El Gobierno recurre a otro préstamo a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones

El nuevo crédito a la Seguridad Social se destina a afrontar las pagas 'extra' de las pensiones que conllevan un desembolso de 20.000 millones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Desde el año 2017 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y a partir de 2018 con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se han ido aprobando distintos préstamos del Estado a la Seguridad Social destinados a afrontar las pagas extra de los pensionistas y a evitar tensiones de liquidez ante la delicada situación financiera del sistema público de pensiones.

Este martes el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 13.830,09 millones de euros, con el objetivo de proporcionar una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones.

No obstante, esto supone un nuevo aumento del endeudamiento de la Seguridad Social, cuyo volumen supera los 85.000 millones de euros, tras haberse incrementado en 30.000 millones en el último año como consecuencia de las transferencias y la crisis.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva transferencia estaba ya consignada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y ha subrayado que el préstamos evidencia el compromiso del Gobierno por hacer sostenible el sistema de la Seguridad Social “a corto, medio y largo plazo”.

La nómina de pensiones de junio y noviembre: 20.000 millones

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso de en torno a 20.000 millones de euros, ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha apuntado que ante este nuevo crédito a la Seguridad Social hay que tener en cuenta las medidas excepcionales tomadas por la Covid-19.

Entre ellas destacan el conjunto de prestaciones para autónomos, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, y la exoneración de cotizaciones por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados con la pandemia. A ello se suma el incremento del gasto en prestaciones de desempleo.

Aunque la situación financiera de la Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente cotizaciones de trabajadores y empresas, el Ministerio admite que como en los últimos años, la concesión del préstamo realizada “asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social planificar con suficiente antelación la disposición de recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios”.

Las cuentas de 2021

El Presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2021 contemplaba un volumen de gasto no financiero de 171.840,8 millones de euros, unos ingresos de 157.547,6 millones y, por tanto, un déficit de 14.293,2 millones de euros, en torno a un 1,3% del PIB estimado para ese año.

Sin embargo, el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno a Bruselas recoge el mantenimiento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social en el periodo y recoge una proyección de un déficit de la Seguridad Social de en torno al 1,5% del PIB este año.

En total, el Estado prevé transferir este año 31.177 millones de euros a la Seguridad Social, con lo que asumirá una parte del déficit del subsector,  además de la concesión del préstamo de 13.830 millones, cifra idéntica a la del ya realizado en 2020. 

Según el Plan Presupuestario de 2021, las transferencias alcanzarán los 18.396 millones de euros este año con el objetivo de asumir los llamados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social por parte del Estado. En el primer trimestre ya transfirió 5.419,89 millones, un 46,78% más por las transferencias recibidas del Estado para financiar el Ingreso Mínimo Vital y para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 por importe de 1.667,06 millones de euros, que en el ejercicio anterior aún no se habían aprobado.

Además de la transferencia a la Seguridad Social, el Estado volverá a realizar otra transferencia de 13.486 millones para las comunidades autónomas este año, por lo que el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

El déficit ‘camuflado’ de la Seguridad Social

Montero ya avanzó en mayo que las transferencias “equilibradoras” del Estado a la Seguridad Social proporcionaban una “contención del déficit de la Seguridad Social y por lo tanto se mantendrían a lo largo del periodo en aras de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Los Fondos de la Seguridad Social cerraron el ejercicio 2020 con un déficit de 29.685 millones, el 2,65% del PIB y el mayor de la historia, frente al déficit del 1,27% registrado en 2019, debido en parte a la crisis de la Covid-19 y el aumento del gasto en 37.197 millones derivado de las medidas aprobadas para paliar los efectos de la pandemia.

De la cifra total de déficit, 15.484 millones correspondieron al sistema de la Seguridad Social y otros 14.342 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mitigado en parte por el superávit de 142 millones de Fondo de Garantía Salarial, lo que en total condujo al déficit histórico de 29.685 millones.

Este déficit histórico de la Seguridad Social se produjo a pesar de que el Estado inyectó 20.000 millones de euros adicionales a la Seguridad Social y 2.300 millones al SEPE para cubrir las prestaciones por la covid con cargo a estos organismos. Sin esas transferencias, el déficit habría superado el 4,5% del PIB el pasado año. Es decir, gracias a las transferencias se ha ‘camuflado’ un déficit que podría haber superado los 50.000 millones de euros.