BBVA advierte a los inversores de las consecuencias de su imputación
El banco reconoce a la CNMV que, en la actual fase de instrucción de la investigación judicial, no puede valorar el impacto o la duración del procedimiento
BBVA está advirtiendo a los inversores de las implicaciones derivadas de las investigaciones por el caso Cenyt. Así, el banco presidido por Carlos Torres, en una actualización del folleto base de emisión de valores de renta fija remitida este agosto, reconoce que ahora mismo no tiene visibilidad sobre las posibles implicaciones para el grupo de la actual fase de instrucción que está llevando adelante la Audiencia Nacional, en la que la entidad financiera ha sido imputada.
«El citado procedimiento penal se encuentra en un momento de incipiente dentro de la fase de instrucción y bajo secreto de sumario, por lo que no es posible predecir en este momento el ámbito o duración de dicho procedimiento ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el Grupo, sin perjuicio del posible riesgo reputacional de estas actuaciones», apunta en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En esa misma actualización, el banco recuerda que está colaborando con la Justicia. «El banco ha venido colaborando de manera proactiva con las autoridades, habiendo compartido con la justicia los hallazgos de la investigación ‘forensic'», y recuerda que no está autorizado a difundir los hallazgos encontrados para no interferir en la investigación.
El banco fue notificado sobre su imputación por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios el pasado 29 de julio y un día después, aunque sin relacionarlo con las posibles investigaciones por el caso, anunció el relevo de su jefe de control interno, Eduardo Arbizu.
Durante la presentación de resultados semestrales, la entidad se negó a explicar si este cambio respondía a un movimiento relacionado con los hallazgos durante su evaluación interna, bien insistió en que sí se estaban adoptando medidas internas, como el refuerzo de los sistemas de control interno.
La Audiencia Nacional investiga los servicios prestados por Cenyt, compañía del Comisario Villarejo, a BBVA y la relación laboral entre ambos. Presuntamente, de acuerdo con las informaciones publicadas por prensa, el ex comisario, ahora en prisión, podría haber recurrido a un sistema de escuchas ilegales para, entre otros motivos, bloquear el asalto de Sacyr al banco.
BBVA niega impacto para el negocio
Hasta el momento, la entidad financiera siempre ha negado que las investigaciones estén repercutiendo en la acción o en el negocio de la entidad, aunque sí ha abierto la puerta a que pueda sufrir afectaciones de tipo reputacional; algo sobre lo que también han advertido algunas agencias de comunicación como Moody’s, advirtiendo que también su solvencia podría verse dañada.
En los últimos días, BBVA ha inaugurado una nueva sección informativa sobre el caso Cenyt. En ella insiste en que a día de hoy no ha identificado ningún impacto directo relevante provocado por esta situación «en nuestro negocio, inversores o la evolución de la acción», recuerda. Asimismo, también recuerda que en «esta fase preliminar del proceso judicial, la condición de investigada como persona jurídica (BBVA) o de cualquier individuo, no implica de ninguna manera que se haya realizado una acusación formal por ningún delito».
En julio, Carlos Torres, en un blog interno del banco, pidió a la plantilla no anticipar el resultado de las investigaciones. «Mientras el asunto se resuelve tenemos que evitar prejuzgar hechos no constatados y, sobre todo, debemos mantener nuestro foco en nuestros clientes y trabajar conforme a nuestros valores para hacer realidad nuestro propósito y tener un impacto positivo en la sociedad», señaló.
La Audiencia Nacional ha citado al banco para interrogarle el próximo 24 de septiembre. Hasta el momento, la mayoría de ejecutivos y ex directivos de la entidad imputados por este caso, entre los que se encuentra el ex consejero delegado, Ángel Cano y el ex jefe de seguridad, Julio Corrochano, se han acogido a su derecho a no declarar. Una de las excepciones ha sido Antonio Béjar, ex presidente de Castellana Norte, que fue cesado posteriormente.
