España gastará más de 6.500 millones de euros al mes por los ERTE

El Gobierno subestima el gasto de los ERTE y cree que solo necesitará 1.153 millones de euros

Los ERTE, a pesar de que han sido uno de los mecanismos que han conseguido frenar la sangría de despidos durante el estado de alarma, va a suponer un quebradero de cabeza para el Gobierno.

Según José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, el Gobierno espera que se cierre el año con un total de 700.000 personas en esta situación, con una reducción del 30% respecto al inicio de la pandemia.

El titular de la cartera, también adelantó este martes que el sistema laboral ha reabsorbido a 120.000 personas que han salido de los expedientes de regulación, si bien reconoce un aumento de unos 180.000 desde noviembre a principios de diciembre por el cierre de muchas actividades.

Costes disparados este año

El Gobierno tendrá que asumir, a cierre de 2020, un coste total de “más de 30.000 millones de euros” por los ERTE, de acuerdo con las estimaciones del ministro de Seguridad Social, Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Una cuantía muy superior a la que manejaba el propio Gobierno el pasado mes de octubre. Concretamente, el Ejecutivo tendrá que hacer frente a una partida extra de algo más de 6.000 millones de euros en los expedientes de regulación temporal de empleo para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Por aquellos entonces, el Gobierno estimaba que en todo el año 2020 se gastaría 17.840 millones de euros en financiar las prestaciones de los ERTE y otros 6.349 millones en las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son ampliamente superiores a las que han manejado autoridades económicas y fiscales como la AIReF ya que, de acuerdo a sus previsiones, el montante total que tendría que hacerse cargo las arcas públicas por los expedientes de regulación temporales era de unos 21.000 millones de euros.

El Gobierno subestima el coste de los ERTE

Como viene contando este medio, el Gobierno considera que el paro se reducirá hasta el 17,6% y que los expedientes de regulación temporales de empleo se irán reduciendo progresivamente conforme la pandemia vaya remitiendo.

Las partidas presupuestarias enviadas a Bruselas por el Ejecutivo incluyen un importante descenso en la partida para la financiación de las prestaciones por desempleo durante el año próximo, que se reducirán en torno a 18.900 millones de euros, principalmente por la caída de la financiación destinada a sufragar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Así, las previsiones del Gobierno apenas contemplan gastos de 718 y 435 millones, respectivamente, por estos conceptos, es decir, un total de 1.153 millones para los ERTE en 2021 por cada mes.

La AIReF eleva el gasto

Pero a pesar de las proyecciones del Gobierno, la AIReF aseveró esta misma semana que los expedientes de regulación de empleo temporal estarán a la orden del día, al menos hasta mediados de año.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, transmitió al Senado los Fondos de la Seguridad Social que tendrán que asumir un coste de 4.171 millones de euros en prestaciones contributivas por desempleo ligadas a los ERTE en 2021 por cada mes, cifra a la que se habrán de sumar otros 2.271 millones en exoneraciones de cotización vinculadas a estos instrumentos. Ello hace un total de casi 6.500 millones por cada treinta días del año que viene.

Alternativa a los ERTE

El Gobierno y agentes sociales llevan reuniéndose durante meses para prorrogar las medidas de los expedientes de regulación. Recordemos que a finales de enero caducan las prórrogas y que, por tanto, las diferentes partes implicadas deberán llegar a un acuerdo antes de que finalice el nuevo mes que entra la semana que viene.

No obstante, CEOE, Trabajo y sindicatos trabajan en un modelo alternativo a medio plazo”con el fin de consolidar su papel para la adaptación de nuestra economía, en línea con otros países europeos, protegiendo el tejido productivo, el empleo y a los trabajadores en un marco de mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y mayor contribución a la estabilidad económica”.