El caso del apagón cuestiona el papel de la Sepi en Redeia, advierten los abogados de Hay Derecho
Los abogados analizan la idoneidad técnica de los consejeros nombrados por la Sepi en las compañías privadas en las que participa, en particular Redeia..
Edificio de la SEPI en Madrid
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El caso del apagón sucedido el 28 de abril de 2025 en España pone de relieve la necesidad de que se analice con profundidad la idoneidad de los consejeros nombrados por la Sepi en las compañías en las que participa, como Redeia.
La Fundación Hay Derecho, en su informe El Dedómetro – Edición SEPI, consultado por este diario, analiza los nombramientos de consejeros en representación de la Sepi en empresas privadas donde cuenta con participación, entre ellas Redeia.
En el caso de la compañía presidida por Beatriz Corredor, los abogados de Hay Derecho advierten que no es una empresa «cotizada ordinaria, sino el operador del sistema eléctrico español, responsable de garantizar el equilibrio entre generación y demanda y de gestionar la red de transporte de alta tensión».
El nombramiento de Arancha González Laya como consejera de Redeia «parece más bien un premio o compensación»
Tras episodios como el apagón del pasado año, «la cuestión de la idoneidad técnica de quienes ocupan su presidencia adquiere una dimensión que trasciende la lógica ordinaria de los nombramientos empresariales y se proyecta directamente sobre la seguridad energética y el interés general», subraya el informe.
La posición de Redeia como operador del sistema «no puede entenderse en términos meramente empresariales», señala. Cuando, además, existe una participación pública relevante como la que ostenta la Sepi «la calidad institucional de los órganos de gobierno, la profesionalidad y la cualificación técnica en la toma de decisiones y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas adquieren una dimensión que trasciende el ámbito societario».
La participación pública en Redeia implica «la asunción de responsabilidad sobre la gestión de riesgos sistémicos cuya materialización, como demuestra el caso analizado, tiene efectos de especial gravedad».
Nombramientos Sepi en Redeia
El análisis de los abogados destaca «la fuerte heterogeneidad» de los perfiles seleccionados por la Sepi a lo largo del tiempo como representantes en el consejo de administración de Redeia, en una compañía «cuya materia exige, por definición, una combinación de competencia técnica, regulatoria y capacidad de supervisión estratégica«.
El informe destaca perfiles que sí parecen construidos para Redeia, el de Esther María Rituerto Martínez (actual) y Antonio Gómez Expósito (2018–2021), «con trayectorias estrechamente conectadas con la propia Redeia/sector eléctrico y con responsabilidades de dirección y control en organizaciones complejas».
En un nivel medio-alto, se sitúan también Mercedes Real Rodrigálvarez (actual directora de participadas de la SEPI), «por su sólida trayectoria en
gestión financiera y experiencia en consejos», y Fernando Fernández Méndez de Andes (2012– 2018), «cuyo perfil económico y de gestión le otorga una puntuación elevada».
En un segundo plano aparecen perfiles como los de María Teresa Costa Campi y Ricardo García Herrera que muestran perfiles con credenciales académicas y experiencia regulatoria o directiva, «pero con menor experiencia en el ámbito de la entidad».
En la parte inferior, se sitúan los perfiles de Alfredo Parra García-Moliner (2012–2014) y José Ángel Partearroyo Martín (2014–2017), ambos con trayectorias principalmente jurídicas y vinculadas a la propia SEPI. Aunque sus perfiles aportan experiencia en asesoramiento jurídico, cumplimiento y gestión corporativa, «no presentan experiencia directa en el ámbito de la gestión ni en el de la energía«.
Santiago Lanzuela Marina (2014–2018), expresidente de Aragón y ex diputado, cuyo perfil responde «de manera más clara a una lógica político que técnico sectorial, lo que explica su posición comparativamente baja en el indicador».
Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, nombrada consejera de Redeia el pasado año cuenta con una trayectoria internacional relevante en instituciones multilaterales y en el ámbito de la política comercial, «pero sin experiencia sectorial identificable en energía o infraestructuras eléctricas y sin experiencia previa en otros consejos de administración, por lo que su incorporación parece más bien una especie de premio o compensación«.
Su incorporación al Consejo ilustra como «incluso en una compañía con responsabilidades sistémicas sobre el suministro eléctrico, la representación del accionista público puede responder en ocasiones a criterios por completo ajenos al objeto social de la empresa«.
El informe analiza también los presidentes nombrados por Sepi en la compañía.
Luis Atienza (2004–2012), con una trayectoria política previa como ministro y posteriormente vinculado al sector energético, aparece en la zona baja del indicador; José Folgado (2012–2018), economista y exsecretario de Estado, se sitúa en una posición intermedia-baja; mientras que Jordi Sevilla (2018–2020) (en la parte más alta de la gráfica) y Beatriz Corredor (desde 2020) (en la parte más baja) «muestran perfiles predominantemente políticos o institucionales«.
La Fundación Hay Derecho concluye que la aparición de problemas significativos en algunas de las compañías participadas por la Sepi, incluyendo la detención del que fuera vicepresidente del organismo, «pone de relieve la necesidad de un análisis que trascienda la coyuntura política y se centre en la gobernanza de estas entidades, en particular en los procesos de designación de los consejeros dominicales».
Escasa representación de mujeres
«El Dedómetro – Edición SEPI» evidencia la escasa representación de mujeres designadas por la Sepi en los consejos de administración de las empresas en las que participa.
El informe centra su análisis sobre las cotizadas Ebro Foods, Enagás, Indra, Redeia, Telefónica, IAG, Talgo y Endesa, además de Epicom e Hispasat.
De los 35 consejeros dominicales estudiados entre 2004 y 2026, solo 7 son mujeres, lo que representa un 20% del total. Este porcentaje queda muy por debajo del umbral del 40% recomendado para garantizar una presencia equilibrada en los consejos de administración de las empresas cotizadas.
El documento también subraya la importancia de los vínculos políticos en los nombramientos. Según el análisis, una parte significativa de los consejeros ha ocupado cargos públicos o posiciones dentro de partidos políticos inmediatamente antes de su designación.
Esta dinámica se repite con los cambios de Gobierno, lo que sugiere que estos puestos responden, en muchos casos, a criterios de confianza política más que a procesos de selección basados en el mérito profesional.
Además, el informe cuestiona la independencia real de algunos consejeros calificados formalmente como independientes. En el consejo de administración de la cotizada Ebro Foods se han sentado Marc Murtra, actual presidente de Telefónica; y Meritxell Batet, exministra del PSOE y expresidenta del Congreso.
Formalmente se les califica como «independientes», pero su candidatura fue propuesta por la SEPI y poseen trayectorias políticas previas muy marcadas, lo que genera dudas sobre su independencia, advierte el informe.
