Del Falcon de Sánchez a contratos de Defensa: el litigio por los impagos a renovables se recrudece
Los inversores afectados intensifican las acciones judiciales ante la negativa del Gobierno a cumplir con el pago de los laudos vinculantes que instan a pagar las indemnizaciones pertinentes.
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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Del avión Falcon utilizado por Pedro Sánchez en viajes oficiales a contratos de Defensa. Las empresas afectadas por los impagos de las energías renovables han intensificado las actuaciones judiciales y están estrechando el cerco sobre España.
Los inversores afectados -compañías que acometieron inversiones millonarias en el país y sufrieron los efectos de los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy– han recurrido a la Justicia ante la negativa del Ejecutivo a cumplir con el pago de los laudos vinculantes que instan a pagar las indemnizaciones pertinentes para resarcir el daño causado.
Los representantes legales han concretado que las medidas desplegadas forman parte de una primera fase dentro de una estrategia más amplia.
Resoluciones favorables tras los impagos de las energías renovables
En el país norteamericano, los tribunales federales han reconocido siete resoluciones favorables a los inversores afectados, con obligaciones de pago cercanas a los 688 millones de euros.
Entre las actuaciones judiciales emprendidas en Estados Unidos destacan las nuevas órdenes de discovery dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades a España.
Por su parte, los requerimientos judiciales alcanzan infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, desde la Reserva Federal norteamericana (FED) hasta el sistema de pago SWIFT.
De esta manera, las empresas afectadas pretenden acceder a información relativa a cuentas, depósitos, transferencias y flujos financieros procesados a través del sistema bancario estadounidense con el objetivo de facilitar futuros procedimientos de embargo, localización de activos o intervención de pagos internacionales vinculados a España.
Contratos de defensa, en peligro
Los acreedores están analizando actuaciones judiciales relacionadas con el contrato de defensa firmado por España con Raytheon para la compra de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares. Fuentes jurídicas vinculadas al proceso explican que los equipos legales están estudiando cómo intervenir pagos adelantados, garantías o transferencias financieras vinculadas a la operación.
El acuerdo de compra, además, prevé la participación de empresas españolas de defensa como Sener dentro de la cadena internacional de suministro del programa.
El avión Falcon, en el punto de mira
El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding y principal representante legal de los inversores afectados, advierte que la negativa de España a ejecutar los laudos internacionales está obligando a desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de activos.
En este sentido, ha señalado que han recibido autorización para reclamar información financiera y contractual vinculada a España, por lo que activos utilizados por instituciones del país para desplazamientos oficiales en territorio norteamericano podrían verse afectados.
Un claro ejemplo es el avión oficial Falcon, empleado habitualmente por el Gobierno de España y la Casa Real. Según el abogado, la presencia de la aeronave en territorio estadounidense podría abrir la puerta a solicitudes judiciales de embargo o inmovilización cautelar por parte de los acreedores.
Los acreedores también han iniciado actuaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, entre las que figuran requerimientos judiciales dirigidos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo.
Embargos a España
Más allá de Estados Unidos, Bélgica ha embargado cerca de 840 millones de euros a España por el impago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas renovables.
El dinero incautado afecta a los pagos que recibe mensualmente el país por parte de Eurocontrol, en concepto de gestión de tráfico aéreo.
Ante la situación, España ha propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, pero aún no ha accedido a pagar directamente a los inversores. De esta manera, el país se propone lograr el levantamiento de los embargos y evitar que se sigan acumulando nuevos importes bloqueados.
Por su parte, la Corte de La Haya ha autorizado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que será subastado próximamente. Situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad, es un edificio histórico de cuatro alturas que, según estimaciones de mercado, está valorado en torno a 10 millones de euros.
Con todo, España acumula en conjunto 27 laudos perdidos y, según las estimaciones de los acreedores, la deuda acumulada derivada de los procedimientos supera los 2.310 millones de euros, incluyendo el importe, los intereses y las costas judiciales.
