El Tribunal de Cuentas alerta del impago de créditos concedidos con el aval del Estado

El tribunal concedió casi 90 millones de avales a más de 600.000 empresas durante 2020

Tribunal de Cuentas/ EFE

El Tribunal de Cuentas ha alertado del impago de créditos concedidos durante la pandemia con el aval del Estado. El órgano fiscalizador de las cuentas ha asegurado que empezarán a manifestarse de «manera intensa en ejercicios futuros» y será objetivo de una «futura fiscalización».

El tribunal ha aprobado tres informes de fiscalización sobre la respuesta de la Administración a la crisis sanitaria, uno de ellos centrado en los avales del ICO y en el que se constata que ya se han producido las primeras solicitudes de ejecución de avales de Estado a préstamos impagados que fueron concedidos a empresas y autónomos durante la crisis de la Covid-19.

«La ampliación y generalización de los plazos de carencia para la devolución de este tipo de préstamos hacen previsible que los impagos y las consecuentes ejecuciones de los avales empezarán a manifestarse de manera intensa en ejercicios futuros», ha explicado el tribunal en un comunicado, que cifra en casi 90.000 millones los avales otorgados por el ICO en 2020 a más de 600.000 empresas y autónomos.

En otro informe centrado en las ayudas sociolaborales y de la Seguridad Social, el tribunal concluye que el coste medio por beneficiario de cada ayuda «se ajustó a criterios de razonabilidad económica».

La mayoría se concedieron a los autónomos

Según su análisis, las medidas con mayor grado de cobertura fueron las dirigidas a los trabajadores autónomos, llegando al 26,5 % del colectivo, seguidas de las destinadas a la protección del tejido empresarial y del empleo por cuenta ajena aprobadas para las empresas en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la covid-19, con un alcance medio del 17,9 %.

Las bonificaciones en las cuotas empresariales otorgadas en el sector turístico han tenido una amplia cobertura, llegando a más de un 70 % de sus beneficiarios potenciales.

El tribunal calcula que la medidas sociolaborales costaron 28.810 millones en 2020, de los que el servicio público estatal de empleo asumió 15.426 millones (un 53,5 % del total), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 7.426 millones (25,8 %) y la Tesorería General de la Seguridad Social 5.837 millones (20,3 %).