El coste de inhabilitar Holaluz: sus clientes pagarían hasta 38 millones más en la factura anual
En caso de inhabilitación, sus cerca de 140.000 clientes pasarían al mercado regulado pagando más cara la luz
La directora ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi
Holaluz vuelve a vivir días de incertidumbre tras el proceso iniciado por el Gobierno para su posible inhabilitación, situación que puede golpear también a sus clientes. Los clientes de la compañía liderada por Carlota Pi podrían verse obligados a pasar a la tarifa regulada y acabar pagando más cara su factura de la luz con una subida en conjunto de hasta 38 millones de euros.
La compañía catalana sigue proporcionando suministro y atención a sus clientes mientras envía las alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen, que tiene hasta tres meses para resolver el recurso.
De no aceptar los argumentos de Holaluz, la compañía quedará inhabilitada en su actividad como comercializadora de electricidad, afectando directamente a sus clientes.
La legislación contempla que los 139.111 consumidores que tienen su tarifa de luz contratada con la compañía —según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)— se traspasarían a una de las comercializadoras de referencia.
Estas son Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y TotalEnergies, empresas que les asignarían la tarifa regulada denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Un sobrecoste anual de hasta 274 euros por cada cliente
Un análisis realizado por la consultora Roams al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL calcula que un cliente con la tarifa fija online de Holaluz, la más barata, pagaría 273,84 euros más al año si fuera traspasado al PVPC.
Si todos sus clientes tuvieran contratada la misma tarifa, el sobrecoste agregado ascendería a unos 38 millones de euros en la factura eléctrica anual.
Según los cálculos de Roams, el PVPC supone actualmente una factura media de 80,23 euros al mes para un hogar con un consumo de 290 kilovatios hora (kWh) mensuales y una potencia contratada de 3,45 kW.
Esa cantidad supera el coste medio de varias de las principales modalidades del mercado libre y de las que ofrece Holaluz. El caso más desfavorable corresponde a aquellos con la tarifa fija online con un precio de 0,153 euros por kilovatio hora.
Estos clientes pagan actualmente una factura aproximada de 57,41 euros al mes, según los cálculos de la consultora. Pagarían 22,82 euros más al mes y los 273,84 euros anuales más mencionados, un 40% más.
Aquellos que tienen contratada la tarifa con discriminación horaria DH3 asumirían un incremento de unos 18,3 euros mensuales y de 219,6 euros anuales.
No obstante, los clientes con la tarifa fija estándar apenas notarían diferencias e incluso podrían ahorrar alrededor de un euro al año.
Holaluz, pendiente del Gobierno
El posible traslado masivo de clientes llega en un momento especialmente delicado para Holaluz. El Ministerio para la Transición Ecológica inició recientemente el procedimiento para retirarle la habilitación como comercializadora eléctrica tras detectar incumplimientos relacionados con las garantías económicas exigidas para operar.
La compañía dispone todavía de margen para presentar alegaciones, por lo que la decisión definitiva aún no está tomada. Sin embargo, el expediente ha situado a la empresa en una posición comprometida después de varios ejercicios marcados por pérdidas, tensiones financieras y una reducción progresiva de su negocio.
La actuación forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para depurar el registro de comercializadoras eléctricas. En las últimas semanas, ha impulsado la inhabilitación de varias decenas de empresas sin actividad o que no cumplían los requisitos económicos necesarios para seguir operando.
El el objetivo de reforzar la solvencia del sector y evitar que permanezcan inscritas compañías sin capacidad real para garantizar el suministro, así como para evitar que los impagos sigan elevándose.
Recientemente, el regulador hizo saltar las alarmas en un informe donde cifraba en casi 300 millones el agujero que las comercializadoras han dejado en el sistema hasta la fecha, la mayor parte por impagos de peajes a las distribuidoras eléctricas.
Carlota Pi defiende la viabilidad del proyecto y apunta a los poderosos
Desde Holaluz rechazan que la compañía esté al borde del colapso. En una entrevista concedida al diario ABC, la cofundadora y presidenta ejecutiva, Carlota Pi, aseguró que la empresa atraviesa un momento de transformación y defendió que dispone de un plan para recuperar la rentabilidad.
La empresaria catalana apunta a «un grupo de poder energético» con ganas de acabar con Holaluz. Declaraciones que se dan, tras conocerse que la compañía adeuda varios millones en peajes eléctricos a las distribuidoras, entre las que se encuentran Endesa, Iberdrola y Naturgy, según adelantó Cinco Días.
En cualquier caso, Holaluz está trabajando para normalizar su situación financiera y niega que el expediente abierto por el Gobierno implique necesariamente el fin de la comercializadora.
Además, Pi asegura mantener la confianza de sus accionistas y continúa centrada en desarrollar su modelo basado en la generación distribuida y el autoconsumo. Mientras tanto, la incertidumbre permanece tanto para la empresa como para sus clientes.
Un comentario en “El coste de inhabilitar Holaluz: sus clientes pagarían hasta 38 millones más en la factura anual”
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Están perdiendo clientes a marchas forzadas…y ya desde hace años. Antes de la cifra aportada en este articulo eran mas de 200.000. Cuantos menos clientes, perderán menos. Vender por debajo de precios de mercado o sin poder atender los pagos a distribuidores es inadmisible. Alguien tiene que parar la huida hacia adelante de cientos de comercializadoras, mas de 400, bastantes con un solo cliente, que deben inhabilitar sí o sí , y poner orden en el mercado. Otra cuestion son los productores de fotovoltaica con un futuro para algunos …con la oferta desbordada detras de precios cero o negativos , sacando produccion de la red, y con mas que problemas para atender la deuda bancaria de las inversiones realizadas.