La deuda pública de Cataluña roza ya los 90.000 millones a la espera de la quita y el ‘cupo’

La deuda pública de Cataluña roza ya los 90.000 millones, de los cuales gran parte está contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y suma 3.000 millones más que en el tercer trimestre de 2023, cuando comenzaron las negociaciones entre el PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez y que culminaron con la promesa de condonar más de 17.000 millones en su ‘debe’.

De acuerdo con los últimos datos de deuda pública del Banco de España, en el primer trimestre de este año la deuda total de las comunidades autónomas se situó en 338.151 millones de euros y prácticamente dos de cada tres euros que deben las regiones es al Estado, a través del citado FLA (ahora, Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas), un monto que alcanza los 208.898 millones.

Y Cataluña es, de lejos, la comunidad con un mayor endeudamiento de las 17: 89.700 millones al cierre de marzo, 665 millones más que al cierre de 2024 en un momento en el que el Gobierno que preside Salvador Illa (PSC) no es capaz de sacar adelante unos Presupuestos y está aprobando ampliaciones puntuales de crédito para financiar algunas de sus políticas.

La deuda pública se mide habitualmente en relación con el tamaño del producto interior bruto (PIB) para hacerla comparable y que las variaciones nominales no distorsionen el escenario. Con este enfoque, la ratio de endeudamiento de Cataluña bajó en el primer trimestre al 29,6% del PIB, encadenando tres trimestres de caída y estabilizándose por debajo del umbral psicológico del 30%.

Sin embargo, en términos nominales ya se acerca peligrosamente a los 90.000 millones, lo que reduce los efectos de la condonación pactada hace ya casi dos años y que el Ministerio de Hacienda quiere sacar adelante este mismo año. El grueso de la deuda catalana es con el Estado: 78.513 millones.

El Ministerio de Hacienda cerró en febrero el acuerdo con ERC sobre la metodología para condonar la deuda autonómica, un instrumento que se aprobó en un bronco Consejo de Política Fiscal y Financiera (el organismo que reúne al Ejecutivo central con los regionales, una reunión de la que se levantaron en bloque todos los consejeros de PP) y que ahora está pendiente de aprobarse en Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario.

En el Gobierno confían en que este trámite legislativo, a pesar de que se haya recurrido el acuerdo del CPFF por parte de la Comunidad de Madrid, pueda estar finalizado antes de que termine 2025, de tal manera que el Estado asumiría 83.252 millones de deuda pública autonómica. Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones) serán las regiones más beneficiadas por el perdón, sumando entre las tres más de la mitad del total a condonar.

Además, las cuentas públicas también está pendiente de que salga adelante la financiación singular para Cataluña, otro de los compromisos del PSOE con ERC, este para investir a Salvador Illa al frente de la Generalitat.

La consejera de Economía y Finanzas catalana, Alicia Romero, se comprometió durante una conferencia impartida en Madrid hace dos semanas a tener la propuesta para ese modelo de financiación por el que Cataluña recauda todos los impuestos que se generan en la región y paga una parte al Estado antes de finalizar junio. Esto es, en apenas dos semanas.

«Lo que estamos planteando es un modelo más transparente, un modelo más fácil en el que todos podamos mejorar. Pero, eso sí, donde también se reconozcan las singularidades que ya existen: Canarias tiene un régimen fiscal propio, Cataluña tiene competencias transferidas que no tienen otras comunidades autónomas…», dijo la consellera, que defendió un nuevo esquema de reparto donde ser reconozcan esas «asimetrías» y que sea generalizable al resto de regiones.

«Nuestro modelo de financiación es un modelo singular generalizable. Estamos trabajando en un modelo que es para Cataluña y que se puede generalizar y que cualquier comunidad autónoma se puede añadir», subrayó.

Con todo, hay dudas también de que esa ley, que reforma la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) pueda salir adelante, ya que algunos potenciales socios, como Compromís, no lo ven con demasiados buenos ojos. Y Junts, por cuyos siete votos pivota la legislatura, tampoco querrá dar tan fácilmente una victoria a sus adversarios de ERC. Mientras, la factura crece y la salida de Cataluña a los mercados financieros se complica.