El PP carga contra el Gobierno por no aplicar la Ley de Cambio Climático al completo

La norma, con un año y medio de vida, por el momento no ha llevado a cabo su desarrollo legislativo pleno; según apuntan desde la oposición

El presidente junto a Teresa Ribera y Yolanda Díaz

El Gobierno de Pedro Sánchez se propuso como gran objetivo en la primera mitad de la legislatura tener lista la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así fue, y en mayo de 2021 entró en vigor. Un año y medio después, según el principal partido de la oposición, la parte climática se ha abordado, pero la realidad de la transición energética todavía no ha sido tomada en consideración

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del Partido Popular, en principio no está sobre la mesa una supuesta derogación de la ley en su conjunto o la aplicación de reformas, básicamente porque la norma ni siquiera ha entrado de pleno en funcionamiento.

En este sentido, desde el principal partido de la oposición asumen que no se está llevando a cabo la disposición final undécima, sobre la reforma del sector eléctrico, en la que el Gobierno se comprometía a una serie de cuestiones que estiman no se están desarrollando. 

Entre estas cuestiones estaban «la participación de las personas consumidoras en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente; las inversiones en la generación de energía renovable variable y flexible, así como la generación distribuida; el almacenamiento de energía; el aprovechamiento de las redes eléctricas, el uso de la flexibilidad para su gestión y los mercados locales de energía; el acceso de las personas consumidoras de energía a sus datos; y la innovación en el ámbito energético».

La ambigüedad en algunas de estas medidas es lo que ha llevado al Partido Popular a considerar que todavía le falta una aplicación efectiva a esta ley. Asimismo, las fuentes populares estiman que «la norma sacrificó aspectos fundamentales de la industria en favor de la descarbonización a toda costa y de manera acelerada«.

Además, recuerdan que «se vetó la neutralidad tecnológica, la promoción de la investigación o mejor relación coste-eficiencia de las inversiones. La ideología al final sale cara«.

Una reforma que no acaba de llegar 

En este contexto de reformas, hay otra cuestión que el Gobierno tiene parada: la reforma del sistema marginalista de fijación de precios. El Ejecutivo debería haber tenido listo el pasado 1 de octubre la reforma del mercado regulado eléctrico (PVPC), tal y como se comprometió cuando validaron en Bruselas la ‘excepción ibérica’.  

Por el momento no se conoce ningún detalle al respecto. Las empresas eléctricas no han tenido nada de información, mientras que desde el principal partido de la oposición también aseguran sentirse al margen.  

El compromiso era muy claro: «Con el objeto de reducir la volatilidad del precio voluntario para el pequeño consumidor e incrementar la protección de los consumidores acogidos a esta modalidad de contratación, el Gobierno, antes del 1 de octubre de 2022, realizará las modificaciones necesarias en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación». Eso era el 13 de mayo. Unos días después, la mayoría de actores implicados desconocen los grandes detalles.  

De hecho, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, hay cierto sentimiento de que se puede esperar cualquier cosa por parte del Ejecutivo. Esto, en gran parte, se debe al hermetismo con el que se está llevando esta reforma del mercado eléctrico.  

Así, las empresas eléctricas no han tenido constancia de cuáles serán los matices, tanto de trazo fino como grueso, que contendrá la reforma del PVPC. Tampoco se ha precisado a las compañías si dichos cambios llegarán en tiempo y forma, y cuáles serán los márgenes para poder hacer algún tipo de aportación o cambio posterior.