El Gobierno también pondrá impuestos a la compra de acciones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez planea recaudar cerca de 1.000 millones con un impuesto a la compra de acciones de grandes empresas

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El Gobierno de Pedro Sánchez planea aplicar un impuesto del 0,2% a la compra de acciones de compañías de gran tamaño para recaudar cerca de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo incluye la propuesta en los borradores del impuesto a las transacciones financieras, conocido como «tasa Tobin», tomando influencia del modelo francés, donde se aplicó un tipo del 0,1% que después aumentó al 0,3%. 

Sánchez incluye la propuesta en el plan para el ajuste de 5.000 millones de euros que exige la Unión Europea en 2019. Fuentes cercanas informan de que en el borrador ya se excluye la renta fija o deuda, y que quedarán exentas también las salidas a bolsa (OPV), los bonos convertibles en acciones, los derivados y las liquidaciones de los creadores del mercado.

Pero todo podría cambiar según avancen las negociaciones. Se sabe, por ejemplo, que Podemos reclama penalizar los derivados, según dijeron fuentes a El País. La CNMV rechaza este impuesto y, concretamente, la peticion del partido de Pablo Iglesias sobre los derivados. Desde el Ejecutivo razonan que los derivados prestan coberturas de riesgo legítimas y sería muy fácil desviarlas a otras plazas financieras.

La CNMV ya advierte de deslocalización

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, manifestó que un impuesto a las acciones representa un riesgo de deslocalización y advirtió de que podría tener consecuencias «lesivas» para la economía española. «Es un tema sobre el que la Comisión ha tenido una posición muy clara; se empezó a hablar de él a nivel europeo hace casi 10 años, y la CNMV considera que solo tendría sentido hacerlo de manera coordinada», dijo.

La «tasa Tobin» genera opiniones divididas entre los economistas y políticos, pero países como Francia e Italia ya la aplican en su modalidad de un tipo de un porcentaje pequeño que provoque menos distorsiones. Una fuente explicó a El País que «en Francia se cobra al cierre de la jornada» y que «se trata de un coste más que se tiene asumido».

«Aunque es cierto que en el primer año cayó el volumen contratado sobre un 10%, no se considera que haya supuesto un obstáculo insalvable», agregó la fuente. Pero los críticos argumentan que para que funcione debe aplicarse en toda la zona euro, o de lo contrario no aplicarse del todo.

Sánchez se inspira en el caso de Francia, que en 2016 recaudó 947 millones de euros con un impuesto del 0,2% a las acciones, y en 2017 sumó otros 1.450 millones cuando aumentó el tipo al 0,3%. El país vecino aplica el impuesto solo a empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones.

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