Las patronales de alimentación ponen a prueba a ‘Verifactu’ con su última solicitud
Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne han llevado a cabo una reclamación conjunta en lo que respecta a la ampliación del plazo del sistema 'Verifactu' hasta julio de 2027
El aplazamiento de verifactu hasta 2027 provoca frustración entre profesionales que reclaman estabilidad normativa y certidumbre
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Las principales patronales nacionales del comercio especializado en alimentación han elevado su voz ante la Agencia Tributaria para reclamar un trato diferenciado en la implantación del sistema de facturación electrónica conocido como ‘Verifactu’, de la mano de un movimiento que podría cambiar la forma en la que las pequeñas empresas tengan que actuar ante este sistema.
En total, han sido Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne las patronales que han exigido este miércoles que las microempresas y los negocios minoristas queden exentos de la obligación de aplicar este sistema, al considerar que su implantación puede poner en serio riesgo la viabilidad de miles de pequeños comercios en toda España.
Una reclamación conjunta dentro del comercio especializado para proteger a pymes y autónomas
Una petición que llega de la mano de tres organizaciones que representan a una parte esencial del tejido comercial de proximidad, especialmente vinculado a la alimentación fresca y especializada. Las patronales reconocen como un paso positivo que el Gobierno haya ampliado el plazo de adaptación al sistema ‘Verifactu’ hasta julio de 2027 para autónomos y pymes, una prórroga que ofrece cierto margen adicional frente al calendario inicial.
Sin embargo, consideran que esta ampliación es claramente insuficiente para las microempresas y los negocios minoristas, especialmente aquellos que cuentan con recursos técnicos muy limitados y estructuras empresariales reducidas. A su juicio, el retraso no soluciona los problemas de fondo que plantea la implantación del sistema para este tipo de establecimientos.
Entre los motivos argumentados por las mencionadas patronales, destaca la teoría de que el sistema ‘Verifactu’ puede tener consecuencias negativas significativas para muchos pequeños negocios. Las patronales alertan de que se incrementa la presión técnica sobre un sector especialmente vulnerable, caracterizado por una baja capacidad de adaptación informática y una elevada carga de trabajo diaria.
Atendiendo precisamente a este hecho, las patronales recuerdan que los comerciantes autónomos trabajan una media de 47 horas semanales, lo que deja escaso margen para asumir procesos de digitalización complejos. En su opinión, la exigencia de nuevos sistemas de facturación electrónica añade una sobrecarga adicional a profesionales que ya operan al límite de su capacidad.
Del ismo modo, otro de los principales obstáculos señalados por las patronales es la propia naturaleza de la venta en muchos comercios especializados, donde la facturación se realiza mediante básculas. Este modelo de venta, muy habitual en pescaderías, carnicerías y panaderías, dificulta la implantación de los requisitos técnicos del sistema ‘Verifactu’.
Además de ello, denuncias que la adaptación implicaría asumir costes elevados en nuevos ‘hardware’ y ‘software’, una inversión que muchos pequeños negocios no pueden permitirse. Estas limitaciones técnicas convierten la obligatoriedad del sistema en una barrera de entrada que amenaza directamente la continuidad de numerosos establecimientos.
Las propuestas de exención de las patronales para solventar el problema
Por todo ello, ante este escenario, las patronales no solo solicitan una exención general para microempresas y minoristas, sino que plantean criterios concretos para dejar fuera del sistema a determinados colectivos. Entre ellos, proponen eximir a los autónomos empresarios mayores de sesenta años, un grupo especialmente afectado por las dificultades de adaptación tecnológica.
También reclaman que queden fuera de la obligación las comunidades de bienes con menos de diez trabajadores y los minoristas acogidos al Régimen Especial de Recargo de Equivalencia del IVA. A su entender, estos perfiles concentran la mayor parte de los negocios con mayores dificultades para asumir el cambio normativo.
Para justificar sus peticiones, uno de los argumentos clave de Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne es que la exención tendría un impacto mínimo en la lucha contra el fraude fiscal. Las patronales recuerdan que el comercio especializado representa únicamente el 5% del total del sector, por lo que su exclusión del sistema ‘Verifactu’ apenas tendría efectos relevantes sobre la recaudación de impuestos.
Una exigencia que, si bien no ha sido ni mucho menos una sorpresa, sí pone de relieve la tensión entre los objetivos de control fiscal y la realidad del pequeño comercio. Las patronales insisten en que la digitalización no puede aplicarse de forma uniforme sin tener en cuenta las particularidades del tejido empresarial, especialmente cuando se trata de microempresas con estructuras muy limitadas.
A su juicio, liberar a estos negocios de la obligación de ‘Verifactu’ permitiría preservar un modelo de comercio de proximidad que genera empleo, cohesión social y actividad económica, sin comprometer de forma significativa los objetivos de control tributario del Estado.
La respuesta que ofrezca la Agencia Tributaria a esta demanda será clave para el futuro del pequeño comercio especializado, ya que de ella dependerá si miles de negocios deberán afrontar una adaptación tecnológica compleja o si se opta por un enfoque más flexible y adaptado a la realidad de las microempresas.
Mientras tanto, Fedepesca, Ceoppan y Cedecarne mantienen su presión institucional, convencidas de que la aplicación indiscriminada del sistema ‘Verifactu’ puede convertirse en un factor más de desaparición del comercio minorista, en un contexto ya marcado por dificultades estructurales y márgenes cada vez más ajustados.
