Yolanda Díaz admite que la subida del SMI de 2019 frenó la creación de empleo

Niega que el informe hable de "destrucción de empleo" y avanza una reforma "sustancial" del contrato temporal: limitará su duración a un año

Yolanda Díaz, Ministra de trabajo y economía social.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y economía social.

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El Ministerio de Trabajo avanzó la semana pasada que el Gobierno mantiene su intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, al permanecer congelado desde enero, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantó que el Ejecutivo anunciaría si finalmente aprueba la subida o no en los próximos días, una vez que el comité de expertos designado para definir la estructura salarial hasta 2023 concluya su dictamen.

El alza del SMI fue motivo de discrepancias en el seno de Gobierno a finales del año pasado, entre los partidarios de acometer su subida, como el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Yolanda Díaz, frente a la postura de la vicepresidenta Nadia Calviño, favorable a aplazar la decisión, al igual que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuyo posicionamiento finalmente se impuso, en línea con el rechazo frontal de los empresarios.

Este mismo martes el Banco de España ha publicado un informe en el que concluye que la subida del 22% del SMI en 2019, hasta 900 euros mensuales, restó entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales a la creación de empleo ese año, con especial incidencia entre los jóvenes y los mayores de 45 años. Ello supone entre 80.000 y 180.000 puestos de trabajo menos.

«El Banco de España no haba de destrucción de empleo»

Tras la publicación del informe, el foco estaba puesto en Yolanda Díaz, quien busca aprobar la subida del SMI especialmente para beneficiar a los colectivos más afectados por la crisis, como las mujeres y los niños, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha querido subrayar que el informe del organismo supervisor «en ninguna de sus páginas» habla de destrucción de empleo.

De hecho, ha mostrado su satisfacción porque el equipo técnico del Banco de España coincide con el Ministerio de Trabajo en estimar que el impacto del alza del SMI en la población asalariada fue de entorno al 10%, con entre 1 y 1,5 millones de trabajadores fuera de convenio beneficiados por el alza del SMI.

Además, ha hecho hincapié en que «por primera vez» el Banco de España señala que además de las razones de empleo, el SMI tiene otro tipo de impacto, como la «equidad», la igualdad factores que no son competentes del informe pero sí «muy relevantes para la vida de la gente».

Así, Díaz ha insistido en que el organismo hace un análisis «no global» del SMI y sostiene que en 2019 creció «más que nunca» el empleo en España, liderando en Europa, con 400.000 nuevos empleos, si bien ha admitido que, con forme al informe», pudiéramos dejar de crear el -0,0003% de empleo». Es decir, el repunte del SMI en 2019 no habría provocado una destrucción de puestos de trabajo al uso, pero sí provocó que se dejara de crear un número determinado de empleos.

La equidad y otros elementos

En cualquier caso, la vicepresidenta ha subrayado la importancia de que el Banco de España hable de la posible repercusión de la subida del SMI en términos de «equidad» y otros elementos. En su artículo, el organismo señala que «pueden existir argumentos de equidad y mejora en el nivel de vida de algunos trabajadores, que son relevantes a la hora de determinar el nivel del SMI y que no son objeto de análisis de este trabajo».

Para la institución, es “evidente” que las decisiones de subida del SMI deben reposar en un estudio detallado de muchas otras consideraciones“, y “dada la compleja naturaleza poliédrica”, la decisión de subir, o no, el SMI no puede circunscribirse al impacto de este instrumento en un solo factor.

Por ello, cree que para tomar una decisión se debería ponderar adecuadamente los resultados potencialmente positivos y negativos en las diferentes dimensiones y las consecuencias favorables y desfavorables para los diferentes colectivos. Debería analizarse factores como el impacto en precios y márgenes empresariales, pagos extra-salariales u otros atributos del puesto de trabajo como la formación o la flexibilidad horaria.

Por ejemplo, añade que en el caso de haber agentes beneficios y perjudicados por una medida de este tipo (la subida, o no, del SMI), “sería conveniente analizar la importancia de los cambios en la renta de los diferentes colectivos, así como el impacto de estos cambios en variables agregadas relevantes, como el consumo, la inversión y el ahorro“. Asimismo, apunta que podrían existir argumentos de mejora en la equidad que podrían compensar el incremento de desempleo involuntario que podría derivarse del aumento del SMI.

Reforma «sustancial» del contrato temporal: se limitará a un año

Por otra parte, Díaz ha avanzado una “reforma de fondo, de calado”, para reducir el uso excesivo de los contratos temporales y que será “clarísima” porque obligará a las empresas a justificar las causas por las que se acude a este tipo de modalidad contractual. 

Tal y como figura en uno de los últimos borradores que manejan los agentes sociales de cara a la modernización de las relaciones laborales, al que ha tenido acceso Economía Digital, el Gobierno pretende limitar la duración del contrato temporal por causas productivas a seis meses o un plazo máximo de un año si lo determina el convenio sectorial. 

Además, se obligaría a las compañías a tener que justificar por escrito las causas, las circunstancias y la duración del contrato temporal, al tiempo que el despido disciplinario de un trabajador temporal con contrato fraudulento será nulo y podría conllevar la obligatoriedad a la empresa de hacer indefinido al trabajador. Es decir, que se pondrá fina la despido gratis en las compañías que hagan un uso abusivo de los contratos temporales.

Tal y como adelantó ‘La Información’, se obligará a hacer fijos a los trabajadores interinos una vez transcurran dos años sin que se produzca la reincorporación del empleado sustituido.  

La vicepresidenta ha indicado que la vocación del Gobierno es cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea que ponían el foco en España en el “mal endémico” que se llama “precariead y temporalidad”. 

“El principio fundamental va a ser la estabilidad, solo se va a acudir a la modalidad de la. temporalidad cuando exista causa que lo justifique” porque “hay un uso y abuso de ciertas modalidades contractuales”, como los contratos por obra y servicio, a pesar de que una sentencia “contundente” del Supremo cambia de criterio y aduce razones de abuso y fraudes masivos, ha recordado. 

Para abordar este “problema eterno”, de una temporalidad laboral del 26% en España, frente al 35% de antes de 2007, y que “no es una maldición divina, sino que tiene sus razones», ha indicado que se abordará con una reforma “de calado” que los agentes sociales se están tomando “muy en serio”. 

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