ACS, Acciona, Ferrovial, OHLA y FCC miran con lupa la guerra en Irán: los sobrecostes en las carreteras alcanzan el 30%
El encarecimiento de la energía y los materiales devuelve al sector constructor a un escenario similar al de la crisis inflacionista de 2022
Montaje realizado por Economía Digital.
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La guerra en Irán ha vuelto a encender las alarmas entre las grandes constructoras españolas. Empresas como ACS, Acciona, Ferrovial y OHLA, con una importante cartera de contratos de obra pública, siguen de cerca la evolución del conflicto y su impacto sobre los mercados energéticos, después de que el precio de la energía y de materias primas estratégicas para la construcción haya vuelto a dispararse.
El resultado ya empieza a trasladarse a las infraestructuras: las obras de rehabilitación de carreteras soportan sobrecostes de hasta el 30%, mientras el conjunto de las actuaciones viarias registra incrementos medios del 15%.
El escenario recuerda al vivido entre 2021 y 2023, cuando la pandemia y la guerra de Ucrania desencadenaron una espiral inflacionista que obligó al Gobierno a aprobar un mecanismo extraordinario de revisión de precios para evitar que numerosas obras públicas quedaran paralizadas. Ahora, el sector advierte de que vuelve a enfrentarse a una situación muy similar.
Según los datos de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), entre enero y mayo de 2026 los materiales bituminosos y la energía acumulan un incremento del 47%.
En apenas cinco meses, ambos componentes han registrado una subida equivalente a la experimentada durante los dos años de mayor inflación derivados de la pandemia y del conflicto en Ucrania.
El encarecimiento no se limita a estos productos. El aluminio ha aumentado un 14% y el acero corrugado, uno de los materiales más utilizados en la construcción de infraestructuras, se ha revalorizado un 21%, impulsado por el incremento de los costes de producción y transporte.
Todo ello está elevando el presupuesto de las obras públicas adjudicadas en los últimos meses y presionando especialmente aquellas que siguen ejecutándose con precios pactados antes del estallido de la crisis energética.
Las carreteras son, con diferencia, las infraestructuras más afectadas. Las estimaciones realizadas a partir de los índices del Instituto Valenciano de la Edificación sitúan el sobrecoste medio en el 15%, aunque en las obras de rehabilitación de firmes la desviación alcanza entre el 25% y el 30%.
Se trata de actuaciones especialmente sensibles porque concentran un elevado consumo de energía y de materiales bituminosos, precisamente los productos que más se han encarecido desde el inicio del conflicto.
Además, muchas de estas obras tienen una duración reducida y quedan fuera de los mecanismos ordinarios de revisión de precios previstos en la contratación pública.
Esto implica que las constructoras deben asumir buena parte del incremento de costes, pese a tratarse de una circunstancia extraordinaria e imprevisible, lo que reduce considerablemente la rentabilidad de numerosos contratos.
El impacto también alcanza a otras grandes infraestructuras. Las obras ferroviarias presentan un incremento medio del 4%, aunque los trabajos de montaje de vía alcanzan el 11% y las plataformas ferroviarias el 9%.
En el ámbito portuario, determinadas actuaciones como explanadas, rellenos y muelles de gravedad soportan desviaciones del 17%, mientras que las pistas aeroportuarias registran aumentos de entre el 15% y el 16%. Incluso las obras hidráulicas experimentan un incremento cercano al 5%.
La preocupación del sector se agrava porque muchos contratos todavía arrastran el impacto de la anterior crisis inflacionista. En algunas obras adjudicadas antes de 2021, los sobrecostes acumulados ya oscilan entre el 27% y el 55% respecto al precio de adjudicación.
Sin embargo, el mecanismo extraordinario aprobado por el Gobierno en 2022 limitó la compensación pública al 20%, obligando a las empresas a absorber una parte significativa de esos incrementos.
ACS, Ferrovial y las demás, a buscar soluciones
La patronal sostiene que el alza de los precios responde a un nuevo episodio geopolítico de carácter excepcional y solicita al Ejecutivo que reactive la revisión extraordinaria de precios para garantizar el equilibrio económico de los contratos públicos en ejecución y evitar que el incremento de costes comprometa la viabilidad de futuras inversiones.
Aunque las negociaciones internacionales iniciadas en junio han contribuido a moderar parcialmente la tensión en los mercados, el precio del petróleo Brent continúa muy por encima de los niveles previos al conflicto y mantiene la presión sobre toda la cadena de suministro de la construcción.
Mientras persista esa incertidumbre, las grandes constructoras seguirán mirando de cerca la evolución de Oriente Medio, conscientes de que cualquier nuevo repunte energético puede volver a alterar los costes de algunas de las principales infraestructuras que se ejecutan actualmente en España.
