor de planificación de la AIReF». Además, permitirá desligar del ciclo político a estas fases de revisión del gasto, «reforzando la credibilidad de las Administraciones públicas con estos procesos», apunta el documento.

Ayudas y avales a empresas y gestión de residuos urbanos

Para cumplir con el proceso de revisión del gasto iniciado mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de junio 2017 de realizar una evaluación integral del gasto de carácter plurianual, para lo que el Ministerio de Hacienda elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo por el que se formalizará la tercera fase centrada en la revisión del gasto relativo a las líneas de préstamos, ayudas y demás instrumentos financieros al tejido empresarial por parte de las entidades del sector público y la gestión de los residuos urbanos.

Según cálculos del Banco de España, a través de los programas de avales públicos para los créditos a empresas, podrían cubrirse cerca de tres cuartas partes” de los 230.000 millones de euros que necesitarán las empresas españolas en 2020 según el organismo, y el tejido empresarial nacional ha obtenido nuevos préstamos bancarios por un importe total de 215.156 millones de
euros en el primer semestre de este año, 48.567 millones más que en el mismo periodo del año anterior (+29%).

En el texto se apunta que algunos de estos instrumentos tienen «vocación estructural», como los de internacionalización, investigación o digitalización, por lo que resulta conveniente evaluarlos «para conseguir reforzarlos y situarlos en el centro de la política económica». A ello se suman los relativos al I+D+i, el turismo o la industria.

Sobre la revisión del gasto referido a la gestión de los residuos urbanos, explica que se hará buscando el consenso de todas las administraciones públicas, en los ámbitos de coordinación correspondientes con especial foco en las Conferencias Sectoriales tras ser identificado como «prioritaria» por organismos como el Consejo de la UE y el FMI.

Plazo temporal para cumplir recomendaciones

De igual forma, se recoge el objetivo de mejorar e incrementar la calidad del gasto público e incorporar los resultados de los
procesos de revisión y evaluación del gasto público al proceso de toma de decisiones ligado al ciclo presupuestario,
haciendo un seguimiento «activo, pormenorizado e insistente» de su implementación por parte de los diferentes centros de gasto.

Para ello, se creará una unidad técnica que dará seguimiento a las recomendaciones efectuadas en los ‘spending reviews’ para extender el principio de “cumplir o explicar”, fijando «un plazo temporal para su cumplimiento por parte de los centros destinatarios de estas recomendaciones». Hacienda elaborará un informe anual de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a partir de la información remitida por las administraciones aludidas en el ‘spending review’,
Se marca la meta el Gobierno de trabajar por la estabilidad presupuestaria y reafirmar la sostenibilidad de la deuda
pública a medio plazo, con una apuesta decidida por «aplicar actuaciones claras encaminadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo sin dañar la inversión ni la protección social una vez que la recuperación económica sea firme»

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