Los alcaldes reclaman una compensación a Montero mientras no cobren la plusvalía

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está «volcada» desde este martes en buscar una solución inmediata para las haciendas locales tras la anulación del impuesto de plusvalía local por el Tribunal Constitucional.

La alerta fue generalizada en todos los consistorios de España porque sus presupuestos peligran al entender que el cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -la plusvalía local-, su sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad.

Los ediles de los principales partidos reclaman a la FEMP una «reunión de urgencia» para presionar al Gobierno y que acelere una solución para salvar las cuentas de las administraciones locales.

Según los datos de la Intervención General de Estado (IGAE), los ayuntamientos ingresaron por el impuesto sobre plusvalía, en 2018, un total de 2.354 millones.

Los alcaldes consultados por Economía Digital aseguran que «es necesario convocar la Junta de Gobierno extraordinaria de la FEMP para tomar nuestras propias decisiones ante la inseguridad jurídica».

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, asegura este miércoles que, primeramente, el organismo esperará a recibir la sentencia del Constitucional y, después, convocará, tal y como solicitan los ediles, una Junta de Gobierno para fijar una postura común sobre el tema.

«Solicitamos al Gobierno y al parlamento premura en esta cuestión para que llegue de la forma más rápida posible a los efectos de las haciendas locales», continúan señalando.

El PP exige un fondo de compensación

Desde el Partido Popular también están presionando a Hacienda y reclaman que se modifique la legislación para instaurar de nuevo la plusvalía, pero por la vía urgente, vía decreto ley. Además, exigen que el ministerio presidido por María Jesús Montero articule un fondo para compensarles mientras no cobren el impuesto.

El vicesecretario general de Política Territorial, Antonio González Terol, exige a Montero, además, la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para incluir este asunto en el orden del día.

El dirigente popular lleva meses reclamando que se celebre este cónclave, la última en una entrevista en exclusiva a Economía Digital, donde criticó que los consistorios no hubieran cobrado todavía ni el IVA de diciembre de 2017, ni los fondos europeos. Ahora se suma este problema que podría poner en peligro a numerosas haciendas locales.

Terol ha pedido explicaciones al Gobierno señalando por qué «no han sido capaces en la legislatura de abordar la reforma del impuesto de plusvalía, cuando el PP ya había dejado redactado un proyecto de ley que buscaba dar seguridad jurídica a las Entidades Locales, pero sobre todo, a los contribuyentes».

El vicesecretario del PP interpeló sobre esta cuestión a la secretaría de financiación autonómica y local preguntándole «si el Gobierno ha previsto alguna solución ante la nulidad de la plusvalía».

Así, remarcó que el Ejecutivo «acaba de destruir los presupuestos del conjunto de los más de 8.000 Ayuntamientos de España», al tiempo que ha insistido en que «su dejadez en buscar una solución, hace imposible, tras la resolución del TC, que aprueben en tiempo y forma los presupuestos municipales».

Una respuesta rápida

Por su parte, el vicepresidente y el portavoz del Grupo Popular, los alcaldes de Estepona y Zaragoza, respectivamente, José María García Urbano y Jorge Azcón, solicitan que la FEMP aborde con carácter inmediato la repercusión que va a tener la resolución del Alto Tribunal.

La sentencia que supone de facto declarar la inconstitucionalidad del tributo «va a generar una enorme inseguridad jurídica y un serio problema a municipios y provincias para los que va a resultar prácticamente imposible poder aprobar sus cuentas».

En este sentido, ambos alcaldes populares consideran que, una vez más, «son los Ayuntamientos los paganos de la cerrazón y la desidia del Gobierno al no haber aprobado una normativa que regulara adecuadamente el gravamen».

Según explican los populares, «esta sentencia es una piedra más en el camino que viene a sumarse a las tensiones de tesorería que vienen sufriendo Ayuntamientos y Diputaciones desde que comenzara la pandemia, debido al abandono absoluto al que les ha sometido el Gobierno de Sánchez, quien no ha destinado un solo euro de dinero público nuevo a aliviar los gastos extraordinarios que han tenido que asumir para seguir prestando a los vecinos los servicios públicos con todas las garantías.

Por este motivo, el Grupo Popular en la FEMP, encabezado por su vicepresidente y su portavoz, han urgido a que la institución que preside Abel Caballero «se posicione en relación a la sentencia para así cumplir con su deber de defender los intereses del conjunto de los Ayuntamientos de España».