Escrivá cierra los últimos flecos del primer bloque de la reforma de pensiones

Nuevo acuerdo del Gobierno en el marco del diálogo social para cerrar los flecos pendientes de la primera parte de la reforma de pensiones, aprobada el pasado verano y actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso, que introducirá estos últimos puntos vía enmienda durante la tramitación.

Fuentes del diálogo social confirman a Economía Digital que el el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había fijado para este lunes la fecha límite para cerrar los puntos que quedaban pendientes del primer bloque de la reforma de pensiones, en las que también ha negociado CEOE.

Aunque la patronal se ha descolgado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), trascendental en la reforma y que ha generado una gran polémica al suponer un incremento de cotizaciones entre 2023 y 2032, fuentes de la organización explican a este medio que solo se salieron del acuerdo en ese punto preciso pero continúan en las conversaciones para fraguar consenso en torno al resto de aspectos.

Cotización de becarios: llega con retraso y cuidadores de dependients

El acuerdo suscrito en el marco del diálogo social en julio estableció que en el plazo máximo de tres meses se deberá desarrollar un reglamento que garantice que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social, fijando un descuento del 75% en la cotización de estas prácticas.

A pesar de que el plazo marcado habría vencido a principios de octubre, el departamento de José Luis Escrivá ha logrado recabar un consenso para retomar este asunto pendiente.En el año 2018 el Gobierno dio luz verde a una norma que obligaba a dar de alta en el sistema a los becarios, pero no estableció el reglamento preciso para su puesta en marcha.

Conforme a los parámetros del acuerdo, fuentes sindicales explican a este medio que todos los estudiantes en prácticas deberán cotizar, tanto aquellos que realicen prácticas remuneradas, supuesto que ya está en vigor, como aquellas no remuneradas.

Fuentes gubernamentales apuntan a este medio que el nuevo reglamento supone la inclusión de cerca de medio millón de estudiantes al régimen de cotización de la Seguridad Social, con las consecuentes contribuciones y adquisiciones de derechos de cara a futuras bajas, prestaciones por desempleo o pensión.

Se contempla, según el texto del acuerdo, “la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado“.

En paralelo, se ha consensuado la financiación para compensar las cuotas de los cuidadores de personas en situación de dependencia que han reducido su jornada laboral para atenderlas puedan seguir manteniendo íntegras sus bases de cotización.

Viudedad de las parejas de hecho y mecanismo de equidad intergeneracional

De igual forma, se ha logrado un consenso para otro de los flecos pendientes, el de la revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios, según confirman a Economía Digital en fuentes de los interlocutores sociales.

El pasado lunes el Gobierno acordó de forma bipartita con los sindicatos, y por tanto sin CEOE, el nuevo y polémico mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que conlleva una subida de cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2032 para pagar las pensiones de los ‘baby boomers’, en torno a 14 millones de personas nacidas entre 1958 y 1977, para generar un ‘colchón’ al Fondo de Reserva, conocido como ‘hucha de pensiones’, que actualmente cuenta con poco más de 2.000 millones.

El 80% de la subida de cotizaciones (0,5 puntos) recaerá sobre las empresas frente al restante (0,1 puntos) sobre las cotizaciones que pagan los trabajadores. Esto supone un impacto de unos 2 euros al mes de cuota, mientras que para las empresas se eleva hasta los 10 euros más por cada trabajador. La asociación UPTA cifra en 5 euros mensuales el esfuerzo contributivo que supondrá la medida para los trabajadores autónomos.

El nuevo mecanismo ha despertado una gran polémica y el rechazo frontal de CEOE, que acusa al Gobierno de poner «zancadillas» al empresariado al subir las cuotas «todo el raro», ante al alza de las bases mínimas en 2022 o el recargo de 28 euros que ultima Escrivá a ls compañías que den de baja a sus trabajadores temporales.

A ello se suma que los expertos consultados por Economía Digital de Fedea, Funcas o BBVA Research tildan de «insuficiente» el nuevo mecanismo al «no garantizar la viabilidad», pese a suponer un primer paso para tajar el déficit de 16.000 millones, y cuestionaron las previsiones iniciales de Escrivá de recaudar 50.000 millones entre 2023 y 2032 con la medida, mientras que lo expertos lo rebajan a una horquilla de entre 20.000 y 30.000 millones euros.

El propio ministro aseveró ayer en sede parlamentaria que el objetivo final es más de 40.000 millones, tal y como desveló tras rebajar su cálculo ya esta semana. El Ministerio estima una recaudación con la medida 42.000 millones (2,3% del PIB), eso sí, con una rentabilidad histórica del fondo del 3,5%, un asunto relevante que determinará la recaudación final.

Los puntos de la segunda parte de la reforma en 2022

Con todo, de cara a 2022 se desarrollará el segundo bloque de la reforma de pensiones, en el que se abordará la polémica adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación con el objetivo de reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo en un contexto de mayor heterogeneidad de carreras en el mercado laboral actual.

Asimismo, se procederá a al aumento de bases máximas de cotización en paralelo a un incremento de las pensiones máximas que mantenga «intacta» la contributividad del sistema, así como el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales.

Este punto ya causó hace unos meses un gran revuelo entre el colectivo con el rechazo frontal de las organizaciones de autónomos (ATA y UPTA) a la propuesta de Escrivá, que planteaba fijar una cotización progresiva en nueve años para los que más ganen y unas cuotas de entre 200 y 400 el primer año de aplicación (2023). El Gobierno busca adaptar el sistema de forma «flexible y gradual» a la realidad económica de los trabajadores autónomos y reforzando la acción protectora de la Seguridad Social sistema en este colectivo

También verá la luz la reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensione, con una nueva legislación para extender la previsión social colectiva de los trabajadores asalariados y autónomos apoyándose en la negociación colectiva, así como la mejora del tratamiento del sistema a las personas con discapacidad, con un especial foco en el reconocimiento de las situaciones que enfrentan las las personas con discapacidad intelectual.

Por último, en cumplimiento de la recomendación octava del Pacto de Toledo, está pendiente también para el segundo bloque de la reforma de pensiones la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social para modernizar y hacer más eficiente la administración de la Seguridad Social, con el compromiso adquirido el pasado julio de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. Es decir, hasta antes del Día de Reyes