El informe concursal valora a Cacaolat en casi 76 millones

La evaluación oficial es un elemento clave para que avance la venta de la empresa catalana, sometida a control judicial y con problemas de liquidez

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El proceso de venta de Cacacaolat, la marca catalana de batidos en concurso de acreedores, tiene ya sobre la mesa uno de los elementos claves para su venta: el informe de los administradores judiciales. Los expertos nombrados por el juez Javier Fernández: Joan Antoni Borrás, de Roca i Junyent; Jorge Lledías, de Deloitte, y José Vicente Estrada, en representación de Tetra Pak, valoran la marca Cacaolat en 75,66 millones de euros, según fuentes judicales.

El informe indica con claridad que la sociedad de batidos ha sufrido una gran pérdida de liquidez causada por sus aportaciones a la matriz Clesa cuando ambas estaban bajo el control de Nueva Rumasa. Al mismo tiempo indican que la situación económica de la compañía catalana no tiene causas operativas, o lo que es lo mismo, que Cacaolat es viable, tal como avanzaron los mismos administradores al inicio del proceso legal.

Nombres sonoros

Con la valoración se avanza un paso más en el proceso de venta que debería asegurar el futuro de Cacaolat. Por el momento hay diversos grupos que aspiran a hacerse con la compañía. Entre ellos uno que tendría vinculaciones con antiguos directivos de Clesa, la matriz, según informó Economía Digital. Pero también hay nombres sonoros que han mostrado al juez su intención de comprar Cacaolat son: Central Lechera Asturiana; Cobega, envasadora de Coca-Cola; Leche Pascual y Vichy Catalán, la única sociedad que se ha comprometido a aportar 3 millones de euros para aliviar la comprometida situación de liquidez de la empresa catalana, que actualmente tiene en marcha un ERE temporal.

La Generalitat , al quite

Las gestiones para salvar Cacaolat cuentan con la complicidad de la Generalitat de Catalunya que, de una manera que ha sorprendido a propios y extraños, ha implicado en el proceso. Así, ante la posibilidad de que el asunto judicial pasase a unificarse con el de Clesa, el gobierno catalán estuvo presente en la reunión convocada por el juez para ratificar que mantenía su potestad sobre el tema. Además, consta que desde la Generalitat se intenta que la sociedad, de gran arraigo en Catalunya,  mantenga sus señas de identidad después de la venta.

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