Enmienda de BBVA a las cuentas del Gobierno: Ingresos irreales y lastre fiscal a las empresas

BBVA Researh ha enmendado con su valoración el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 principalmente por estimar que recoge unas proyecciones de ingresos «optimistas» e incluir «elementos preocupantes» como la subida de impuestos y del Salario Mínimo que aumentará el coste para las empresas.

También cuestiona la revalorización de las pensiones con el IPC, porque supone un «riesgo» sobre la sostenibilidad del sistema, e igualmente el aumento de los salarios públicos ligados a la inflación porque generará una «fuente de desigualdad» entre trabajadores.

El servicio de estudios de la entidad ve «razonable» que el proyecto de PGE para 2022 continúe con la política fiscal expansiva iniciada con los presupuestos anteriores y mantenga un ‘techo de gasto’ en máximos históricos, al utilizar el espacio que permite la suspensión de las reglas fiscales en Europa y la situación cíclica de la economía para la reducción del déficit, sin medidas adicionales.

Sin embargo, advierte de que tanto el cuadro macroeconómico del Gobierno, que apunta a un crecimiento del 7% en 2022, como las proyecciones de ingresos son «optimistas» conforme a sus supuestos económicos. Y es que BBVA Research ha acometido una profunda rebaja de su previsión de crecimiento de la economía española tanto este año, pasando del 6,5% al 5,2%, como en 2022, reduciéndolo del 7% al 5,5%, por factores como la crisis energética y de las materias primas, el retraso en los fondos europeos o la revisión del INE del crecimiento del segundo trimestre.

El proyecto de PGE estima que los ingresos tributarios subirán un 8,1%, hasta el hito de 232.352 millones de euros gracias a la reactivación económica lograda por la vacunación. BBVA Research los ve algo inflados, pero también apunta que la recaudación ha venido sorprendiendo «positivamente» desde el inicio de la crisis.

Así lo ha señalado este martes el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, que junto al director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia, y el economista jefe para España, Miguel Cardoso, han presentado el último informe ‘Situación España’, correspondiente al cuarto trimestre.

Impuestos y SMI: un «coste adicional» para las empresas

Entre las medidas recogidas en las nuevas cuentas públicas que ven más «preocupantes» en BBVA Research se encuentran, además del optimismo en las previsiones económicas y de recaudación, el mayor gasto de la indexación de pensiones y salarios públicos al IPC y el impacto de las subidas de impuestos y del Salario Mínimo en las empresas.

Doménech ha avisado de que los incrementos impositivos, como el tipo mínimo del 15% en Sociedades a empresas que facturen más de 20 millones, o en las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, con un alza del 1,7% en 2022, no generan certidumbre en un entorno donde todavía no se recupera el nivel de actividad pre-pandemia, que no llegará hasta dentro de varios trimestres, y además añaden un «coste adicional a las empresas».

Sobre el Salario Mínimo ha apuntado que, en sí mismo, es «marginal» cuando se compara con el agregado de los últimos años, con un aumento de casi el 50% desde 2017, pero aún así es un incremento más en los costes de las empresas, que se añade a la falta de disponibilidad de insumos, el aumento en el precio de las materias primas y el coste de la energía. 

Ha hecho hincapié en que la indexación de las pensiones con el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad (mecanismo de ajuste de las pensiones con arreglo a la esperanza de vida), sin que se haya aprobado un mecanismo de equidad intergeneracional, suponen «un riesgo para la sostenibilidad del sistema».

Tampoco ve positiva la reducción de los incentivos a ahorrar a través de planes de pensiones, ha dicho, remarcando que los planes de pensiones individuales son complementario y «en ningún caso» sustituyen a los de empresa.

Adicionalmente, cuestiona también el incremento de los salarios públicos ligado al IPC (en 2022 subirán un 2%) porque será una «fuente de desigualdad entre trabajadores» y eleva el riesgo de que la negociación colectiva en el sector privado se vea contaminada durante los próximos meses

Presión al alza en los precios

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research ha pedido ser «prudentes» con este aumento de salarios públicos, ya que la mayor parte de la inflación se explica por el aumento en el precio de un solo componente (electricidad), lo que sería una presión más a la baja sobre los márgenes de las empresas.

Así las cosas, ha pedido a evitar efectos de segunda ronda como resultado de una inflación «importada del exterior». «Hay que evitar que esto contamine todo el proceso de generación de rentas en el país»; ha enfatizado.

A nivel interno, BBVA Research muestra su preocupación por la sostenibilidad de la recuperación del sector turístico, así como el impacto de los diversos aumentos en el coste de producción sobre los márgenes de las empresas, la ejecución del gasto público y el avance en algunas reformas clave.

Menor déficit este año pero más en 2022

El Gobierno utilizará la política expansiva que permite la suspensión de las reglas fiscales europeas y la situación cíclica de la economía para reducir el déficit público, sin medidas adicionales del gasto, de forma que tras cerrar el año pasado casi en el 11% del PIB, estima que el desajuste baje al 8,4% este año y al 5% en 2022.

Las previsiones de déficit y deuda públicas del Gobierno son algo más pesimistas en 2021 y más optimistas en 2022 que las de BBVA Research, ya que el organismo augura un déficit del 7% este año y del 5,3% el próximo ejercicio. Ve «optimista» el pronóstico de déficit del Gobierno para el próximo ejercicio, ya que para lograrlo se requeriría un esfuerzo de contención del gasto que no se observa en los Presupuestos.

Entre tanto, el déficit primario (sin intereses) se mantiene elevado alrededor del 3% del PIB, y un nivel de endeudamiento por encima del 119,8% del PIB este año y el 117,3% en 2022, que suponen una «situación de fragilidad», avisa el servicio de estudios, frente a las estimaciones del Gobierno de una ratio del 119,5% y el 115,1%, respectivamente.