Malestar sindical con Escrivá por las pensiones y su alineamiento con Calviño

Escrivá hará 'guiños' el lunes en el Congreso sobre la revalorización de las pensiones con el IPC y la jubilación anticipada

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Miraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El nombramiento de José Luis Escrivá como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sorprendió en el sector económico, que acogió vio con buenos ojos la decisión como contrapunto dentro de la coalición, si bien desde el principio produjo ciertos recelos en las organizaciones sindicales por ciertos postulados económicos considerados más “hortodoxos” por las centrales durante su anterior etapa como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esos recelos se han ido acrecentando con el tiempo a medida que el ministro ha dio desplegando su hoja de ruta de medidas en medio de la dificultad de gestión de la pandemia y se han ido conociendo sus intenciones de cara al sistema público de pensiones o sus posicionamientos respecto a cuestiones como la derogación de la reforma laboral o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo señalan a Economía Digital distintas fuentes sindicales, que hablan de malestar en las organizaciones como consecuencia del retraso de algunas de las decisiones inicialmente previstas sobre pensiones, en lo que consideran que significa un incumplimiento de algunas de las recomendaciones acordadas en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo.

De hecho, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones este lunes frente al Ministerio de Asuntos Económicos para pedir al Gobierno que eleve el SMI y derogue las reformas de laborales de 2011 y 2012 y la reforma de pensiones de 2013.

Sindicatos y CCAA presionan para despenalizar la jubilación anticipada

La última gran discrepancia gira en torno a la despenalización de las prejubilaciones anticipadas para los jubilados con una carrera laboral de más de 40 años, situación que atañe a alrededor de más de medio millón de parados de la crisis que se vieron obligados al retiro temprano en su carrera laboral y ahora sufren las consecuencias de la normativa, con una reducción de sus pensiones que llega a alcanzar hasta el 40%.

El propio Escrivá se ha referido a este asunto como un “problema” y ha admitido la “injusticia” de las penalizaciones de la jubilación anticipada en los casos de personas que con carreras laborales especialmente largas, con 40 o más años de cotización, que eran más frecuentes en el pasado.

Sin embargo, el ministro aplazó la reforma de la jubilación anticipada para despenalizar a los casos de trabajadores con largas carreras para el año que viene, encuadrándolo en el calendario para el paquete de medida de carreras profesionales y del cómputo de las pensiones y postergando el asunto para contar con más información al respecto.

Desde UGT reclaman una reforma que establezca unas pensiones “suficientes y sin recortes” dentro de un sistema sostenible, y por tanto sin déficit, así como la necesidad de salvaguardarlas con un sistema legal que impida que los sucesivos gobiernos recorten las pensiones en contextos de crisis.

El asunto también está teniendo su eco en el ámbito divil. La Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 años o más (Asjubi40) denuncia que el Gobierno les da la ·”espalda” al plantear la posibilidad de retrasar hasta 2022 la revisión de la legislación que actualmente penaliza a los pensionistas con largas carreras de cotización que se jubilan de forma anticipada, ya sea de forma voluntaria o forzosa.

De hecho, 15 de las 17 comunidades autónomas, salvo La Rioja y Canarias, que lo hará en breve, se han sumado mediante la aprobación de propuestas no de ley (PNL) a esta reivindicación liderada por la plataforma Asjubi40 con el apoyo del sindicato UGT para eliminar los coeficientes reductores cuando se haya trabajado 40 años o más, tanto para los actuales pensionistas como para los futuros.

Mandato del Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo aprobó el pasado mes de octubre sus recomendaciones para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y mejorar la estructura y configuración de las pensiones, y en la recomendación número 12 estipulaba que antes del pasado 18 de febrero el Ministerio de la Seguridad Social tenía que haber presentado un informe de impacto financiero para la Seguridad Social de la despenalización de las prejubilaciones anticipadas.

Conforme a la legislación actual este tipo de pensiones pueden llegar a sufrir una merma de entre el 8% y el 40% por los coeficientes reductores que se aplican sobre las carreras laborales que se acortan antes de tiempo, algo que desde los sindicatos denuncian que en muchos casos se debió a las consecuencias de la crisis pasada.

Esta semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió a Escrivá de que el pacto de las pensiones no incluye seguir penalizando más las jubilaciones anticipadas, una medida sobre la que avisó de que podría dificultar los procesos de reestructuración de sectores como la banca, la distribución o el turismo, y en los casos de difícil reinserción laboral.

Escrivá hará ‘guiños’ este lunes en el Congreso: pensiones con el IPC

El asunto de la despenalización de la jubilación anticipada a carreras largas, el endurecimiento de la jubilacion anticipada voluntaria para penalizar a los trabajadores de mayores salarios y el fomento, vía incentivos, del alargamiento de los periodos activos se encuentra en fase de negociación con sindicatos y empresarios por parte del Ministerio.

Para Escrivá el sistema actual de coeficientes reductores es regresivo y acaba penalizando en mayor medida a los trabajadores con rentas más bajas, por lo que trabaja en una reforma que implique una reducción mayor para todos aquellos trabajadores con salarios más altos que opten por jubilarse anticipadamente.

Escrivá proyecta ir aprobando todos estos asuntos por fases, en buena medida a en el último trimestre de este año y así hasta finales de 2022, si bien el siguiente paso que pretende acometer, en el que hay consenso casi total, es sobre el nuevo índice de revalorización de las pensiones conforme al IPC, en sustitución de la anterior fórmula del 0,25% del Ejecutivo del PP.

En cualquier caso, este lunes el ministro comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y allí avanzará novedades sobre el mecanismo para indexar de ahora en adelante las pensiones con arreglo al IPC y se prevé que avance la presentación del informe financiero sobre la despenalización de las jubilaciones anticipadas de 40 años o más.

Alineamiento con Calviño en SMI y reforma laboral

Otros de los motivos que explican el enfado de los sindicatos con Escrivá es que le ubican en el bloque de la coalición proclive a los postulados de la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha protagonizado varios choques con la parte de la coalición de Unidas Podemos por sus distintas visiones económicas.

Así, Escrivá se ha alineado con Calviño en asuntos como el del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), abogando al igual que Calviño por postergar la subida de este año a más adelante, cuando se encauce la recuperación, algo que no sentó nada bien en el ‘bando’ gubernamental de Unidas Podemos liderado por Palbo Iglesias, ahora ya por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

También se ha mostrado Escrivá públicamente más cercano a la postura de Calviño de “no mirar atrás” en cuanto a los cambios de la reforma laboral, frente a la exigencia de Podemos y los sindicatos de derogar la reforma laboral del PP de 2012.

Sobre estos dos asuntos la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avisado de que no va a compartir un diseño de las pensiones que tenga que ver con recortes, recordando que el problema de las pensiones no es de gasto público sino de “ingresos”.

Díaz también ha dejado claro que seguirá reclamando la subida del SMI al ser necesaria sobre todo para mujeres y jóvenes, dos de los colectivos más afectados, y ha planeado en el inicio del diálogo social para modernizar el mercado laboral asuntos como el de la subcontratación que inquieta a CEOE.