El recorte de los beneficios de las eléctricas será temporal

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha garantizado los votos suficientes para sacar adelante en el Congreso el decreto sobre el mercado eléctrico con el que busca paliar la escalada de precios en la factura de la luz. Eso sí, la búsqueda de apoyos ha obligado a introducir algunas modificaciones de última hora que aliviará en parte su impacto sobre las compañías eléctricas.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido ante el resto de grupos a que la decisión de recortar los beneficios extraordinarios de las comercializadoras tendrá un «marcado carácter temporal», por lo que solo estará justificada mientras se extienda la crisis energética derivada de los altos precios del gas en el mercado internacional.

La otra clave en las modificaciones pasa por sacar de la ecuación a las pequeñas comercializadoras, que no sufrirán el impacto económico con la nueva reforma. «Es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios», ha explicado en el Congreso durante la presentación del decreto.

La dirigente socialista se ha garantizado así la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que en la víspera ya había advertido sobre las flaquezas del proyecto y había urgido al Gobierno a retocarlo si quería obtener su apoyo. Sin embargo, la decisión también le coloca en el punto de mira de Unidas Podemos, que ha cuestionado las reuniones de Ribera con las eléctricas y ha exigido que los recortes de los beneficios fueran permanentes.

La vicepresidenta ha anunciado además que la reforma irá acompañada de una serie de medidas adicionales para proteger a los consumidores domésticos y a la industria, aunque no las ha detallado. Espera que el decreto permita reducir en lo que queda de año los cargos adicionales de la factura hasta un 97%.

Además del hachazo a los beneficios de las eléctricas, el proyecto recoge otra serie de estrategias como la extensión de la rebaja fiscal, los cambios en las revisiones automáticas de las tarifas, la creación del Suministro Mínimo Vital o la actualización de la Ley de Aguas para impedir que las comercializadoras puedan vaciar sus embalses en épocas de crisis energética.

«Se trata de medidas con impacto directo en la factura eléctrica y de gas en los consumidores finales», ha puntualizado la vicepresidenta.

El Gobierno de España urge a Bruselas a dar una respuesta común a la crisis

Más allá del decreto, la intervención de la vicepresidenta ha servido también para mandar un mensaje a las instituciones comunitarias para que aborden una respuesta común. La Comisión Europea ha avalado algunas de las propuestas realizadas por España, aunque las ha dejado todas en el saco de las medidas para estudiar a medio plazo. Ninguna es inminente.

Ribera ha vuelto a insistir en la fórmula que han trasladado ya a Bruselas. El Gobierno aspira a que se reforme la normativa actual que rige el mercado interior de la electricidad, a que se limite la participación de los operadores en los derechos de emisión de CO2, así como a la creación de una reserva estratégica de gas en el viejo continente para centralizar las compras.

«Estamos convencidos de que hay que seguir trabajando», ha subrayado la titular de Transición Ecológica, después de que la Comisión Europea haya dejado para más adelante todas sus iniciativas.