La prórroga de los ERTE y de la ayuda a autónomos costará casi 3.000 millones

La prórroga de los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de los autónomos hasta el 28 de febrero tendrá un coste público de 3.000 millones, lo que elevará el gasto desde el inicio de la pandemia por encima de los 41.000 millones

Rueda de prensa tras el consejo de Ministros con la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto-ley que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del 30 de septiembre hasta el 28 de febrero de 2022, junto a la extensión de la prestación por cese de actividad hasta la misma fecha, lo que comportará un gasto público de casi 3.000 millones de euros. El coste desde el inicio de la pandemia superará los 41.000 millones de euros.

Estas son las estimaciones realizadas por el Gobierno, según han trasladado a Economía Digital en fuentes del Ejecutivo, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la subida de 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta 965 euros para el último cuatrimestre del año, y se han ampliado hasta el 28 de febrero la prórroga de los ERTE y la prestación extraordinaria de los autónomos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha precisado en la rueda de prensa posterior que el coste agregado de las exoneraciones en las cuotas de los ERTE y las exoneraciones y prestaciones de los autónomos por la sexta prórroga de octubre a febrero de 2022 comportará un gasto de 1.200 millones de euros a la Seguridad Social.

Eso sí, ha apuntado que incluye elementos de “incertidumbre adicional” a las anteriores ocasiones, y que la renovación de los mecanismos no será automática, sino que las empresas deberán solicitar la prestación. Cabe tener en cuenta también que la extensión de los ERTE contempla también la vinculación a planes formativos a los trabajadores por parte de las empresa, de forma que sus exoneraciones en las cuotas sociales variarán entre el 40% si no hay formación y el 80% si se acomete.

Gasto en prestaciones: unos 1.000 millones

A los 1.200 millones de euros de coste entre las exoneraciones por los ERTE y las exoneraciones y prestaciones de los autónomos, se añade el gasto realizado por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en prestaciones, que previsiblemente también superará los 1.000 millones de euros y se podría aproximar a los 1.500 millones.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha detallado que la última nómina de agosto supuso un coste de 393 millones de euros, por lo que dada la progresiva salida de trabajadores en ERTE y habida cuenta de que permanecen unos 246.000 trabajadores bajo este mecanismos y unos 220.000 autónomos acogidos al cese, es previsible que el gasto en estos cinco meses sea de unos 1.000 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan a Economía Digital que el gasto que tenga que acometer el SEPE en prestaciones por la prórroga dependerá del número de personas que se acojan a los mecanismos de protección.

El gasto total desde el inicio de la pandemia supera los 41.000 millones

Con todo, el gasto total de la nueva prórroga de cinco meses de los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos se aproximará a los casi 3.000 millones de euros, según confirman fuentes de Moncloa.

A mediados de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisó que entre 2020 y lo transcurrido del ejercicio 2021 el gasto público en ERTE había sido de casi 30.000 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones. Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas.

Así, l coste realizado por el Ministerio de la Seguridad Social desde el inicio de la pandemia hasta septiembre entre las exoneraciones de cuotas por los ERTE y las exoneraciones y prestaciones de autónomos, más incapacidad temporal alcanza los 21.000 millones de euros. El gasto desembolsado por el Ministerio de Trabajo en prestaciones es de unos 17.000 millones de euros.

Si a los 38.000 millones gastados hasta la fecha se le suman los 3.000 millones previstos para la prórroga el gasto total destinado por el Gobierno a los ERTE y prestaciones por cese podría superar al término de la que previsiblemente será la última prórroga, hasta el 28 de febrero, los 41.000 millones de euros. Según estimaciones realizadas por Economía Digital oscilaría cerca de 43.700 millones.

El Gobierno ligará los ERTE a la formación en la reforma laboral

Más allá de las nuevas condiciones para acogerse a la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero, el Gobierno ha avanzado que el nuevo mecanismo de flexibilidad laboral de carácter permanente irá ligado a la formación en el marco de la reforma laboral que ultima el Ejecutivo con los agentes sociales para su aprobación antes de final de año.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha confirmado que se va a incorporar la formación como fórmula de mecanismo de flexibilidad interno, de forma que el nuevo mecanismo estructural estará ligado al componente de las acciones formativas por parte de las empresas que se incluye ya en esta prórroga.

Así las cosas, el Ejecutivo incluirá el nuevo mecanismo de flexibilidad en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el marco de la reforma laboral que ultima en el diálogo social, aunque todavía está por decidirse la financiación del mecanismo, incluido en el componente 23 del Plan de Recuperación en el que se planteaba un fondo tripartito.

Escrivá ha confirmado que se contemplarán dos modalidades de ERTE; que pasarán por los ERTE estructurales para situaciones específicas en cada nivel de empresa o sectores y los ERTE cíclicos para situaciones más sistémicas en la economía.

De cualquier forma, lo que es seguro es que la condición de la formación por la que las empresas podrán beneficiarse de exoneraciones en las cuotas a cambio de formar y recualificar a sus trabajadores será un elemento que figurará en el mecanismo y será “reforzado”.

Además, se trabajará en incentivos a las empresas que transiten de un ERTE a una empresa que no lo está y esté dispuesta a contratar a un trabajador. El objetivo es evitar los despidos masivos y los ajustes de plantilla mediante la flexibilidad interna.