El Gobierno invertirá 5.000 millones en buscar trabajo a los menores de 30 años

El Gobierno ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus con 3.263 millones que contempla formación y la empleabilidad de jóvenes

Consejo de Ministros

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Uno de los principales problemas de España es el desempleo, singularmente el de los jóvenes, cuya tasa de paro alcanzó el 56% de la población joven en 2013 y el año pasado, en un 2020 marcado por el Covid, la tasa de paro de los jóvenes de hasta 29 años fue del 30,2%, por el ello el Gobierno se ha marcado el objetivo de abordar la “gran asignatura pendiente”, según ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Para ello, el Gobierno ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+) para el periodo 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros para impulsar el empleo joven, que se incluye dentro del Plan Estratégico Juventud Avanza que contará con una inversión de 4.950 millones de euros.

Del total de la inversión, 3.263 millones se refieren al Plan. GJ+, otros 937 millones a inversiones para el empleo juvenil recogidas en el Plan de Recuperación (como primeras experiencias (330 millones), el programa ‘Investigo’ (315 millones), el programa ‘Tándem’ (120 millones), a lo que se añaden 600 millones en programas de formación en alternancia de empleo y un convenio de 150 millones con la Secretaría de Estado de Digitalización de Inteligencia Artificial.

A mediados de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó en el Congreso de UGT el Plan de choque frente al desempleo juvenil, dotado con más de 1.300 millones, que beneficiará a más de un millón de jóvenes en tres años mediante programas de formación y contratos formativos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha destacado que el presupuesto de la estrategia total se trata de “la mayor inversión del Gobierno de la democracia” para abordar “una gran asignatura pendiente”, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que por el hecho de seno no merecen sueldos y trabajos “indignos”, sino empleos de calidad.

“No podemos remunerarlos con 436 euros al mes y eso está pasando y habla mal del país, del mercado laboral y sobre todo de las empresas españolas”, ha enfatizado.

Oferta de empleo o formación en 4 meses

El Plan de Garantía Juvenil Plus contiene 69 medidas y tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral, en el marco de una estrategia que Díaz ha subrayado que ha sido trabajada en el diálogo social, con las 17 CCAA, con Injuve y el Consejo Estatal de la Juventud tras un debate “muy hondo”.

Las tres principales acciones del Plan de Garantía Juvenil son dar orientación personalizada a los jóvenes, dotar de habilidades y capacitaciones profesionales y su inserción laboral, de la mano de un cambio de las políticas activas de empleo, en la que tendrá un papel “clave” la FEMP.

Así, mediante el Plan de Garantía Juvenil Plus se asegurará que los jóvenes adscritos a la Garantía Juvenil Plus reciban en un máximo de 4 meses algún tipo de acción, ya sea la recepción de una oferta de empleo o de formación, y los interesados dispondrán de una línea de teléfono gratuita. Además, un espacio virtual específico permitirá la formación y también la búsqueda y selección de ofertas de empleo.

Microcréditos y ayudas para el pago de cotizaciones

Para el emprendimiento para personas jóvenes afectadas por la crisis sanitaria se impulsarán ayudas para afrontar el pago de cuotas a la Seguridad Social durante seis meses y también para la publicidad y transformación digital del negocio, además de formación en marketing digital y comercialización a las personas emprendedoras.

De igual forma, mediante el Programa emprende con microcréditos se permitirá obtener financiación, sin necesidad de avales, a personas emprendedoras que no puedan acceder a un crédito ordinario. Además de la aportación económica, las personas beneficiarias recibirán apoyo de orientación y asesoramiento tras la recepción del préstamo.

A su vez, se reforzará la orientación, de forma que la red Re-Orienta recibirá un nuevo impulso y se promocionará la estabilidad profesional y la carrera profesional de las personas orientadoras, al tiempo que la calidad del sistema de orientación será objeto de evaluación. 

En este contexto, se dirigirá orientación específica a jóvenes con responsabilidades familiares, especialmente mujeres con cargas de cuidado, como formación en derechos laborales, acceso a contratos formativos o disposición de herramientas digitales.

Formación, primera experiencia en administraciones y reincorporación al mercado

Otros puntos del plan pasar por el favorecimiento de la formación, con la prevención del abandono escolar, de forma que los itinerarios personalizados priorizarán favorecer la reincorporación a la educación reglada de las personas que hayan abandonado el sistema educativo de manera prematura.

En cuanto a la primera experiencia profesional, las personas inscritas en Garantía Juvenil podrán participar en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas que permitirá dotarse de experiencia y acceder a un empleo de calidad, uno de los ejes transversales del plan.

En su intervención, Díaz se ha referido a los jóvenes que pertenecen a la población activa, las personas jóvenes que no buscan un empleo porque creen que no lo encontrarán. Para ellos, los servicios públicos de empleo trabajarán desde una perspectiva local, mediante acciones coordinadas con los servicios sociales y de juventud para facilitar su integración en los servicios de orientación, en el Sistema Nacional de Empleo o bien en el sistema educativo.

Recuperación de espacios rurales

También se contempla para la creación de empleo juvenil la regeneración de espacios rurales y urbanos en declive. Según ha indicado Díaz, la recuperación de espacios urbanos, rurales o parroquias es una medida dirigida especialmente a jóvenes con iniciativa creativa que busquen llevar a cabo acciones con un fin principalmente social.

Según el plan, las medidas de sucesión generacional en el ámbito rural están encaminadas a dar relevo generacional en empleos tradicionales. A través de la promoción de escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de Empleo-Formación se incentivará la puesta en valor del patrimonio histórico, natural y cultural, la recuperación de oficios y generación de oportunidades laborales.

En los programas de Empleo-Formación se incluirá la experiencia profesional en las empresas de la zona de intervención, con especial atención a la formación y el empleo en el marco del turismo rural. A su vez, el programa Redes Taller Joven facilitará la movilidad dentro del territorio nacional en función de los intereses de las personas jóvenes con una ayuda específica.

Digitalización, escuelas profesionales duales y de segunda oportunidad

El Plan de Garantía Juvenil Plus también favorecerá el acceso a la tecnología y el desarrollo de habilidades digitales, para lo que los talleres contarán con programas complementarios de búsqueda de empleo mediante herramientas informáticas.  

En el campo de la economía azul con oportunidades en materias como la logística portuaria y de transporte, recursos marinos, turismo o renovables de origen marino, se llevará a cabo un mapa de oportunidades y necesidades en los diferentes territorios, desarrollar itinerarios integrales de empleo con programas de formación específicos.  

Igualmente, el plan apoyará la estancia de las personas jóvenes en centros de investigación y empresas tecnológicas; y las escuelas profesionales duales permitirán conectar la Formación Profesional con el empleo mediante una oportunidad laboral real y remunerada en empresas y un acompañamiento personalizado de entre 12 y 18 meses de duración.  

De su lado, las escuelas de segunda oportunidad permitirán incrementar las oportunidades laborales de aquellas personas que abandonaron sus estudios a una edad temprana, adquiriendo formación en materias clave que permitan el acceso a la formación para obtener certificados de profesionalidad. 

Igualdad, empleo para personas LGTBI y migrantes 

Otros puntos del plan pasan por fomentar la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad mediante diferentes actuaciones desde el ámbito de la orientación, en el marco de los planes de igualdad vigentes, el apoyo al estudio, al empleo y a las mujeres jóvenes en el medio rural que les permita mejorar su empleo y acceder a fórmulas de trabajo autónomo y emprendimiento. 

De igual forma, ante la “discriminación” asociada a la LGTBIfobia, se dispondrá de un programa piloto de inserción sociolaboral para incorporar medidas específicas para erradicar situaciones discriminatorias. Las personas orientadoras recibirán cualificación específica en este ámbito, se financiarán acciones de visibilización, y se realizarán campañas de sensibilización en las empresas. 

En el caso de las personas jóvenes migrantes se incidirá en la orientación y la inserción laboral, al tiempo que se incidirá en la cualificación específica de las personas orientadoras que atiendan al colectivo de jóvenes con discapacidad ante su elevada tasa de paro de larga duración e inactividad,y se financiarán acciones que den visibilidad a la inclusión de este colectivo en el empleo y también las que permitan sensibilizar a las empresas.  

Así, se reforzará el “Servicio Puente” con la contratación de preparadores laborales de apoyo para el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para favorecer un empleo digno, de calidad y con autonomía personal. 

300 millones para modernizar la Formación Profesional

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 301,06 millones de euros entre las comunidades autónomas, procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), para modernizar la Formación Profesional (FP), que tendrán que ser gestionados hasta diciembre de 2022. 

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que en el marco de la ley sobre FP que llegará “pronto” al Consejo de Ministros, se impulsará la capacidad de acreditar entre 450.000 y 500.000 trabajadores mediante un nuevo sistema de evaluación y acreditación del Ministerio de Educación. 

Asimismo, se contempla la conversión de los ciclos de grado medio y superior en ciclos bilingües, la creación de 38.000 nuevas plazas de FP para el curso 2021-2022, que se suman a las 64.000 creadas en lo que va de legislatura, con el objetivo de llegar a las 135.000 plazas en los próximos tres años. 

Al mismo tiempo, se digitalizarán 220 aulas, para llegar a 638 en tres años, y se prevé la dotación de 496 aulas de emprendimiento para que estudiantes puedan crear sus propios proyectos empresariales, en paralelo a la formación de casi 25.000 docentesEl Plan de Recuperación contempla una dotación de 2.000 millones para la Formación Profesional.