Escrivá incumple los plazos para la cotización de los becarios

El ministro de la Seguridad Social había fijado un plazo de tres meses para presentar el reglamento para la cotización de alrededor de 500.000 becarios sin remuneración

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Miraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya

Alrededor de medio millón de estudiantes de toda España se encuentran pendientes de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá realice una propuesta para el reglamento de aplicación de la cotización de sus prácticas tras incumplir los plazos previstos.

Aunque el acuerdo para la primera parte de la reforma de las pensiones suscrito el pasado verano entre el Gobierno y los agentes sociales se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso, en el mismo se incluían varios puntos que quedaron pendientes de acordar, como el de la cotización de los becarios.

Concretamente, el acuerdo suscrito en el marco del diálogo social estableció que en el plazo máximo de tres meses se deberá desarrollar un reglamento que garantice que la actividad de los becarios, incluso si no es remunerada, esté incluida en la Seguridad Social, fijando un descuento del 75% en la cotización de estas prácticas.

Sin embargo, fuentes del diálogo social confirman a Economía Digital que no les ha sido trasladado texto alguno sobre este asunto, a pesar de que el plazo marcado habría vencido el pasado 5 de octubre, ni siquiera tampoco en la última reunión de este pasado lunes, 25 de octubre. De esta forma, el departamento de José Luis Escrivá habría incumplido lo fijado en el acuerdo del pasado 5 de julio, lamentan las mismas fuentes.

Cotización de prácticas no remuneradas

La cotización de los estudiantes en prácticas fue un reclamo del sector estudiantil realizado durante años. En el año 2018 el Gobierno dio luz verde a una norma que obligaba a dar de alta en el sistema a los becarios, pero no estableció el reglamento preciso para su puesta en marcha.

Conforme a los parámetros del acuerdo, fuentes sindicales explican a este medio que todos los estudiantes en prácticas deberán cotizar, tanto aquellos que realicen prácticas remuneradas, supuesto que ya está en vigor, como aquellas no remuneradas.

Fuentes gubernamentales apuntan que el Ministerio tiene preparado el texto relativo a este punto de la reforma laboral, y dicho reglamento podría llegar a suponer la inclusión de cerca de medio millón de estudiantes al régimen de cotización de la Seguridad Social, con las consecuentes contribuciones y adquisiciones de derechos de cara a futuras bajas, prestaciones por desempleo o pensión.

Se contempla, según el texto del acuerdo, «la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado«.

Mecanismo de equidad intergeneracional ‘in extremis’

Otro de los importantes flecos pendientes de la primera parte de la reforma de las pensiones que el Ministerio de Seguridad Social no ha presentado todavía es su propuesta para el mecanismo de equidad intergeneracional

Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran a Economía Digital que los tiempos se establecieron en un calendario a la vuelta del verano y nunca se habló de que se fuese a presentar el pasado lunes, 25 de octubre, por lo que “no hay ningún retraso”.

Con todo, el Gobierno dispone ya solo de apenas dos semanas, hasta el 15 de noviembre, para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma, tras haberse derogado el polémico factor de sostenibilidad del PP que no llegó a aplicarse. Este contemplaba un ajuste en las pensiones conforme a la esperanza de vida, que podría llegar al 50%, según el Gobierno actual.

A comienzos del mes de julio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, causó polémica la afirmar en una entrevista que la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (‘baby boomers’) tendrían que elegir entre “un pequeño ajuste” en la pensión o “trabajar un poco más“, ya que al ser una generación “más ancha” tienen que asumir “algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo”.

Más tarde se retractó y hasta la fecha no ha dado detalles sobre este futuro mecanismo, pero ha explicado que será “contingente y secundario”, por lo que solo implicará recorte de las pensiones si dentro de unos años “pasara algo”, a modo de mecanismo de “ajuste final” para asegurar la sostenibilidad si es preciso cuadrar las cuentas a futuro.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, sostuvo esta semana en el Congreso que el mecanismo tendrá «efectos similares» a los del factor de sostenibilidad del PP, pero sin los mismos problemas. Según Arroyo, el impacto del factor de sostenibilidad era más bien semántico que cuantitativo. El PP ha presentado esta semana sus enmiendas a la reforma de las pensiones del Gobierno y reclama la restauración de dicho factor para asegurar la sostenibilidad de las pensiones futuras.

Otros flecos pendientes: Agencia estatal

Más allá del mecanismo de equidad intergeneracional y de la cotización de los becarios, quedan más flecos pendientes aún de concreción en la mesa de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, que se volverá a reunir este próximo lunes.

Entre otros, el proyecto de Ley, en cumplimiento de la recomendación octava del Pacto de Toledo, se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. Es decir, hasta antes del Día de Reyes.

En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios. De hecho, en la última reunión del pasado lunes solo se analizó el texto de pensiones de las parejas de hecho y se ha repasado lo ya tratado.