La banca descarta recurrir el impuesto y confía en las enmiendas de los grupos en las Cortes
El sector financiero descarta un recurso de inconstitucionalidad e impugnar en los tribunales, confían en rebajar el impuesto con las enmiendas
El presidente del Banco Sabadell, Unicaja, Caixabank y BBVA en una reunión con Nadia Calviño. EFE/Fernando Villar
El Gobierno ya ha iniciado la tramitación de la proposición de ley con la que pretende aprobar un nuevo impuesto para la banca y las energéticas. Lo hizo este martes en el Congreso, apenas dos meses después de que el presidente, Pedro Sánchez, lo anunciara dentro de su plan de medidas para combatir la inflación y la crisis de precios.
El impuesto ha sido rechazado por completo en el sector financiero, que desde el primer día advirtió que estudiarían las medidas que podrían emprender para que no se aplicara o se aminorara. La consejera delegada de Bankinter fue de las primeras en pronunciarse públicamente, “buscaremos resquicios legales para no tener que pagar”, aseguraba.
Le siguieron el resto de banqueros (Santander, Caixabank, Santander, Sabadell… ) e incluso las patronales, AEB y CECA, que tras su reunión con Nadia Calviño para tratar el asunto dejaron bastante claro que, si el derecho les asistía, podrían llegar a los tribunales. Desde entonces ha habido mucha incertidumbre sobre cuál sería la respuesta del sector para evitar la aplicación del nuevo tributo.
Sobre todo, desde que se hicieron públicos los detalles del mismo cuando los grupos parlamentarios registraron la Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados y se conoció que se excluirá del nuevo gravamen a aquellos bancos que no alcanzaron los 800 millones de euros entre margen de intereses y comisiones en 2019.
La banca había pedido precisamente que el nuevo tributo fuera neutral y no se definiera un método de cálculo que favoreciera o perjudicara a unas entidades frente a otras. Y esto es lo que esperan conseguir ahora, durante el periodo de enmiendas.
Según fuentes financieras, está descartado un recurso de inconstitucionalidad, que debería presentar un grupo parlamentario de al menos 50 diputados. Y también impugnar en los tribunales, nunca han sido una opción prioritaria.
Los principales damnificados por el nuevo impuesto aprovecharán estos 15 días que le concede la ley para presentar todas las enmiendas posibles. Y lo harán principalmente las patronales, tanto las del sector financiero (AEB y CECA) como las energéticas, además de las propias empresas.
El objetivo, dicen estas fuentes, es que no sea tan gravoso, que se rebaje el impuesto y sea lo menos lesivo posible. Las patronales llevan semanas trabajando en ello y confían en que a través de esta fórmula lo consigan.
En la proposición de Ley, el Gobierno asegura que el peso del nuevo tributo es insignificante respecto al tamaño de estas entidades. También así lo han defendido este martes en el Congreso. Según sus cálculos, los 3.000 millones que esperan recaudar en dos años, apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades españolas.
Pero la banca considera que el impuesto es injusto, porque aplica solo a algunos, y desproporcionado (gravará el 4,8% del margen de intereses y comisiones) y es aquí donde se centrarán en estas enmiendas principalmente.
Aunque según han adelantado algunos grupos políticos en el Congreso, se espera que estas enmiendas también sirvan para aclarar algunas cuestiones como, por qué se dice que gravará los “beneficios extraordinarios”, cuando realmente se hará sobre los ingresos; o cómo va a afecta esta medida en la competitividad de las empresas y la seguridad jurídica.
Asimismo, numerosos partidos han pedido al Gobierno que, antes de que se convierta en Ley, se aclarare cómo se va a controlar que los bancos no trasladan el impuesto a sus clientes si hay una autoridad superior, la EBA, que sí les permite hacerlo.
