Hacienda recaudó un 18,6% menos en lucha contra el fraude en 2020

Las actuaciones de la Agencia Tributaria en el año 2020 se vieron en parte afectadas por la crisis del coronavirus y ello ha influido en que la recaudación de la lucha contra el fraude tributario y aduanero se haya desplomado un 18,6% en 2020, hasta los 12.787 millones de euros, frente a la cifra récord de 15.715 millones de euros del año pasado.

Así se desprende de los datos de control tributario elaborados y publicados este jueves por la Agencia Tributaria, que en total cifra la recaudación por fraude en la cifra récord de 17.274 millones de euros, un 9,9% más que en 2019, si bien cabe tener en cuenta que se incluyen determinadas partidas puntuales que distorsionan el dato real.

El propio organismo advierte de que los resultados alcanzados en 2020 incluyen expedientes de minoración de pagos fraccionados por una cuantía de 4.487 millones que serán de «difícil repetición «en otros ejercicios. Fuentes del organismo señalaron a Economía Digital que la cifra de 17.274 millones no es por tanto homogénea o efectiva en términos comparativos.

Foco en grandes empresas, multinacionales y grupos

La situación generada por la crisis sanitaria, con suspensión de plazos administrativos durante un total de 78 días y restricciones de movilidad con distinta intensidad a lo largo del año, llevó a la Agencia Tributaria en 2020 a una necesaria adaptación de su actividad de control tributario inspector.

Tras una reactivación de las actuaciones inspectoras en los meses posteriores al periodo de suspensión de plazos establecido en el contexto del estado de alarma, en otoño se produjeron más limitaciones a la movilidad que afectaron nuevamente al desarrollo y cierre de actuaciones en distintos ámbitos, explica la AEAT.

En ese contexto, la Agencia decidió priorizar aquellas actuaciones que no exigían la presencia de los contribuyentes o sus asesores, lo que llevó a aumentar un 29,1% las actuaciones de análisis de la información, pero también se puso el foco en actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos, con un alza del 7,9%, mientras que se aplazaron hasta 2021 aquellas actuaciones que requerían presencia física. 

También se aplazaron las actuaciones con un periodo habitual de maduración más corto, lo que redujo las actuaciones de comprobaciones formales, hasta 27.921 (-67,9%) donde se recogen las derivadas de planes de visitas, con la finalización de 14.533 expedientes, un 52,7% menos que el año anterior, y también las de análisis patrimonial y societario, hasta 2.098 (-14,3%), ocultación de actividad y abuso de formas societarias, con 4.346 (-17,1%) y control de actividades económicas, 533.788 (-2,7%).  

La AEAT realizó el año pasado más de 1,62 millones de actuaciones de control sobre tributos internos, un 2,3% menos. La priorización de actuaciones llevó a que a final de año se pudiese retomar parte de la paralizada, de forma que frente a un periodo de suspensión de plazos que representó el 21% del total de días del año, el número de expedientes notificados en 2020 finalmente solo descendió un 7,8%. 

3.000 millones por la fiscalidad internacional de multinacionales

En paralelo, el Fisco regularizó el pasado año bases imponibles por un importe total de 3.076 millones de euros en el ámbito de la fiscalidad internacional de las multinacionales, lo que supone un 67% más que el año anterior, a partir de 82 comprobaciones inspectoras realizadas con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional.

A su vez, la ONFI participó en la gestión de 54 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con un resultado
estimatorio, más del doble que el año anterior, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de 3.477 millones de euros, un 66% más que el pasado año.

En el ámbito de la fiscalidad internacional también hay nuevos resultados en materia de actuaciones sobre grandes empresas tecnológicas, con la regularización de bases imponibles por un importe superior a los 130 millones de euros y la revisión al alza de hasta 800 millones de euros en el cálculo de bases imponibles aseguradas por APA para los próximos años.

Grandes patrimonios y falsos no residentes

Además, el control sobre las personas físicas titulares de grandes patrimonios de personas físicas permitió liquidar deuda por un importe de 437 millones de euros a este perfil de contribuyente, lo que supone un descenso del 28% con respecto al año anterior, pero un incremento del 25% con respecto a las cifras de hace dos años. Así, desde 2018 -año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes- hasta ahora, se han liquidado casi 1.400 millones de euros en un total de 2.100 expedientes.

La Unidad ha impulsado la nueva herramienta basada en análisis ‘big data’ para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, a partir de la cual el año pasado ya se iniciaron actuaciones de comprobación sobre 126 contribuyentes.

De igual forma, sigue avanzando en otros proyectos ya iniciados, como la identificación automatizada de usuarios de viviendas en España de alto valor formalmente en manos de sociedades extranjeras, o el catálogo de más de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo de cuyo análisis se puede derivar el afloramiento de irregularidades fiscales de grandes fortunas y patrimonios directamente ocultos detrás de sociedades instrumentales.

Lucha contra la economía sumergida

En el marco de la lucha contra la actividad no declarada, y pese a las dificultades para iniciar actuaciones por personación por la situación sanitaria, el pasado año se realizaron 2.157 inspecciones en las que se puso de manifiesto la existencia de ventas ocultas, con unas cuotas liquidadas de 521 millones de euros.

Al mismo tiempo, se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 332 millones de euros, un 10% más que el año previo, a partir de actuaciones realizadas en años anteriores con participación de las Unidades de Auditoría Informática. En los últimos cinco años estas actuaciones han llevado a regularizar 1.600 millones de euros en más de 22.100 actas.

Respecto al control de alquileres sumergidos, donde sigue destacando el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del IRPF. En cinco años, estos avisos han generado un incremento de más de 252.000 declarantes, con una mayor base imponible declarada de más de 3.000 millones de euros.

A su vez, el pasado año, el Área de Informática de la Agencia Tributaria concluyó la fase de desarrollo de un nuevo proyecto para la detección de facturación irregular y sus resultados se han puesto ya en el presente año a disposición del Área de Inspección para futuras actuaciones de control.

195 millones por información de cuentas del exterior

El control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información de cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo ‘Fatca’ con EEUU han permitido liquidar en cuatro años más de 630 millones de euros a casi 1.900 contribuyentes, de los cuales 195 millones a casi 700 contribuyentes se han concentrado en 2020.

También al objeto de aflorar fondos ocultos en el extranjero se han continuado las liquidaciones a partir de la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (‘tarjetas offshore’).

Esta información ha permitido a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 37 millones de euros en 2020 y un total de 133 millones desde 2018. Además, el año pasado se dieron de alta expedientes que afectan a 40 contribuyentes con tarjetas ‘offshore’ y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro.

Comercio electrónico y control recaudatorio

En 2020 ha dado sus primeros frutos el proceso de identificación a efectos fiscales de contribuyentes extranjeros que generan actividad sujeta a impuestos en España, que ha permitido censar ya a 7.700 comerciantes extranjeros, la gran mayoría, empresas, que venden a través de plataformas ‘online’.

A raíz de esta campaña, han regularizado bases imponibles de IVA por importe de 400 millones de euros. La Agencia Tributaria confía en extender la relación cooperativa abierta en este campo con las plataformas de comercio electrónico.

Dentro del área de Recaudación, también se han continuado impulsando las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias. Subió un 39% el número de acciones judiciales (579) ejercitadas en 2020 por la Agencia para la consecución del pago de deudas.

A su vez, se realizaron 26.746 derivaciones de responsabilidad a terceros, un 13,6% más, se han tramitado 665 expedientes de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor (8,8% más), y se tramitaron también 72.495 expedientes (34% más) para la investigación patrimonial de deudores que puedan estar utilizando diversas figuras defraudatorias, como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros.