EY ya advirtió antes de la pandemia que Celsa ocultaba pérdidas de al menos 400 millones

Celsa se juega desde hace meses su futuro en las oficinas de la SEPI. Con unos ingresos de más de 4.000 millones de euros, el gigante de la siderurgia vio como el coronavirus segaba parte de su negocio y sus acreedores amenazan con ejecutar los 2.700 millones de deuda que arrastra. El rescate público se dilata: el organismo público analiza las llamadas de atención de EY ya antes del estallido de la pandemia. La auditora alerta de unas pérdidas por declarar de 400 millones.

Uno de los principales requisitos de la SEPI para acceder al dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es que la compañía apoyada fuera viable antes de la Covid-19. La organización de la familia Rubiralta pidió más de 350 millones, pero no ha hecho públicos sus resultados en los últimos años. Sin embargo, el auditor de sus cuentas avisó en repetidas ocasiones que sus activos están hinchados, por lo que deberían deteriorarse y traducirse en números rojos.

La compañía no presentó las cuentas consolidadas ante el Registro Mercantil, por lo que es complicado poner una cifra exacta al agujero. EY habla de cientos de desajustes de cientos de millones en varias de las filiales ya sea por inversiones fallidas o por impuestos diferidos que deberían eliminarse de los balances.

No es la primera vez que la firma con sede en Londres advierte de los equívocos, a su juicio, en las cuentas. La mayoría de las alertas se repiten desde hace años, pero Celsa no corrigió las salvedades incluidas en el análisis de auditoría se mantienen ejercicio tras ejercicio. Corregirlas supondría admitir pérdidas de varios cientos de millones.

Una de las más abultadas se produce en la sociedad Barna Steel. La firma concedió varios créditos a otra de las filiales del grupo, Celsa Atlantic, que EY cree que no recuperará jamás. «El valor contable de los citados préstamos debería deteriorarse en 124 millones de euros. La misma advertencia realiza a la sociedad Nervacero que tiene 144 millones invertidos en la misma filial.

Los impuestos diferidos deberían deteriorarse en al menos 200 millones de euros, que pasarían a pérdidas

Siguiendo el hilo. En Celsa Atlantic se deberían deteriorar impuestos diferidos por otros 66,4 millones de euros «siguiendo un principio de prudencia». Lo mismo debería hacerse en la sociedad Compañía Española de Laminación con otros 108,8 millones de euros y en Nervacero con 44,2 millones más. Además, también tendría que recortar los activos en 11 millones de euros por la inversión de la fábrica de productos largos de Laracha (La Coruña).

Según EY, la siderúrgica también debería reducir sus activos a costa de incrementar el patrimonio neto, una práctica de la compañía para reducir el pago de impuestos. En la suma de filiales, el activo debería recortarse en alrededor de 180 millones mientras que el patrimonio debería sumar 140 millones.

La defensa de Celsa

Consultado por Economía Digital, un portavoz de la empresa declinó hacer comentarios. Sin embargo, recordó los argumentos utilizados cuando se le preguntó en anteriores ocasiones para justificar su proceder. “No se ha considerado necesario deteriorar las inversiones, cuyo valor varía con el tiempo”, explicaba en 2019. La diferencia radica en la poca confianza que EY tiene en la recuperación de las cantidades invertidas frente al optimismo del grupo catalán.

La confianza vuelve a ser clave, según Celsa, para defender la gestión de los impuestos diferidos. “En un futuro se podrá reducir la carga fiscal, pero el auditor, por prudencia, observa que las modificaciones legislativas recientes podrían dilatar el aprovechamiento de dichos créditos fiscales”, responde el portavoz de la compañía. Es la contestación ante las dudas del auditor sobre la viabilidad sostenida del conglomerado.

Celsa pidió 75 millones en un crédito avalado por el ICO durante la primera ola de la pandemia

Además, la compañía asegura que tiene las garantías necesarias para hacer frente a las necesidades del día a día gracias al préstamo de 75 millones avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Queda por ver como afrontará el pago de la deuda pendiente firmada con la banca en 2017 y hoy en manos de fondos de inversión. La refinanciación rebajaba los pagos a 1.425 millones de euros hasta 2022 y aparcaba los 1.248 millones restantes hasta el año 2023, cuando se deberán abonar íntegramente en una sola transacción.

Sin embargo, los hedge funds y la empresa viven un enfrentamiento judicial debido a que los acreedores quieren ejecutar el pasivo. Mientras, la banca mira desde la barrera el devenir de los acontecimientos antes de sentarse a negociar por su tramo del pasivo.