Montero descarta bajar IRPF e IVA tras la «mayor bajada de algunos impuestos en democracia»

Ni un ápice de cesión ante la petición de bajada de impuestos del PP dada la coyuntura de alta inflación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido clara este viernes al descartar la deflactación de la tarifa del IRPF ante el alza de los precios o la posibilidad de bajar el IVA en algunos productos como exige Alberto Núñez Feijóo, toda vez que asegura que ya «el Gobierno ha hecho la mayor bajada de algunos impuestos en democracia».

La ministra se ha excusado en la adopción de medidas del plan de choque contra la guerra por importe de 16.000 millones de euros (6.000 millones en ayudas y bajadas de impuestos y 10.000 millones en avales del ICO) para rechazar que se tengan que volver a bajar impuestos, después del primer desencuentro en materia económica protagonizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Ambos dirigentes escenificaron su distancia abismal en materia económica al negarse Sánchez a las propuestas de Feijóo para el plan de choque, que pasan por bajar el IRPF temporalmente con efectos retroactivos para inyectar hasta 3.800 millones en los bolsillos de los españoles disminuyendo las retenciones de este tributo, así como bajar el IVA de la luz y el gas y el gasóleo a transportistas y agricultores, impuestos negativos a rentas bajas, más ayudas y redirigir los fondos europeos de forma que los españoles gestionen directamente 5.000 millones mediante desgravaciones.

Montero ha argumentado su rechazo a bajar impuestos en el hecho de que la inflación tiene una causa «muy clara» al deberse al alza de los precios de la energía y el gas sobre lo que el Gobierno ya está actuando, al tiempo que en el resto de países europeos no se están acometiendo rebajas fiscales, según ha dicho en su intervención en el foro ‘Wake up, Spain!», organización por ‘El Español’ e Invertia.

Además, ha defendido que hay «cierto consenso» en el Ecofin respecto a la necesidad de afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania mediante bonificaciones y ayudas, en línea con lo realizado por el Gobierno de España. Con todo, ha recordado que se ha prorrogado la bajada de impuestos de la luz en el marco del plan de choque, con un coste de 7.000 millones hasta el 30 de junio que podría alcanzar los 12.000 millones si se extiende a todo el año dicha rebaja fiscal. «El Gobierno ha hecho la mayor rebaja de algunos impuestos de la democracia», ha apostillado.

En concreto, se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. 

Pico de la inflación y descenso en el segundo semestre

De esta forma, Montero ha descartado por ahora la bajada del IRPF o del IVA a algunos productos ante la carestía de la vida al confiar en que los precios se vayan estabilizando gracias al plan de choque aprobado y «ajustado» a la situación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha señalado en una rueda de prensa en Baleares junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que la prioridad es alcanzar «cuanto antes» el pico de inflación e iniciar un descenso a partir de la segunda mitad de año.

En el Gobierno se muestran por lo tanto confiados en poder estabilizar la inflación, que el pasado mes de marzo ya alcanzó el 9,8%, su mayor tasa desde 1985, con el plan de choque y el resto de medidas de las comunidades autónomas y poder evitar que se contamine al resto de la cadena de valor, sobre todo con la medida impulsada en Europa para desacoplar el precio del gas del de la electricidad.

«Las rebajas fiscales son para cuando lo aconseja la situación«, ha recalcado como hace habitualmente Montero, criticando al PP por pensar que ello sea una «varita mágica» en la oposición pero «olvidarse» de las bajadas en el Gobierno. Ve necesario acompasar la política fiscal a la situación económica y, coincidiendo con Calviño, cree que no es el momento de bajar impuestos, máxime tras haberlos bajado ya.

En este punto ha recordado que la AIReF constata que el sado entre bajadas y subidas de impuestos del Gobienro es favorable a la disminución fiscal, aunque ha instado a que organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilen que se traslada a los precios «para que no se convierta en beneficios para las empresas».

No obstante, Montero mantiene su intención de acometer una reforma fiscal o parte de ella antes de que finalice la legislatura si las circunstancias lo permiten, y en ello se incluye la armonización de impuestos que «ya defiende el Gobierno para Europa» y a la que se opone firmemente el PP, en especial la Comunidad de Madrid. Con todo, Montero ha dejado claro que no se abordará hasta que haya consenso.

13.145 millones de fondos europeos repartidos a CCAA

La titular de Hacienda ha asegurado en su intervención que el Gobierno continúa trabajando en otras tareas más allá de la «urgencia» de dar respuesta al impacto de la guerra, y trabaja en acelerar la ejecución de los fondos europeos al ser «más imprescindibles» para afrontar con mayor capacidad de «éxito» la crisis y la situación de partida acelerando las medidas de transición energética, digitalización y cohesión social.

Tras defender la cogobernanza con otras administraciones públicas y ha avanzado que, a fecha 6 de abril, se han asignado a las comunidades autónomas 13.145 millones de euros de la totalidad de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación. Hasta la fecha se ha autorizado gasto por importe de 29.252 millones, el 25% del presupuesto de este mecanismo que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Asimismo, ha indicado que España va a solicitar en las próximas semanas el segundo desembolso de los fondos del Plan de Recuperación por importe de 12.000 millones de euros, tras haber recibido ya 19.000 millones (9.000 millones de anticipo y 10.000 millones en el primer desembolso).

Según Montero, hay «hambre empresarial» para acceder a los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación (PERTE) y sobre el registro de los PERTE (REPERTE) ha indicado que ya está regulado por orden desde que se puso en marcha el del vehículo eléctrico, de forma que cada ministerio puede remitir a Hacienda, una vez que hagan las convocatorias, la información de las empresas que se han presentado a las convocatorias. Sin concretar fecha para su publicación, ha señalado que se podrá acceder desde la web de Hacienda a este registro que se creó para los Perte.

Por otra parte, la ministra ha avanzado que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas el borrador del acuerdo de asociación 2021-2027, un documento de carácter estratégico que recoge las principales líneas de actuación de las administraciones públicas y que destina 36.700 millones de euros de la política de cohesión y del fondo de pesca (marco financiero plurianual), lo que culminará con un acuerdo en verano que permitirá la convergencia de zonas en peor situación.

Estos fondos complementarios a los del Plan de Recuperación supondrán mayores oportunidades para pymes y empresas o para sectores tan importantes como la agricultura y la pesca, ha indicado Montero, quien ha anunciado también que el Consejo Rector de Incentivos Regionales va a examinar este viernes los proyectos de reales decretos que delimitan las zonas de promoción económica.

Se concretará por tanto el mapa que define la línea de ayudas para financiar proyectos que conllevan inversión productiva, generación de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles y que tienen que contribuir al equilibrio interterritorial y al crecimiento económico inclusivo, lo que supondrá una ayuda a las regiones con peor nivel de renta o con un modelo productivo menos atractivo.

El pasado 17 de marzo la CE aprobó el marco de ayudas para el periodo 2022-2027, que sirve de guía para que las empresas puedan decidir en qué territorio asentarse, puesto que los incentivos están relacionados su intensidad con el lugar donde se ubican o crean estas inversiones. Las intensidades máximas son inversamente proporcional al nivel de renta. Ahora se aumentan los incentivos de forma global y de forma singular en aquellos lugares que hayan sufrido en los últimos años una pérdida de población superior al 10%, lo que implicará atraer actividad empresarial sobre todo a los lugares que pierden población y generar oportunidades laborales.